VIVIENDA // EL MOVIMIENTO 15M SE HA CONVERTIDO EN REFUGIO DE LAS PERSONAS AHOGADAS POR SU ALQUILER
¿Quién defiende a los inquilinos?

A diferencia de otros Estados como Alemania, Francia, Argentina o Venezuela, en España las organizaciones de inquilinos son prácticamente inexistentes.

04/10/12 · 0:00

- Un nicho para los activos tóxicos

Alejandra Palacio y Akram Faqr nunca habían tenido problemas con el alquiler de su vivienda en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo que comparten con su hijo, de diez años. Pero hace ocho meses, Akram, repartidor de listines de Páginas Amarillas, se quedó sin empleo y todo comenzó a ponerse cuesta arriba. Los 420 euros de subsidio pronto fueron insuficientes para cubrir la totalidad del alquiler. El propietario del piso, un particular, denunció los impagos y el juzgado cursó una orden de desahucio para el 11 de septiembre. Desesperada, la pareja acudió a la asamblea del 15M de su barrio, que con el apoyo de la Asamblea de Vivienda de Madrid y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) organizó ese día una exitosa acción de bloqueo. Tras la presión, el arrendador accedió a condonar los casi 5.000 euros de deuda de la familia a cambio de que el inmueble quedase vacío en 15 días. “Hemos solicitado un piso de emergencia social al Instituto de la Vivienda de Madrid, pero suelen tardar meses en responder; si no queremos quedarnos en la calle no nos queda otro remedio que okupar, cosa que haremos gracias a la ayuda de la Asamblea de Vivienda”, indicó Palacio. Según este espacio unitario que surge del Movimiento 15M, “la indefensión de esta familia pone de manifiesto el proceso de precarización de la figura del inquilino y nos recuerda que al aparato judicial no le tiembla el pulso a la hora de expulsar de su casa a cualquier familia sin importar si cuenta o no con una alternativa de vivienda”.

Este proceso, que la recesión económica y la nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no hace sino agudizar, está arrojando a la exclusión a un número creciente de familias, que además se topan con unos servicios sociales de emergencia colapsados. Ante esta situación, los arrendatarios en riesgo de desalojo han encontrado en las asambleas del 15M un excelente aliado, cuando no una auténtica tabla de salvación. Desde su eclosión, el 15M ha paralizado decenas de desahucios por impago de alquiler público (a entidades de la Administración) y privados (a empresas o particulares). Del mismo modo, aunque casi siempre de manera mucho más discreta, ha ayudado a numerosos hogares a okupar viviendas vacías y en desuso.

Mirándose en el espejo de la PAH, en el seno del movimiento han surgido en los últimos meses iniciativas que promueven la autoorganización de los arrendatarios, como la Asamblea de Inquilinos de Lavapiés o las neonatas Inquilinas Indignadas de Malasaña, ambas en Madrid. Pero, a diferencia de lugares como Alemania, Francia, Venezuela o Argentina, donde existen movimientos de inquilinos consolidados, ninguna de ellas ha conseguido cuajar. Tras un prometedor acto de constitución celebrado en diciembre, en el que participaron decenas de personas, las reuniones de la Asamblea de Lavapiés desfallecieron hasta desaparecer. Hoy la asamblea se reduce a una lista de correo de apoyo mutuo.

¿Por qué no consiguen asentarse las organizaciones de inquilinos en España? En opinión de Vicente Pérez, urbanista de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y portavoz de la PAH, porque la “figura del inquilino sigue siendo marginal: la proporción de viviendas de alquiler en España es del 15%, frente al 57% en Alemania o el 44% en Francia. Además –continúa–, la mayoría de los inquilinos piensa que su situación es temporal y que en un futuro será propietario. Y si tienen un problema con el casero, hasta ahora recurrían a asociaciones de consumidores, asociaciones vecinales o a la propia Administración”. A diferencia de la actual coyuntura, donde la nueva reforma de la LAU apenas ha generado protestas en la calle, Pérez recuerda las multitudinarias asambleas vecinales y las movilizaciones que se opusieron a la reforma de 1994. “Aunque al final se llevó a cabo, las asociaciones vecinales trabajamos mucho ante la finalización de la renta antigua, sobre todo en los distritos del centro, donde el porcentaje de personas mayores en esta situación era más elevado”.

Una de las escasas iniciativas de autoorganización de arrendatarios que perdura en el tiempo es la Liga de Inquilinos La Corriente de Sevilla. “Cuando nacimos, hace ocho años, se apuntaron casi 200 personas. Había mucho acoso contra gente mayor y los propietarios cometían todo tipo de abusos”, relata Miguel Macías, uno de sus representantes. “Pero –continúa– cuando la gente va arreglando sus problemas se larga y muy pocos continúan movilizándose”. Ubicado en el Centro Vecinal Pumarejo, hoy el grupo apenas llega a la docena de personas, y se encuentra “completamente desbordado” ante el aluvión de familias en apuros que recurre a su asesoría. La Liga cada vez se asemeja más a una de las 50 PAH que hay en el Estado y que conforman uno de los puntales en la lucha por el alquiler social universal. De hecho, una de las principales reivindicaciones de las plataformas, que aparece incluida en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para la que actualmente recogen firmas, es que las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias sean usadas para alquileres sociales con objeto de que ninguna familia se quede sin techo.

La Vivienda como eje de la crisis social

24.792 lanzamientos en el primer trimestre de 2012

Barcelona encabeza el ranking de ejecuciones hipotecarias por provincias incluido en el informe Efectos de la crisis en los organismos judiciales, presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante el primer trimestre de 2012 se produjeron 3.020 lanzamientos en Barcelona, 2.356 en Madrid y 2.085 en Valencia. En el total del Estado se produjeron 24.792 ejecuciones, un 14% más que en el último trimestre de 2011. A esta cifra hay que sumar procedimientos similares que terminan en desahucio, como los embargos
— que el CGPJ ha dejado de incluir en sus informes trimestrales— y los procedimientos monitorios. Según estimaciones de la PAH recogidas en eldiario.es, en 2012 se producirán aproximadamente 180.000 desahucios.

Sprint final para lograr la dación en pago

El 31 de octubre termina el plazo de recogida de firmas para promover una ILP por la paralización de los desahucios, el alquiler social, y la dación en pago por el valor de la deuda, esto es, para conseguir que la entrega de las llaves del domicilio sea suficiente para saldar el crédito hipotecario con la entidad financiera con la que se estableció el crédito, modelo que ya funciona en otros países de nuestro entorno. Hasta el momento, los impulsores de la recogida de firmas no han obtenido las necesarias, 500.000, para llevar al Parlamento esta iniciativa, por lo que los días 6 y 7 de octubre las PAH han organizado recogidas de firmas en varias ciudades del Estado español, a imagen y semejanza de la consulta del agua realizada en Madrid en marzo de este año.

También es posible firmar a favor de la dación en pago en una web específica para la campaña: quenotehipotequenlavida.org, pero esta modalidad sólo es accesible para quienes posean DNI electrónico.

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