A BOLSA. Aguirre argumenta que son necesarias más infraestructuras para el Canal.

La Ley de Acompañamiento de los
presupuestos de 2009, aprobada el
30 de diciembre, contempla la inmediata
privatización del Canal de
Isabel II. El medio previsto para acometer
esta tarea será la creación de
una sociedad anónima con un 49%
de capital privado, que será dotada
con la totalidad del patrimonio del
Canal, a excepción de las principales
infraestructuras hidrológicas y de
saneamiento. También se hará cargo
del paquete completo de acciones
y participaciones mercantiles de la
empresa. El siguiente paso será la
salida a bolsa de la nueva sociedad.
El Canal de Isabel II ha sido hasta
hoy una de las empresas públicas
más rentables para el Estado español,
acreditando un beneficio neto de
80 millones de euros durante el ejercicio
2007-2008. Gracias al superávit
del Canal se han financiado proyectos
como la línea 10 del Metro de
Madrid, la red de teatros del Canal,
el servicio de emergencias 112 o el
velero Madrid-Madrid.

Justificación de la medida

Según declaró Esperanza Aguirre
el 16 de septiembre, la Comunidad
Autónoma de Madrid (CAM) “necesita
recurrir a nuevas formas de
financiación, ya que los recursos
propios de la Administración resultan
insuficientes” para hacer
frente a los 5.000 millones que su
Gobierno pretende invertir en infraestructuras
vinculadas al Canal.

De éstos, 3.700 millones serán destinados
a adaptarse a la nueva normativa
ecológica europea y mil a la
construcción de dos nuevos embalses.

Con estos datos sobre la mesa,
Aguirre justificó las medidas adoptadas
ante la imposibilidad de asumir
más deuda. Según el grupo socialista
de la Asamblea de Madrid,
que se abstuvo en la votación de la
medida, la deuda actual de la CAM
se sitúa en torno a los 10.000 millones
de euros, cantidad que representa
un 40% de la deuda total de
las 17 comunidades juntas.

Contra la privatización

Desde el anuncio de la presidenta
regional, Ecologistas en Acción ha
afirmado en reiteradas ocasiones
que la CAM cuenta actualmente
con una capacidad hídrica suficiente
para servir a nueve millones
de habitantes, con lo que la planificación
de nuevos embalses quedaría
fuera de la cuestión y redundaría
únicamente en consecuencias
negativas para el medio.

La representante de los trabajadores
en el comité de empresa del
Canal, María Luisa Conde, expresaba
a DIAGONAL sus dudas acerca
de la conveniencia de poner en manos
privadas la gestión de esta empresa:
“Es improbable que ninguna
corporación que se mueva por ánimo
de lucro quiera formar parte de
un ente con un gasto fijo de 5.000
millones de euros para los próximos
15 años. Esto es, sin antes recortar
al mínimo los costes laborales y liquidar
la mayor parte del patrimonio
de la empresa”. Este último extremo
lo confirmó el 25 de noviembre
el presidente del Canal y vicepresidente
de la CAM, Ignacio González,
en el diario El País.

Conde resaltó la “merma que se
producirá en la calidad del servicio,
así como en las condiciones económicas
y laborales en las que éste se
presta una vez que esta institución
caiga en manos privadas”.