Las explicaciones sobre el
golpe de Estado son numerosas:
desde que se trata de
un experimento estadounidense
para probar la reacción internacional
frente a este tipo de sucesos,
desde que se trata de un segundo
golpe a Hugo Chávez pretendiendo
desarmar la influencia de la
Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA) en Centroamérica, hasta
la no menos interesante tesis de
que el Gobierno de Manuel Zelaya
estaba a punto de conceder a Petróleos
de Venezuela (PDVSA) el contrato
de explotación de los yacimientos
petroleros de Honduras en el mar
Caribe. Ninguna de esas teorías
deben descartarse, pero no explican,
por sí mismas, la amplia, popular,
pluralista y multitudinaria resistencia
al golpe de Estado.

El golpe de Estado vino a demostrar
la existencia de grupos económicos
poderosos enriquecidos al amparo
del Estado y en el contexto de
medidas, programas y leyes de corte
neoliberal, que por un lado desprecian
el rol del Estado y por otro insisten
en gozar de sus contratas de servicios
y compras de bienes. Ninguno
de los nombres de individuos y grupos
inversores con demostrada participación
en el golpe eran conocidos
antes de 1990, cuando se implementó
el reajuste estructural a la economía
que dio paso a la apertura comercial
y a la política neoliberal del
país. Estos grupos empresariales están
ligados a la venta de energía térmica
y a los subsidios al combustible,
ya que el Estado prefiere comprar
electricidad a proveedores privados
que gestionar directamente la
producción de Honduras, para lo que
el país posee condiciones más que
suficientes. Otros son grupos económicos
vinculados a inversiones en
franquicias de comidas rápidas, alquiler
de galpones y maquinarias para
maquiladoras textiles, que funcionan
con excepciones especiales de
impuestos sobre importaciones de
bienes y ganancias en virtud de leyes
para impulsar el turismo y la atracción
de inversión extranjera en maquilas.
Son grupos que impulsaron y
aprovecharon la privatización de importantes
prestaciones de servicios
en la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), en la Empresa
Nacional Portuaria (ENP), en el
Registro Nacional de las Personas
(ERP) y Aeropuertos. En fin, grupos
económicos, propietarios de medios
de comunicación, que desde hace
años vienen siendo cuestionados por
la población en general.

Es a estos grupos a los que se enfrentó
el Gobierno de Manuel Zelaya
Rosales. Muchas de las medidas que
intentó no podrían calificarse de revolucionarias
o de izquierda propiamente
dichas. Zelaya nunca se manifestó
en contra del sistema capitalista
y neoliberal, siempre criticó, en foros
nacionales e internacionales, a lo
que denominaba “capitalismo voraz”,
al abuso de que era objeto el
pueblo hondureño por parte de inversionistas
salvajes y lo injusto que
le parecían los tratados de libre comercio
que privilegian a las mercancías
antes que al ser humano. Estas
medidas y declaraciones públicas no
cambiaban la estructura económica
del país, pero sí afectaban a las grandes
corporaciones surgidas en el
contexto neoliberal: cambios en las
fórmulas de licitación en la compra
de derivados del petróleo, medicamentos
y servicios al sistema de salud
pública, acercamiento al ALBA
para buscar financiación y apoyo a la
agricultura campesina, fortalecimiento
de la ENEE y la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones
(HONDUTEL) en vez de privatizarlas,
intentos por construir un aeropuerto
sin tener en cuenta a la empresa
que ya gestiona los aeropuertos
internacionales del país, decretar
un salario mínimo en concordancia
con el costo de la alimentación para
los trabajadores, abrir la inscripción
al seguro social para las trabajadoras
domesticas, etc. Todas medidas de
corte liberal, justas, pero opuestas a
los intereses de los principales grupos
económicos que solo miran al
Estado como el cumplidor y vigilante
de sus propios intereses en perjuicio
de las grandes mayorías sociales.

Estos grupos son los que a finales
de junio deciden o prefieren dar un
golpe de Estado antes de que esas
medidas se convirtieran en leyes y
disposiciones que no pudieran cambiarse
o revertirse, especialmente si
se convertían en disposiciones constitucionales
mediante una probable
asamblea constituyente, para lo cual
era necesaria una consulta popular.

Esto no descarta las demás tesis
sobre el golpe, pues es evidente que
en la medida que los ‘empresarios’
hondureños, buscaron apoyo, asesoría
y financiamiento para su golpe,
se fueron encontrando con aliados
internacionales, ultraderechistas de
Estados Unidos y Venezuela, antiguos
militares nacionales y extranjeros
violadores de derechos humanos
y terroristas que añoraban los tiempos
en que actuaban impunemente
contra quienes no aceptaban sus posicionamientos
ideológicos fascistas.
El golpe es de fabricación nacional,
pero con grandes apoyos internacionales
desde diferentes sectores que
gustosamente colaboran para desquitarse,
en buena parte, de sus propias
frustraciones y derrotas en Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua
y El Salvador.

Por ello no debe extrañar la resistencia
popular del pueblo hondureño,
ya con más de 55 días diciendo,
diariamente, “no al golpe de Estado”
y en franca desobediencia civil. El
propio gobierno de Manuel Zelaya
como el golpe de Estado mismo, ha
significado una incomparable escuela
política. Es el resumen de muchos
años de silenciosa labor de sensibilización
sobre la injusticia social a que
nos ha sometido el neoliberalismo,
de conformación de organizaciones
y articulaciones sociales, de luchas
contra la corrupción y por la defensa
de los recursos naturales. Por lo mismo,
mucho menos es de extrañar
que en las demandas del Frente
Nacional de Resistencia contra el
golpe se vaya más allá de la simple
restitución del presidente legítimamente
electo, aunque sea un símbolo
de lucha, y se aspire a que se concrete
en una nueva constitución para el
país. Nunca como hoy, el pueblo
hondureño, el ciudadano de a pie como
gusta llamársele, se había pronunciado
con tanta propiedad y rigor
político con relación a la
Constitución, a categorías políticas
como oligarquía, burguesías, poderes
fácticos y desobediencia civil.