AUDIENCIA NACIONAL // VIOLACIONES DE LOS DD HH
El PSOE cambiará la ley para limitar las querellas

La admisión de la demanda presentada en la
Audiencia Nacional contra un ex ministro y seis
militares desata la ira de Israel. Moratinos dice que
modificará la ley para limitar la admisión de querellas.

19/02/09 · 0:00

El 22 de julio de 2002 un F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de Gaza. El objetivo: Sala Shehadeh de Hamás. 15 personas murieron, la mayoría niños, y 150 resultaron heridas. Así comienza la querella admitida en la Audiencia Nacional. Si entonces fue la muerte de 15 civiles por una bomba, parece lógico que la masacre de 1.500 personas por 985 bombas, en 22 días, sea también juzgada y considerada un crimen contra la humanidad.

La lucha de diversas ONG y la pericia de sus abogados abren esperanzas para hacer que el derecho internacional se cumpla. En España se han presentado 17 causas basadas en el Principio de Justicia Universal. Según Amnistía Internacional, “España exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue de otros países”. En la última década han sido admitidas 12 querellas en los casos de Chile, Argentina (Scilingo y caso Cavallo), Guatemala, China (Tibet y Falun Gong), Sahara Occidental, caso Couso, Ruanda, Campos de concentración nazis, el Salvador y Gaza.

Cada una de las querellas abre camino.
En el caso de Argentina, con
sentencia contra Scilingo por lesa
humanidad; en el de Chile, con la
detención en Londres de Pinochet...
Ahora con la de Gaza se inicia un
proceso que podría ampliarse. Según
los abogados que ejercen la acusación
particular en la querella contra
Israel, Antonio Segura, Raúl
Maillo, Gonzalo Boyé y Juan Moreno,
ya se han conseguido dos cosas
importantes: “Generar un malestar
en Israel sobre su Ejército, y
plantear a las autoridades palestinas
que es posible perseguir a los culpables”.

Por eso, el pasado 12 de febrero
el embajador de Palestina en España
y el ministro de Justicia palestino
viajaron a La Haya para firmar
los tratados de la Corte Penal Internacional.
“Si se lo permiten, no está
reconocido como Estado, podrían
poner una querella ahora o más adelante.
Los crímenes contra la humanidad
no prescriben”, explican a
DIAGONAL los letrados.

El caso de Ruanda

El juicio por el caso de Ruanda, en el que murieron cuatro millones de personas –nueve de ellas españolas–, implica a 69 altos cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La Audiencia ya ha procesado a 40 militares y ha acusado al presidente ruandés, Paul Kagame, aunque goza de inmunidad.

Tras seis años se han conseguido
logros también en el caso de Couso.
Javier, hermano del cámara, cree
que se ha avanzado bastante. El juez
Santiago Pedraz ha dictado una serie
de medidas después de que se revocara
la orden de busca y captura
de los militares. “Somos moderadamente
optimistas: es un triunfo que
se haya dictado la primera orden de
busca y captura contra dos militares
de EE UU a través de la Interpol. El
problema es que el Gobierno desde
la Fiscalía se opone a que se resuelva
el caso, como el PP. Están empeñados
en mantener buenas relaciones y
no que se haga justicia”, dice Couso.
En el caso de Guatemala, Efraín
Ríos Montt y otros oficiales del Gobierno
están acusados de terrorismo,
genocidio y tortura: más de 200.000
personas de etnia maya desaparecieron
durante su mandato. La Audiencia
descartó la querella y más tarde
el Tribunal Constitucional estableció
la competencia de la Audiencia Nacional.
Solicitó la extradición de varios
acusados, y lo que es más importante,
estableció “enjuiciar dichos
crímenes por los tribunales españoles
en aplicación del principio de
Justicia Universal aún cuando no haya
víctimas españolas ni vínculos con
intereses nacionales”.

