Erase una vez los risk free assets. “Activos sin riesgo”, el mundillo de los inversores (que adora hablar en inglés) definía así hasta 2010 los bonos del tesoro de los países europeos. Es que tras la crisis financiera estallada en 2008 los Estados parecían el bastión contra los excesos de las finanzas: a pesar de los elogios del mercado que se oían a diestro y siniestro, tras el comienzo de la crisis los gobiernos europeos habían decidido nacionalizar sus bancos quebrados. La deuda privada surgida como consecuencia de una burbuja en el precio de los activos inmobiliarios y financieros se transfería hacia la deuda soberana gracias al rescate público de las entidades financieras y a las medidas de respuesta a la debilidad económica.

Pero rescate tras rescate alguien ha empezado a hacerse una pregunta: ¿Quién rescata a los Estados rescatadores? Pronto se hizo evidente que el enorme agujero causado por la burbuja financiera no podía cargarse entero sobre los hombros de las arcas publicas sin que peligrara la capacidad de los Estados de pagar sus deudas. Entonces los inversores descubrieron que “los activos sin riesgo” se habían transformado en “activos de alto riesgo”, al tiempo que las tres poderosas agencias de calificación crediticia (las mismas que no habían sido capaces de comprender la inminente quiebra del banco Lehman Brothers en 2008) se embarcaban en una ola de degradaciones de la deuda gubernamental en toda Europa.

El origen de la crisis de la deuda europea puede buscarse en Grecia o en Irlanda, pero la percepción desde el comienzo ha sido que el problema de la deuda lo compartía toda la eurozona, y que esto condujo a la posibilidad constante de que la zona euro quebrara. El problema es la estructura de la zona euro, concebida sólo como una unión monetaria. Es decir, que cada Estado ha podido hacer sus políticas, salvar sus bancos, aumentar su deuda. Pero cuando la situación ha empeorado no ha podido utilizar políticas monetarias, como la devaluación de la moneda, para poner un parche a la crisis.

Si cada Estado emite su propia deuda en su propia moneda, cuando la deuda es insostenible puede imprimir moneda, teniendo al fin y al cabo el poder de controlar su deuda a través de la devaluación (aunque con efectos colaterales como la inflación). Un Estado que controla su política monetaria puede financiar, además, políticas de estímulo a una economía en crisis, como hizo EE UU después del estallido de la burbuja financiera.

Los países de la Eurozona no pueden. El poder de decisión sobre la política monetaria reside en la Eurotorre de Frankfurt, el cuartel general del Banco Central Europeo (BCE). Y el BCE se localizó en Alemania justo para seguir con la tradición del Bundesbank: garantizar la estabilidad de la moneda, o sea limitar la inflación.

La inflación es un fantasma bien presente en la historia alemana. Pero la rigidez de Berlin sobre este tema ha creado una paradoja: en la Europa de la crisis hay situaciones económicas muy diferentes (de Grecia a Alemania) y una sola política monetaria basada en la economía más fuerte. El indicador que refleja esta desigualdad es el spread, el diferencial entre la deuda alemana y la de los otros países. La temida prima de riesgo.

Este índice para expertos se volvió de repente a lo largo de 2011 una presencia concreta en la vida de millones de europeos. El spread medía la valía de un Gobierno para convencer a los mercados; el spread exprimía un juicio sobre una reforma; el spread pedía liberalizaciones más radicales. En fin, los mercados y su especulación sobre la deuda soberana han empezado a llevar la voz cantante. No eran los votantes quienes decidían la linea política de un Gobierno, sino los inversores.

Así, en Grecia y en Italia el ataque de la especulación ha llevado a la formación de Ejecutivos tecnócratas. A cambio de ayudas la Unión Europea (y su brazo operativo compuesto por la Comision Europea, el BCE y el Fondo Monetario Internacional: la Troika) ha empezado a pedir más ajustes. Una austeridad que alimenta un circulo vicioso que produce más deudas. Y que, por supuesto, lleva más gente a la calle, para reafirmar que no se puede pagar con los recortes sociales una crisis causada por el excesos de los bancos y de las altas finanzas.