El puerto de Granadilla, al sur de la
isla de Tenerife, ya se está construyendo.
La obra va a suponer un
desembolso de más de 400 millones
de euros, aunque su financiación no
está asegurada, afectará a 17 playas,
sepultará cinco y dejará otras seis
playas seriamente dañadas. Ese es el
caso de las playas de El Médano, La
Jaquita, Pelada y La Tejita. Además,
tendrá un grave impacto ambiental
sobre especies marinas únicas.

La resistencia contra la construcción
del puerto de Granadilla es una
de las más importantes de Canarias.
Se remonta a diez años atrás, cuando
movimientos vecinales, ecologistas
y científicos se unieron para luchar
contra un macroproyecto en esta
zona protegida.

Las mentiras sobre el puerto

Cuando el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria
(CC), anunció
el 6 de mayo de 2002 la declaración
de interés público del proyecto
denominado Nuevo Puerto de
Granadilla de Abona, pretendía con
esta clasificación impedir que los tribunales
frenasen un proyecto urbanístico
que atenta contra el medioambiente.
Las razones del puerto
según CC fueron, por una lado, la necesidad
de dotar a la isla de otro
puerto debido “al agotamiento de la
capacidad de las instalaciones del
puerto de Santa Cruz (quinto en capacidad
del Estado español)”, por
otro, que no existía “otra localización
viable en toda la isla” para la construcción
de otro puerto industrial.

Según el informe presentado hace
diez años, el colapso del puerto marítimo
de Santa Cruz de Tenerife se
produciría en 2008. Pero eso no ha
ocurrido. Sobre la ubicación, la
Plataforma contra el Puerto de
Granadilla, integrada por movimientos
sociales, ecologistas y diversos
científicos y profesores de la
Universidad de Canarias, explica en
los informes técnicos que, debido a
la situación, Granadilla estará cerrado
al tráfico marítimo gran parte del
tiempo debido a los vientos que azotan
esta zona. Lo mismo ocurre con
un puerto similar construido en Gran
Canaria, el puerto de Arinaga, que
está paralizado desde que se acabaron
las obras.

Por otra parte, “la obstaculización
 de las corrientes marinas y eólicas
que produciría el dique exterior del
puerto interrumpirá la dinámica normal
del litoral, cambiará las corrientes marinas
y el aporte de arena a las
playas y dunas de la zona”, entre
otros impactos, explica Javier
Jiménez, de la asociación Ben
Magec-Ecologistas en Acción. Asimismo,
el puerto afectará a dos formaciones,
como la Montaña Pelada
 y Montaña Roja, en perfecto estado
de conservación, y a especies catalogadas
en peligro de extinción como
la piña de mar y la tortuga boba, que
van a desaparecer con las obras.
También se extinguirá el sebadal,
una pradera marina necesaria para
mantener la biodiversidad y que hasta
hace dos años se encontraba protegida,
en peligro en las islas.

La desprotección de especies

Fue el sebadal, las sucesivas denuncias
ante los tribunales y la movilización
popular lo que consiguió frenar
las obras del puerto de Granadilla.
En 2009 el Gobierno insular intentó
descatalogar los sebadales para iniciar
la construcción del puerto pero
el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias frenó las obras.
Un año después, Coalición Canaria
volvió a descatalogar los sebadales,
 esta vez modificando el libro de
especies protegidas de Canarias.

En 2010, CC, en el Gobierno junto con el
PP, elaboró un nuevo catálogo de especies
amenazadas en el que 226 de ellas
se desprotegieron, se rebajó
la protección de 131 y 94 pasaron a
tener una clasificación ambigua. Ese
fue el caso del sebadal, que de estar
en “peligro de extinción” pasó a ser
“de interés para los ecosistemas canarios”.
De nada sirvieron las multitudinarias
movilizaciones ciudadanas,
ni las 60.000 firmas recogidas
en contra del nuevo catálogo de especies
de Canarias.

Pero la lucha continúa. El 12 de
mayo se presentaron 5.000 firmas en
el Ministerio de Medio Ambiente en
contra del nuevo catálogo canario.
Además, EcoOcéanos, Greenpeace,
Ecologistas en Acción, Ben Magec-
Ecologistas en Acción y Plataforma
contra el puerto de Granadilla han
puesto en marcha una campaña de
denuncia para exigir la paralización
de lo que consideran uno de “los mayores
despilfarros económicos y una
barbaridad ambiental”, mientras se
recortan derechos fundamentales de
los ciudadanos.

Catedráticos y científicos canarios
denuncian también el elevado coste
ambiental y económico del puerto de
Granadilla, como Alberto Brito, catedrático
de biodiversidad marina o
Wolfredo Wildpret, catedrático de la
Universidad de La Laguna, quien
asegura que “no existe en todo el territorio
europeo tanta biodiversidad
 en tan poco espacio, aunque una parte
de esa biodiversidad está en manos
del poder económico y se encuentra
en franco retroceso”. Según
Federico Aguilera, catedrático de
economía aplicada: “No hay dinero
para financiar el disparate del puerto
de Granadilla. No es rentable, ni social
ni económicamente”.

Lo mismo piensa el exdirector de
la Autoridad Portuaria de Tenerife,
 Pedro Anatael: “Ésta es una obra ilegal
porque no tiene asegurada la financiación
y no es necesaria. Se están
construyendo ya los cajones para
formar el dique exterior del puerto
de Granadilla. Cada uno tiene 45 metros
de largo, por 20 de ancho y una
profundidad de 18 metros. Esto es
como un edificio de 18 plantas, cada
uno. Se están construyendo a un ritmo
de un cajón cada cinco días, serán
100 en total y cada cajón cuesta
un millón de euros. ¿De dónde van a
sacar el dinero para la ejecución de
la obra? El endeudamiento va a ser
tal que va impedir a la Autoridad
Portuaria realizar obras en 20 años”.
 Fran Castro, de Ben Magec, asegura
que se corre un grave riesgo: “Se va
a destrozar todo en una primera fase,
para la que hay dinero, 150 millones
de euros, pero para el resto de la
obra, 250 millones, no hay financiación.
El remate del disparate ambiental
y social, con los recortes que se
están aplicando”.