ANÁLISIS: LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO CENTRAL ANTE EL FINAL DE LA LUCHA ARMADA EN EL PAÍS VASCO
Quién no quiere pasar página

El autor analiza por qué las instituciones mantienen la teoría del entorno, a pesar de los pasos dados para la resolución del conflicto.

Texto de Iñaki Barcena Hinojal / Activista de Ekologistak Martxan y profesor de Ciencia Política (UPV-EHU)

26/10/10 · 11:04
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ALTA VELOCIDAD. Las acciones anti TAV han continuado a pesar de la represión. Foto: Ekinklik.

Aprincipios de septiembre,
ETA volvió a anunciar un
alto el fuego. El cuarto
desde las negociaciones
de Argel de 1988-89. Como en el
cuento, son muchos los que creen
que el pastor está intentando reírse
una vez más de la gente, asustando
con un lobo que no llegará. Sin embargo
en la sociedad vasca somos
más los que preferimos pensar
que ahora la cosa va más en serio
que nunca. Son también muchos
los que prefieren imaginar que el
conflicto vasco (de baja intensidad
armada en los últimos diez años)
seguirá abierto y dará buenos réditos
a sus políticas y a sus negocios.

Que el contencioso vasco se juegue
tan sólo en la arena de la política,
sin violencia armada, como desde
hace años viene reclamando
Batasuna, siguiendo la estela de una
gran parte del arco político y social
vasco, no parece interesar a los partidos
e instituciones que se han servido
de la actividad de ETA para,
entre otras cosas, dejar fuera del juego
representativo a cerca del 15%
del electorado vasco. Los últimos
procesos electorales han demostrado
que la cuasi desaparición institucional
de la izquierda abertzale histórica,
ha pasado, a pesar del cabreo,
sin pena ni gloria. Otros han
ocupado su lugar y la obvia deslegitimación
no ha supuesto ninguna
crisis institucional grave.

La respuesta del centralismo a
este conflicto de baja intensidad ha
sido y es el llamado “dominio y poder
duro”. Con más presos y exiliados
que nunca, con el propio Otegi
y la mayor parte de la dirección política
de Batasuna en la cárcel, gobernantes
y voceros insisten en que
no existen presos políticos. Y no se
sonrojan.

El Gobierno central sabe muy
bien que existe un cambio de plano
y de perspectiva de la izquierda
abertzale para lograr el espacio social
y político perdido en la calles y,
sobre todo, en las instituciones.
Quizás por eso haya especial interés
en demostrar que ETA sigue
actuando. Es preciso detener a personas
relacionadas con EKIN o
Askapena para reforzar la tesis de
que todo es ETA y buscar disensiones
internas que hagan posible la
aparición de un sector que quiera
seguir adelante con las armas.

Esta estrategia divisoria les parece
hoy más acertada que aspirar a
hacerse la foto del fin del conflicto
armado en Euskal Herria, como hizo
Blair en Irlanda. Y la pregunta
que nos viene a la cabeza es: ¿quién
sería el máximo beneficiado de una
escisión en ETA que quisiera seguir
activando la violencia política?
En diciembre del 2008 cuando
ETA atentó en Azkoitia, contra
Iñazio Uria, empresario ligado a la
construcción (o mejor destrucción)
del Tren de Alta Velocidad, la respuesta
del ecologismo vasco fue
contundente. “Nos desmarcamos
de esos métodos y de esas formas
de lucha”. Se podrá decir que el ecologismo
vasco es muy radical, pero
lo es por ir a la raíz de los problemas.

Muchas han sido las campañas
y las luchas organizadas por
este movimiento social en el suelo
vasco en la última década, pero la
acción pública no violenta ha sido
su sello, a pesar de la represión, las
multas, las detenciones y la criminalización.
Durante los años siguientes
al comienzo de las obras
de la Y vasca cerca de Gasteiz en
octubre del 2008, el movimiento
anti-TAV ha sido tratado por los
medios de comunicación oficiales
y por las instituciones como la pantalla
de ETA. Y sus activistas llevados
a la Audiencia Nacional por
pintar en un tranvía o desobedecer
a la policía autonómica sentándose
en un paso de cebra. Al Estado le
interesa una ETA residual.

Decía el incomprendido Maquiavelo
que el poder se compone de
potestas (capacidad de represión) y autoritas (legitimación pública).
Una buena combinación de ambas
hace poderosos a los Gobiernos,
pero una sin la otra no funcionan
bien. En nuestra tierra, hace mucho
que ETA dejo de pensar que podría
vencer al Gobierno español manu
militari. Este último se enroca
continuamente en la vía policial para
acabar con el terrorismo, pero saben
que tras 50 años de existencia,
el fin de ETA lo decidirá ETA y no
Gobierno alguno. Sin embargo, al
centralismo parece interesarle sobremanera
mantener un conflicto
vasco armado “de baja intensidad”.

Mientras tanto a la sociedad civil vasca
le interesa pasar página y llevar el
contencioso al terreno de la disputa
política exclusivamente. Y de paso
además poder discutir el contenido
de las políticas sociales, ambientales
o fiscales y no sólo del marco institucional
en que se deciden.

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