Fuera del debate queda la subida del tipo impositivo
de las Sociedades de Inversión de Capital Variable,
que actualmente se sitúa en el 1%, la persecución del
fraude y la regulación de los paraísos fiscales.

Desde que Pedro Solbes descansa en
los cuarteles de invierno muchos dirigentes
del PSOE han sacado de paseo
el discurso sobre la conveniencia
de un aumento de los impuestos a las
grandes fortunas. Las más comedidas,
las vicepresidentas Teresa Fernández
de la Vega y Elena Salgado,
han sido las encargadas de poner el
cascabel a la reforma fiscal. La primera
anunciaba que ésta será “moderada,
prudente y limitada en el
tiempo”. Por su parte, la ministra de
Economía explicó que, si el Gobierno
pudiera bajar los impuestos lo haría,
“como hemos hecho desde que
gobernamos”. Posteriormente, en el
pleno del Congreso sobre las consecuencias
de la crisis, Rodríguez
Zapatero expuso que las reformas
fiscales no afectarán a las rentas del
trabajo, aunque parece probable
que, si se retira la deducción de 400
euros en el IRPF (algo que aportaría
4.000 millones adicionales al Estado)
sí se verán afectadas dichas rentas.

El presidente, sin embargo, no detalló
qué impuestos subirán, aunque
sí se comprometió a que los Presupuestos
Generales para 2010 serán
“los más austeros de los últimos
años”. Unos días después, Salgado
concretaba que el Ejecutivo estudia
la posibilidad de subir el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA). Los
economistas coinciden en que hay
recorrido para modificar este impuesto,
que ahora se sitúa por debajo
de la media europea, y que podría
aportar aproximadamente 460 millones
de euros a las arcas del Estado si
se sitúa un punto por encima del actual
16%. En cualquier caso, la suma
está lejos de los 15.000 millones que
pretende recaudar el Gobierno, por
lo que son necesarios otros incrementos,
que podrían aplicarse tanto
a impuestos indirectos y especiales
(tabaco, alcohol, etc.) como a las rentas
del capital, aunque a medida que
han pasado las semanas parece más
improbable que el giro se produzca
hacia una mayor progresividad de
los impuestos. Si, por el contrario, se
suben impuestos como el IVA, apuntan
desde Attac, se estará ahondando
en la regresividad del sistema tributario,
es decir, el dinero saldrá de
todos independientemente de su patrimonio.

¿Dónde va el gasto público?

El economista Julio Rodríguez cree
que el Ejecutivo se está moviendo
“en el terreno del pragmatismo fiscal”
después de que en la legislatura
anterior eliminase el Impuesto sobre
el Patrimonio y de que casi desaparecieran
los tributos sobre sucesiones
y donaciones. Con la próxima
reforma fiscal el Gobierno trata de
hacer de la necesidad virtud, considera
Rodríguez, quien estima que la
subida de impuestos será mejor
aceptada por los contribuyentes si se
presenta “con una mayor racionalización
del gasto público y una política
económica más coherente”.

Para Daniel Vila, presidente de
Attac-Madrid, la consigna de Gobierno
y oposición en cuanto a la tributación
es idéntica: “No tocar los impuestos
ni tocar el gasto, y resolver
los problemas con mucho más endeudamiento,
de forma que sean las
próximas generaciones las que paguen”.

Vila advierte que el gasto
público no explica por sí solo la necesidad
de un cambio fiscal si no se
exige mayor control a las administraciones
públicas. Hay que diferenciar,
apunta Vila, “si el endeudamiento
se destina a salvar los negocios financieros
o a la corrupción bancaria,
o si va en busca de, no sólo resolver
el problema urgente de gente sin recursos,
sino también destinar el gasto
a servicios públicos de calidad”.

La reforma del Gobierno viene
marcada por la magnitud del déficit
público, que en los primeros siete
meses del año ha supuesto un 4,69%
del PIB, casi 50.000 millones de euros.
Pero las medidas también atienden
a la realidad de que la deuda privada
se sitúa entre las más altas de la
UE y supera en un 240% el Producto
Interior Bruto. Ante esto, la idea de
presionar a las empresas parece descartada
por el Ejecutivo, en vista de
las dificultades que atraviesan muchas
de ellas. También ha quedado
fuera del debate una reforma de la
tributación de las Sociedades de
Inversión de Capital Variable (SICAV),
en palabras de Vila una trinchera
de los capitales para no pagar
impuestos. Para comprender cómo
funcionan estas sociedades, este
miembro de Attac pone un ejemplo
gráfico: “Las SICAV son un paraíso
fiscal interior, por eso es falso el discurso
de Salgado cuando dice que
no se gravan para que ese dinero no
se vaya a los paraísos”.

Tampoco parece que en la agenda
de PSOE y PP haya sitio para abordar
la coordinación internacional
contra la deslocalización de capitales
en paraísos fiscales o la regulación
de los negocios entre empresas y
bancos con los centros offshore. En
este sentido, desde Attac denuncian
que, con vistas a la próxima presidencia
española de la UE, no entra
en los planes del Gobierno tratar de
detener la fuga de capitales, ni valorar
la posibilidad de implementar la
conocida como “tasa Tobin”, que serviría
para mitigar significativamente
el fraude financiero a gran escala que
ha marcado las últimas décadas.

Las SICAV, un regalo a los más ricos

Las Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV) son
un mecanismo no demasiado
conocido para la optimización
de beneficios de los grandes
patrimonios basado en la escasa
tributación. Se trata de instituciones
colectivas cuyo fin es
la inversión en mercados financieros.
Al tratarse de sociedades
que agrupan a un mínimo
de cien socios, las SICAV obtuvieron
del Gobierno del PP el
privilegio de tributar sólo un
1% de sus rendimientos de
capital allí donde cualquier
otra persona tributaría un 18%.

La realidad es que son los instrumentos
de inversores individuales
que se valen de testaferros,
conocidos como
“mariachis”, para aligerar su
carga tributaria. Las principales
SICAV españolas están encabezadas
por Alicia Koplowitz
(Morinvest), la familia Del Pino
(Allocation) o Amancio Ortega
(Keblar Inversiones).

El 75% de los empresarios, mileurista

El Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)
supone casi la mitad de los
ingresos asociados a la tributación
que recibe el Estado, mientras
que el IVA supone el
27,4% de lo recaudado y los
impuestos especiales el 13,3%.

Se calcula que hay aproximadamente
16 millones de declarantes
de IRPF en España, el tipo
máximo de pago es de un 43%,
un porcentaje en la media europea
y por encima de países
como Reino Unido o Estados
Unidos. No obstante, como se
supo recientemente, el 75% de
los empresarios españoles
declaran en el mismo tramo
impositivo que un mileurista, es
decir que declaran por unos
ingresos inferiores a 17.361
euros anuales. Además, el Sindicato
de Técnicos de Hacienda
señala que sólo un 3,7% de la
recaudación procede de aquellos
que declaran ingresos superiores
a 60.000 euros.