MARÍA CALZADILLA

En septiembre de 2008, la
quiebra de Lehman
Brothers marcó el comienzo
de la crisis financiera
global. Días antes, las
principales agencias de calificación
de riesgos financieros (Moody’s,
S&P y Fitch) otorgaban la
máxima calificación (AAA) a los
activos financieros emitidos por
esta compañía. La pregunta inmediata
surgió de forma natural entre
el público no “iniciado”: ¿cómo
había podido suceder esto?

El papel que estas agencias juegan
en la economía financiera tiene
su origen en la financiarización
de la economía. A partir de los
años ‘80 el centro de gravedad de
la actividad económica se desplazó
de forma radical hacia la especulación
financiera. En este terreno,
lo importante, como ya hizo
notar el mismo Keynes, no es el
valor real de los activos, sino la opinión
dominante acerca de su valor
entre los agentes que participan
en los mercados financieros. La
complejidad y la opacidad de las
operaciones financieras, favorecidas
por la desrregulación neoliberal,
hizo cada vez más difícil saber
si detrás de los activos financieros
creados por las infinitas cadenas
de la especulación había algún valor
real, de forma que lo importante
pasó a ser “lo que la gente creía
que valían”. Es decir: la opinión
dominante acerca de su valor.

Sinfonía en dos movimientos

Esto nos conduce a lo que se suele
llamar el momento 1 dentro de la
historia de las agencias de rating:
puesto que la opinión es decisiva
para determinar el precio de los
activos financieros, nada más fácil
que manipular la opinión de los
agentes para que los vendedoresespeculadores
“iniciados” pudieran
obtener grandes beneficios
con la venta de unos activos cuyo
precio, a falta de mejor información,
se determinaba fundamentalmente
por la calificación que les
otorgaban las agencias. Ello desplazó
el papel de las agencias de
calificación de ser simples evaluadores
técnicos (si es que alguna
vez lo fueron) al de creadores de
opinión. Ese momento 1 comienza
en 2001, cuando el crecimiento de
la burbuja inmobiliaria adquirió
un carácter explosivo en los países
más afectados (EE UU, España,
Irlanda…). La connivencia (basada
también en las relaciones de
propiedad cruzadas) entre los vendedores
de activos basura, basados
en la especulación inmobiliaria,
y los evaluadores-creadores
de opinión se produjo de forma espontánea,
reportando enormes
beneficios a ambas partes. Todos
los activos tóxicos, “empaquetados”
para disimular su contenido,
recibían la máxima calificación independientemente
de su verdadero
valor (próximo a cero en la mayoría
de los casos).

El estallido de la burbuja condujo
a la intervención primaria de los
grandes bancos centrales (principalmente,
la Reserva Federal y el
BCE) que compraron masivamente
los activos tóxicos con dinero
público de nueva emisión (ese
mismo dinero que, según la ortodoxia
monetarista, nunca se puede
usar para pagar las inversiones
públicas o los gastos sociales). Al
mismo tiempo, las economías de
la zona euro con estructura fiscal
más débil (Portugal, Irlanda,
Grecia y España) empezaron a pagar
los efectos de la crisis con un
enorme crecimiento de su endeudamiento
público y privado, debido
a la drástica disminución de sus
ingresos (principalmente basados
en la imposición indirecta) y al aumento
de los gastos relacionados
con la crisis. Además, una vez parado
el primer golpe por el BCE,
los Gobiernos de la zona euro más
afectados por la burbuja tuvieron
que utilizar su presupuesto para
tapar los agujeros “secundarios”
de su propio sistema financiero.
Este agujero ha resultado ser de
un tamaño mucho mayor de lo esperado
(y además creciente) en
Irlanda. Y en el caso de el Estado
español también aparece, cada
vez como más evidente, la necesidad
de recapitalizar con dinero público
las entidades financieras más
afectadas por la burbuja inmobiliaria
(el capítulo de las cajas parece
ser sólo la punta del iceberg).

De esta manera llegamos al momento
2, en el cual las agencias de
calificación vuelven a jugar un papel
crucial. Quienes se enriquecieron
de forma fraudulenta en la fase
expansiva de la burbuja, con la
sobrecalificación de los activos tóxicos
que vendían, son ahora los
compradores de la deuda emitida
por los países en dificultades.

Ahora el negocio no consiste en
vender caro (sobrecalificando los
activos basura) sino en comprar
barato, para lo cual vuelve a ser de
gran utilidad el papel de unas
agencias de calificación cuyos
anuncios de recalificación a la baja
de la deuda pública que venden
los países en dificultades coinciden
casi siempre, de forma altamente
sospechosa, con los momentos
en los que estos Gobiernos
buscan su financiación a través de
ese mecanismo, aparentemente
impersonal y situado por encima
del bien y del mal, que recibe el
nombre de “mercados financieros”
y que tiene una entidad real
concreta y perfectamente definida
desde el punto de vista socioeconómico:
los propietarios del capital
financiero; los principales
causantes y, al mismo tiempo, los
únicos beneficiados por la actual
crisis económico-financiera.