La Ley de Transparencia anunciada por el Gobierno del PP hace poco menos de un año sigue quemando etapas a paso lento, pese a que, durante sus últimas comparecencias relativas al “caso Bárcenas”, distintos cargos del PP como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el propio Mariano Rajoy han realizado alusiones a un texto que está en periodo de consultas, algo que mantiene a España como “el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública”, según denuncia en un comunicado Access Info Europe, cofundadora del Proyecto tuderechoasaber.es.

En el debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar los días 20 y 21 de febrero, el presidente del Gobierno retomó al argumento de que se aplicarán los criterios de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, sindicatos y patronal. No obstante, esto deja abierta la incógnita sobre si la Ley incluirá a los partidos, apuntan desde Access Info Europe, ya que no es lo mismo aplicar unos criterios que introducir la norma de forma vinculante. "No hay claridad en este asunto", contesta a DIAGONAL, Victoria Anderica, del equipo legal de Access Info Europe, que establece la diferencia entre el pacto de Estado sobre corrupción: “Es evidente que una ley de Transparencia difícilmente puede destapar una contabilidad B pero también lo es que la transparencia es el primer paso para intentar acabar con la corrupción”, explica Victoria Anderica que un “buen derecho de acceso a la información”, del que carece el Estado español, “tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción ya que toda la información en manos de las instituciones públicas puede ser solicitada”.

Sin embargo, Victoria Anderica, cree que ése no es el caso de la Ley que se prepara estos días. Entre los puntos que Access Info Europe critica del borrador presentado por el Gobierno está el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; la no inclusión de la Casa Real, la ambigüedad respecto a la inclusión de partidos, sindicatos y patronal demostrada por Rajoy, pero también que en determinadas instituciones como el Congreso, al Poder judicial, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social y en las instituciones autonómicas análogas, solo estén sujetas a la norma en las funciones sujetas al Derecho Administrativo, y queden fuera las funciones relativas al poder legislativo, con lo cual hay partes del proceso de transparencia que quedan viciadas desde su inicio. "Pedimos coherencia, que todo sea más sencillo, que a priori toda la información sea pública a menos que haya un interés legítimo que deba ser protegido", apunta Anderica, quien ha explicado que "el hecho de que existan tantas legislaciones específicas", en distintas instituciones, va en menoscabo "del derecho a la información".

La propia definición de información es inaceptable, para esta plataforma, que denuncia que esto abre la vía a dificultades de acceso y a que se excluya información complementaria importante para garantizar el derecho a la información, tales como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas. Otros puntos marcados en rojo por tuderechoasaber.es es que la norma propone el silencio administrativo negativo, es decir, que "si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud", algo que en la actualidad afecta al 50% de las solicitudes de información. Por último, se critica que el organismo del que dependerá la supervisión de la ley no es independiente, ya que está previsto que forme parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Amnistía Internacional parte de la Coalición Pro Acceso, publica una valoración del profesor de Derecho Constitucional de la UCM, Manuel Sánchez de Diego. “Si se aprueba este proyecto de Ley tal y como está, tendremos una ley de transparencia desfasada para los estándares europeos y que no podrá ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”. "Necesitamos una ley que permita monitorizar y fiscalizar la toma de decisiones desde el primer momento", concluye Victoria Anderica, "no una ley que solo sirve para tapar los huecos de otras".