El juzgado de instrucción número
46 de Madrid ha admitido a trámite
una querella contra el ex presidente
de Colombia, Álvaro Uribe,
por el espionaje que durante su
gobierno realizó en España el servicio
secreto colombiano, el Departamento
Administrativo de Seguridad
(DAS), contra activistas y organizaciones
sociales españoles
que trabajan en la defensa de los
derechos humanos.

En un informe de la Fiscalía de Colombia
hecho público en 2010 consta
que el DAS, central de inteligencia
dependiente de la presidencia de la
República, ejecutó durante el mandato
de Uribe la denominada Operación
Europa, cuyo objetivo fue
desacreditar la labor de solidaridad
internacional con las víctimas del
conflicto colombiano. Con este fin,
agentes del DAS se desplazaron
desde Colombia y se instalaron en
Europa para grabar conversaciones
telefónicas, interceptar correos, vigilar
las actividades de las organizaciones
de solidaridad, diseñar planes
para intentar neutralizarlas y, en algunos
casos, tratar de vincular a activistas
y ONG con la guerrilla.

Tras conocerse el contenido de este
informe, dos refugiados colombianos
denunciaron al ex presidente colombiano,
a Jorge Noguera, ex director
del DAS y uno de los gerentes de
la campaña presidencial de Uribe, y
a Germán Villalba, agente del DAS
destinado en Europa. En la querella
se explica que los objetivos del DAS
fueron tres defensores de derechos
humanos colombianos refugiados en
España; dos plataformas de organizaciones
e instituciones (Coordinación
Valenciana de Solidaridad
con Colombia, Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia);
una entidad formada por grupos de
Europa y el Estado español (Red de
Hermandad y Solidaridad con Colombia);
la periodista española que
trabaja en Colombia, Alèxia Guilera;
y el abogado José Luis Galán.
Después, se supo que la ex diputada
de Izquierda Unida Isaura Navarro
también fue espiada en 2004 cuando
participó en Bogotá en un encuentro
de solidaridad con Colombia.
El pasado 13 de diciembre, la
jueza María Inmaculada Iglesias pidió
que se solicite a la Fiscalía
General de Colombia, mediante una
comisión rogatoria, que informe si
los hechos denunciados se están investigando
en ese país y, en caso contrario,
se requiera toda la documentación
incautada en los archivos del
DAS en la que se detalla las labores
de inteligencia de las que fueron víctimas
“ciudadanos españoles o residentes
en nuestro país”.

También solicita que se le envíen
las declaraciones efectuadas ante la
misma Fiscalía colombiana por dos
ex funcionarios del DAS en las que
éstos afirman que estas actividades
de espionaje las ordenó el entonces
presidente Uribe.

Bajo las órdenes de Uribe

El 6 de enero, el ex agente Germán
Villalba reconoció ante la Fiscalía
colombiana que vivió en Europa,
donde realizó seguimientos ilegales
a defensores de derechos humanos,
políticos y miembros de ONG.
También confesó que, por orden de
Jorge Noguera, creó una red de espionaje
en Europa y pagó altas sumas
de dinero a personas para que
recopilaran información de las labores
que llevaban a cabo defensores
colombianos y extranjeros de
derechos humanos.

Por su parte, la Plataforma por la
Paz y los Derechos Humanos en
Colombia, que incluye a la mayoría
de los activistas y organizaciones espiadas,
presentó el pasado 23 de diciembre
escritos en la Embajada de
Colombia y en los consulados en los
que se exige explicaciones sobre la
actividad ilegal del DAS en España y
se pregunta sobre las medidas adoptadas
para que no se vuelva a repetir.
En los últimos meses las actuaciones
administrativas y judiciales en
Colombia por el caso del DAS han
implicado al propio Uribe y a personas
de su máxima confianza. Dos ex
altos cargos del DAS han sido condenados
a penas de cárcel y la
Procuraduría General de la Nación,
cuya función es vigilar el correcto
funcionamiento de la función pública
y garantizar la protección de los
derechos humanos, ha destituido e
inhabilitado a nueve funcionarios del
Gobierno de Uribe, entre los que figuran
el ex secretario general de la
Presidencia, Bernardo Moreno (18
años de inhabilitación) y tres ex directores
del DAS (Jorge Noguera fue
inhabilitado por 20 años).

El ex director de Inteligencia del
DAS, Fernando Tabares, confesó en
julio de 2010 que Bernardo Moreno
y la también inhabilitada ex directora
del DAS, Pilar Hurtado, ordenaron
espiar a líderes de la oposición
política –como los senadores Gustavo
Petro y Piedad Córdoba–, magistrados
y periodistas por “el especial
interés del presidente Álvaro Uribe”.
La ex subdirectora de Operaciones
del DAS, Martha Leal, corroboró en
octubre ante el fiscal que sus superiores
también le ordenaron los mismos
objetivos porque “esta información,
según palabras del doctor
Peñate [ex director del DAS], era requerida
por el entonces presidente
Álvaro Uribe”. El ex presidente ha
desmentido estas declaraciones, pero
reconoce que aconsejó a algunos
de sus antiguos colaboradores que
pidan asilo político en otros países
–Pilar Hurtado ya se ha refugiado en
Panamá– porque en Colombia “no
tienen garantías”.