Al final no pudo ser. La presentación
de enmiendas en el Senado a la
nueva Ley de Extranjería era la última
esperanza para que una de sus
medidas más polémicas, el aumento
de 40 a 60 días del plazo de encierro
en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE), quedara fuera del
proyecto de reforma de la Ley.

Un sólo voto, el que otorga mayoría
absoluta al PSOE en el Senado,
permitirá que una simple falta administrativa
equiparable a una multa
de tráfico pueda ser castigada con
dos meses de privación de libertad
en los CIE, centros definidos por
grupos de juristas y activistas contrarios
a su existencia como “agujeros
negros del Estado de Derecho”.

La senadora Matilde Fernández
fue la encargada de defender este
aspecto de la reforma de la Ley de
Extranjería. La antigua ministra de
Asuntos Sociales y miembro del ala
izquierda del PSOE se refirió al aumento
del encierro como “una garantía”
que permitirá “resolver un
problema”, en referencia a las dificultades
que encuentra el Ministerio
de Interior para poder expulsar
a las personas que cumplen el
plazo de internamiento en el CIE
sin que se les haya asignado un
vuelo de repatriación.

La ex ministra continuó sus argumentos
el 12 de noviembre en la
Comisión de Trabajo e Inmigración
del Senado. “Yo estoy garantizando
más seguridad ciudadana, más calidad
de vida y más seguridad a la
persona, a la que le dejo el mensaje
claro de que si viene de forma regular
su permanencia en el país tendrá
muchísimas más posibilidades
que si viene de forma irregular y vive
condenado a estar entrando y saliendo
de los CIE cada equis días”.

Al cierre de esta edición, la aprobación
definitiva de la reforma de la
Ley de Extranjería estaba prevista
para el 26 de noviembre. Desde el
grupo Inmigración y Sistema Penal,
muy activo en la labor de información
y asesoramiento a los grupos
parlamentarios más sensibles a las
críticas, se hacía un llamamiento
para continuar con el envío de correos
electrónicos a los diputados.
“Explicarles (algunos todavía no lo
saben) qué es lo que están votando.
Para expresar indignación, perplejidad,
tristeza, para que quienes
voten a favor se sientan avergonzados…”,
invitaban en un llamamiento
que no ocultaba la indignación
ante el empecinamiento del PSOE
por hacer pasar en solitario esta
parte del proyecto de ley.

“La punta del iceberg”

Dos días antes de la votación en el
Senado se presentaba el informe
Para quien quiera oír: Voces desde
y contra el CIE de Aluche. Ante
preguntas de la prensa por la inminente
votación en el Senado, Cristina
Martín, miembro de la red Ferrocarril
Clandestino, echaba por
tierra los argumentos como el de la
senadora socialista: “Sólo al 16%
de las personas se les llega a ejecutar
la orden de expulsión. Esto se
debe a la falta de acuerdos con
otros países, no al tiempo de internamiento
en el CIE”.

“El CIE no es solamente el CIE, sino
el miedo a entrar en él”, continuaba
Martín, una de las activistas que
ha preparado el informe, en el que
también han participado SOS Racismo
y Médicos del Mundo, “el CIE
es un fantasma del miedo que tienen
estas personas, es la punta del iceberg
de un sistema inhumano y erróneo
de control de las fronteras”.

En 2008, toda la estructura jurídica
y policial dirigida al control
interno de fronteras logró expulsar
a apenas 10.000 personas, según
datos del Ministerio del Interior.
Pese a que la cifra supone un aumento
del 12% con respecto al año
anterior, resulta irrisoria comparada
con los recursos destinados a
controles policiales y al posible
desgaste político que supone para
el Gobierno la propuesta de aumentar
el internamiento.

Su impacto cuantitativo en la reducción
de personas sin regularizar
resulta escaso tanto si se tiene
en cuenta el medio millón de irregulares
que estima públicamente
el Gobierno como si se toman de
referencia los datos del Barómetro
Social de España, que apuntan a
la existencia de un millón y medio
de ‘sin papeles’.

La poca operatividad del sistema
de expulsiones ha abierto un debate
dentro del movimiento migrante
sobre la verdadera naturaleza de las
medidas que se pondrán en marcha
y que se reforzarán con la próxima
Ley de Extranjería. En el encuentro
europeo contra los CIE celebrado
en Málaga se puso en marcha una
propuesta de campaña estatal para
reforzar las denuncias y luchas locales
contra unas medidas que, si
bien no tienen un impacto significativo
sobre los flujos migratorios, sí
están creando las condiciones para
una mayor exclusión social (ver artículo
en la página siguiente).

Actualmente existen en territorio
español diez Centros de Internamiento
de Extranjeros, además
de los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes de Ceuta
y Melilla. El Ministerio del Interior
prevé la construcción de un
nuevo centro de internamiento de
200 plazas en Zaragoza.

40 testimonios directos contra el CIE de Aluche

El CIE de Aluche (Madrid)
ha vuelto a ser cuestionado
por un nuevo informe. La
red Ferrocarril Clandestino,
junto con SOS Racismo
Madrid y Médicos del
Mundo Madrid, presentó
Para quien quiera oír:
voces desde y contra el CIE
de Aluche. El documento
recoge 40 testimonios de
personas internas, recogidos
a lo largo de casi dos
años de trabajo a pie de
calle.
Detalles como los seis teléfonos
disponibles para casi
300 internos, la imposibilidad
de salir de las celdas
para ir al baño entre las 12
de la noche y las 8 de la
mañana, la ausencia de
intérpretes o la posibilidad
de denunciar los problemas
sólo ante el director y
el jefe de seguridad del
centro, dan una idea de
cómo es la vida cotidiana
de este centro, de carácter
penitenciario según estas
organizaciones. El documento,
de 190 páginas y
descargable en www.transfronterizo.
net, también recoge
casos de abuso de
poder como la existencia de
celdas de castigo o el uso
arbitrario de la calefacción y
el régimen de salidas al
patio como formas de presión
a los internos, e incluso
denuncias concretas de torturas
físicas y maltrato psicológico.
El informe pide “el
cierre inmediato y definitivo”
de todos los CIE del Estado
español y exige la apertura
de una investigación
exhaustiva mediante la que
se depuren responsabilidades,
con el posible cese de
la Dirección del centro.

El calvario de Eduardo Medina

El Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, se ha
hecho eco de la denuncia
de la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga
sobre el caso del boliviano
Eduardo Medina,
que fue interno del CIE
de Capuchinos (Málaga)
pese a encontrarse con
serios problemas de
salud mental. El Defensor
del Pueblo considera que
existe una relación entre
la muerte de Medina en
diciembre de 2008 por
inanición en Santa Cruz
(Bolivia) y su expulsión
de España después de
haber estado internado
en Capuchinos. La Coordinadora
de Inmigrantes
de Málaga sacó a la luz
en diciembre de 2008 el
intento de suicidio de
Medina, que trató de
ahorcarse en el patio de
Capuchinos el 25 de septiembre.
Tan sólo dos
semanas después era
expulsado a Bolivia.
“Debido a su estado de
salud tan precario, la
expulsión no debió
haberse materializado
hasta comprobarse y
cerciorarse de una mejoría”,
ha dictaminado el
Defensor. Múgica señala
que, “como consecuencia
del impacto de la
repatriación en su delicado
estado psíquico
[...], falleció el 4 de
diciembre” de 2008.