Cambios en la ley

Esta sentencia del Tribunal Constitucional entraría en contradicción con la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que Miguel Ángel Moratinos prometió el 30 de enero a la ministra de Exteriores de Israel Tzipi Livni, según la prensa israelí, algo que luego confirmó el Gobierno español. Sin embargo, el intento de reforma viene de atrás. Después de la sentencia de Scilingo, en 2005, se creó una comisión para revisar la admisión de querellas, según señala Antonio Segura, abogado con más de 12 años de experiencia en derecho humanitario y que ha participado en los casos Guatemala, Argentina, Chile, contra cuatro responsables nazis... Raúl Maillo, compañero de Segura en el caso de Gaza, considera que no es normal un cambio de la ley ni que se aplique con efectos retroactivos, ya que “se basa en la Jurisdicción Universal”.

Por su parte, Segura considera
que si la reforma se lleva adelante se
limitaría el derecho. “El filtro trataría
de ponerse en la admisión de las querellas,
sólo se considerarían aquellas
que provengan de países con afinidad
cultural o geográfica con España.
Eso supondría una manipulación
del principio Universal de Justicia y
generaría problemas por su supuesto
neocolonialismo. Como ha ocurrido
en el caso de Guatemala, los regímenes
que no quieren juzgar sus crímenes
lo calificarían de injerencia”.

Y por qué se quiere cambiar el articulo
23.4 de la LOPJ. “Por temor a
algunos Estados, y sobre todo, por
miedo a que terceros países abran
también causas similares contra
España por los crímenes cometidos
en la Guerra Civil. Los crímenes
contra la humanidad no prescriben”,
puntualiza Segura. Señala que
algunas querellas de la Audiencia
tienen intereses políticos que perjudican
al resto, que sí persiguen cumplir
el derecho internacional. Segura
emplea el argot del derecho para
nombrar a las asociaciones que presentan
querellas sin fundamentar,
pero con buenas intenciones, “son
los ’Corredores locos’. Y los que buscan
protagonismo o fines políticos,
a estos abogados les llamamos ‘Caníbales’,
abren procedimientos sabiendo
que no van a llegar a ningún
lado. Tienen, durante el tiempo que
dura, la aureola de luchadores por
los derechos humanos y al final acaban
y se archivan, como pasó con la
del Franquismo [instruida por el
juez Garzón]. Se perseguían desapariciones
forzosas, que prescriben,
no crímenes contra la humanidad.
Otra querella, la del Tibet, se
admite a ocho días de los juegos
olímpicos de Pekín. Y no se violan
menos los derechos en el Tibet que
en Guantánamo”, afirma.


ACUSADOS POR GENOCIDIO


EHUD OLMERT. Primer ministro de Israel.
Decidió los ataques de Líbano en 2006 y
de la Franja de Gaza en 2008, así como
su bloqueo a partir del verano de 2007.


EHUD BARAK. Primer ministro de Israel
entre 1999 y 2001. Líder del Partido
Laborista y ministro de Defensa durante
la operación ‘Plomo Fundido’.


GABI ASHKENAZI. Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas de Defensa Israelíes.
Participó en la imposición del bloqueo de
Gaza y ordenó los bombardeos de 2008.


MATAN VILNAI. General de Ejército israelí
y actual viceministro de Defensa.
Participó en las decisiones de bloquear
Gaza en 2007 y bombardearla en 2008.


SHAUL MOFAZ. Actual ministro de
Transportes y ex ministro de Defensa.
En 2001 habría ordenado la muerte de
70 palestinos armados por día.


AMIR PERETZ. Ministro de Defensa hasta
que fue reemplazado por Ehud Barak.
Ordenó, entre otros, el bombardeo de
ciudades y aldeas del Líbano en 2006.


AVI DICHTER. Actual ministro de la
Seguridad Pública y antiguo jefe del
Servicio de Inteligencia Israelí. Ordenó
realizar torturas a palestinos.


DAN HALUTZ. Antiguo Jefe del Estado
Mayor de las Fuerzas de Defensa
Israelíes. Ordenó ataques contra
poblaciones en Líbano en 2006.


MOSHE ‘BOGIE’ YAALON. Comandante
en Jefe del Ejército en 1996 cuando se
bombardearon las instalaciones de la
ONU en Qana, Líbano.


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TZIPI LIVNI. Actual ministra de Asuntos Exteriores y viceprimera ministra de Israel. Participó en la decisión de bombardear Líbano en 2006 y Gaza en 2008.
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