Cuando producir una energía
es peligroso para la
ciudadanía, los fallos y
accidentes de las centrales
se ocultan. Es lo que ha ocurrido
con las fugas de la planta atómica
de Ascó I. Y más cuando al acecho
está el poderoso lobby en pro de la
radiactividad. El Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha vuelto a demostrar
que está más interesado en
no entorpecer los negocios de las
empresas eléctricas que en velar
por la seguridad de los ciudadanos,
en teoría, su razón de ser. Endesa e
Iberdrola, propietarias de Ascó, conocían
la fuga antes que el CSN y
no le avisaron, eso al menos denuncia
éste. Pero la institución pública
ha vuelto a tardar en informar al
público. Poco importa preguntarse
qué hubiera ocurrido si Greenpeace
no lo advierte. ¿Hubiera alertado
el Consejo? Veamos su actuación
en algunos casos anteriores.

COFRENTES (2001)

En marzo de 2001, Iberdrola logró,
para la central de Cofrentes
(Valencia), una nueva prórroga de
explotación del Ministerio de
Economía por diez años y aumentó
la potencia de su reactor, previo
informe favorable del CSN.
Para conseguir un mayor rendimiento
se realizaron algunas modificaciones
del diseño original de
la central que requirieron introducir
combustible de uranio de mayor
potencia energética, lo que
también conllevó una serie de cambios
en los sistemas de control y de
refrigeración de emergencia. Para
todo ello deben actualizarse las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
(ETF), algo así como
las normas básicas para un correcto
manejo de la central. El CSN obvió
la realización de una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA)
que debería haber exigido, como
órgano con competencias ambientales
en el tema nuclear que es. En
el proceso, durante la parada y las
pruebas de arranque, la planta atómica
sufrió un número de sucesos
consecutivos sin precedentes.

Nueve de estos fueron notificados
al CSN de manera reglamentaria,
pero en realidad hubo otros tres
sucesos importantes más que no
se notificaron. Uno de ellos fue detectado
por el cuerpo de la Inspección
Residente (IR), funcionarios
del CSN que viven en los complejos
nucleares para realizar labores
de control de las plantas. Pues
bien, por hacer bien su trabajo, estos
funcionarios primero fueron reprendidos
por los directivos de la
central de los que tuvieron que soportar
una fuerte bronca, y después,
y esto es todavía más grave,
por los máximos responsables del
CSN, dirigido entonces por María
Teresa Estevan Bolea, reconocida
pro nuclear.

ALMARAZ (2003)

En el verano de 2003, los técnicos
de la central nuclear de
Almaraz (Cáceres) detectaron
un grave fallo en uno de los dos
generadores diesel de emergencia,
esto es, en los motores que,
en caso de apagón, producirían
electricidad para hacer funcionar
todos los sistemas de seguridad
de la instalación. La planta
pidió al CSN funcionar durante
un mes con un solo generador
diesel de emergencia y sustituir
el otro, averiado, por cinco minigeneradores
portátiles para no
perder ni un solo día de producción.

Dicho así, podría pensarse
que no es un caso muy grave, pero
para los técnicos, incluido los del
propio CSN, ha sido uno de los
ejemplos más claros de connivencia
entre el CSN y la industria nuclear.
Pero el Consejo aceptó la petición
de dejar funcionar a la central
ese tiempo con generadores
portátiles, un caso sin precedentes
en la industria nuclear mundial.

Vandellós II (2004)

Las nueve centrales
nucleares españolas,
en conjunto, han reducido
a menos de la
mitad sus gastos de
seguridad en los últimos
cuatro años. El
caso de corrosión
generalizada en el reactor
Vandellós II (Tarragona),
concretamente,
en el vital sistema de
refrigeración, es otro
ejemplo del “tiempo de
rebajas” que vive la
seguridad nuclear en
España. El CSN permitió
a Vandellós II funcionar
con “un aumento
del riesgo”, según
reconoció en el Congreso
la presidenta Estevan
Bolea, entre agosto
de 2004 (en que el
CSN conoció el problema)
y marzo de 2005
(en que la central paró
para cambiar el combustible),
sin parar en
ningún momento, pese
al riesgo evidente de
que la central fuese
incapaz de hacer frente
a determinados accidentes
graves que
podrían dar lugar a
emisiones de importantes
cantidades de
radiactividad al medio
ambiente. Este suceso,
que fue clasificado
como de nivel 2 en la
escala internacional de
sucesos nucleares,
ocupa el segundo
puesto en la lista de
accidentes nucleares
en centrales españolas,
tan sólo superado
por el de la vecina Vandellós
I en 1989.