Las protestas de la oposición rusa contra el fraude electoral de las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 4 de marzo pasado, y contra las políticas represoras del presidente electo presidente de Rusia Vladimir Putin (2012-2018), se suceden en Moscú.

El 15 de diciembre, la oposición rusa reunió de nuevo a centenares de personas en la céntrica plaza Lubianka, en la capital rusa. Ante la falta de acuerdo sobre los permisos para la convocatoria, la policía detuvo a más de 40 personas entre las que se encontraban el coordinador del Frente de Izquierdas, Serguéi Udal­tasov y el bloguero y abogado Alexéi Navalni. Putin ha tomado nota del descontento y en los últimos meses ha endurecido las normas para castigar las concentraciones ‘ilegales’ con multas y privación de libertad.

Con 60 años recién cumplidos, Vladimir Putin tiene estrella. Favorecido durante sus dos primeros mandatos (2000-2008) por una coyuntura económica positiva –sustentada en el aumento de los precios del gas y del petróleo–, dejó que  Dimitri Medvédev fuese la cara más visible durante la crisis económica de 2008. Putin ha vuelto a la presidencia este año, con el precio del barril de brent estabilizado de nuevo por encima de cien dólares, aunque habrá que ver cómo afecta a Rusia el creciente desarrollo del gas de esquisto (que se extrae a través de la fractura hidraúlica) en EE UU y su futura producción en Europa.

Un héroe para muchos

Presentado ante la opinión pública rusa como una suerte de héroe, Putin “el deseado” –una encuesta reciente afirma que una de cada cinco rusas querría casarse con él– ha logrado perpetuarse en el poder sorteando la norma constitucional que impide encadenar más de dos mandatos presidenciales y, todo apunta, manipulando las elecciones.

El presunto fraude en las legislativas del 4 de diciembre de 2011 y las presidenciales del 4 de marzo, denunciado entre otros por el observa­torio electoral ruso Golos, se tradujo en datos como los registrados en algunas repúblicas norcaucasianas, donde el voto a Rusia Unida (partido de Putin) en diciembre y a su líder en marzo rondó el 90%. En Chechenia, la participación de un 99,5% en las presidenciales y la victoria de Putin con un 99,8% de los sufragios ilustran un Estado de excepción permanente.

Si las irregularidades electorales no son una novedad en Rusia, la reacción social que siguió a los últimos desmanes sí parece algo nuevo. La población cada vez más molesta por la institucionalización de la corrupción y los deficitarios servicios sociales, protagonizó, a finales de 2011 y principios de 2012, las mayores manifestaciones desde la desintegración de la Unión Soviética. La más masiva, el 4 de febrero, reunió según los convocantes a 160.000 personas en Moscú bajo el lema Por unas elecciones justas. Aunque se celebraron también manifestaciones en favor de Putin en varios puntos del país que fueron igual de exitosas.

Detenciones masivas

Según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch, un elevado número de manifestantes pacíficos son arrestados en Rusia, a menudo de manera “preventiva”. Ese fue el caso del millar largo de detenidos durante las protestas espontáneas que siguieron a los comicios parlamentarios de 2011. Las manifestaciones en favor de los derechos de la comunidad LGBT, o las de carácter ecologista, han sufrido también la brutalidad policial.

Pero no sólo en la calle. La represión también se ejerce contra la libertad de información. La práctica totalidad de los grandes medios de comunicación rusos se mueven hoy en la órbita del Kremlin, y los pocos que no lo hacen, normalmente de alcance reducido (locales o regionales), se ven sometidos a presiones que dificultan su trabajo y su propia supervivencia. Los medios o periodistas que se atreven a investigar y denunciar la corrupción o las violaciones de derechos humanos corren riesgos: amenazas, ataques y asesinatos sufridos por abogados, activistas y periodistas críticos dan fe de ello.

Según varias ONG, 26 periodistas han muerto asesinados desde el año 2000. Por el momento, el acceso a internet sigue sin estar interrumpido, aunque se han registrado varios intentos de control.

En la era Putin también se suceden los abusos de un sistema judicial a medida de políticos y empresarios. Sentencias injustas e investigaciones que no llegan a iniciarse para no salpicar a los prohombres del régimen. Asesinatos sin esclarecer como los de la periodista Anna Politkóvskaya, la activista Natalia Estemírova o el abogado Sergei Magnitsky. Penas injustas, como la aplicada al magnate Mijaíl Jodorkovski, o escandalosas como el encarcelamiento de las Pussy Riot –reflejo del enorme poder de la Iglesia ortodoxa rusa–, etc. son sólo la cara visible de una sucesión de abusos en escalada.

Un 40% de los migrantes trabaja en la construcción, proceden mayoritariamente de repúblicas exsoviéticas asiáticas y sufren graves condiciones laborales. Además, en los últimos años la aplicación arbitraria de una legislación contra el extremismo, concebida en principio para combatir el terrorismo, ha permitido al Estado perseguir a opositores y miembros de minorías religiosas. Así las cosas, la lista de 39 presos políticos elaborada hace pocos meses por Memorial y la Fundación de Defensa de los Presos Políticos ya se ha quedado corta.

Mientras tanto, las repúblicas del Cáucaso Norte siguen siendo agujeros negros de los derechos humanos. El secuestro, la tortura, la aplicación de castigos colectivos y los asesinatos extrajudiciales son frecuentes en el marco de una guerra de baja intensidad que, camuflada bajo el omnipresente discurso de la lucha antiterrorista, sigue causando centenares de muertes al año. En Chechenia, el primer ministro de la república, Ramzán Kadírov, gobierna con mano de hierro a un pueblo destrozado por el conflicto y la ausencia de derechos.

Descontento y pasividad

Quienes han tratado de desentrañar el “acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma” que Churchill decía que era Rusia, han apuntado en ocasiones que, a diferencia de lo que sucede en Occidente, la sociedad rusa tiende a anteponer la igualdad a la libertad. Pero la igualdad social se derrumbó con la URSS, y desde entonces la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de aumentar.

Quizás sean ahora precisamente las posibilidades de enriquecimiento las que granjean a Putin el notable apoyo social que disfruta. Quizás sea el ansia de mejora económica, la pasión dominante en Rusia, tal y como postula Tzvetan Todorov. En cualquier caso,  a muchos rusos se les plantea la disyuntiva de apoyar a un hombre que promete –y en buena medida, cumple– seguridad, estabilidad y prosperidad económica. Harina de otro costal es la equidad con que se reparten los beneficios. O bien apostar por una evolución democrática que habría de desarrollarse necesariamente bajo un liderazgo diferente y podría conllevar determinado grado de inestabilidad. De momento, la resignación sigue siendo la respuesta de gran parte de la sociedad rusa al autoritarismo y los excesos de sus dirigentes.