SERVICIOS SOCIALES / EN ENERO SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA Y SU PRIMERA IMP
El proyecto estrella de ZP llega al Senado


La aprobación del proyecto de la Ley
de Dependencia, que se votará el día
28 en el Senado, supone el reconocimiento
del derecho a la atención de
las situaciones de dependencia por
parte del Estado y la creación de un
sistema básicamente público para

, Madrid
09/11/06 · 0:00
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La aprobación del proyecto de la Ley
de Dependencia, que se votará el día
28 en el Senado, supone el reconocimiento
del derecho a la atención de
las situaciones de dependencia por
parte del Estado y la creación de un
sistema básicamente público para
que esa atención sea efectiva.

Se trata de un derecho subjetivo:
“Jurídicamente significa que el derecho
es de carácter personal, de modo
que si a un ciudadano en situación
de dependencia se le negase la atención,
podrá ir directamente al juzgado
de lo social y exigir por sentencia
judicial que se le atienda de acuerdo
con la Ley”, explica a DIAGONAL
Pura García, secretaria de política
social de CC OO. Y continúa: “La ‘calidad’
del derecho es superior a otros
derechos que aparecen en la Constitución
(como el derecho a la vivienda
o al trabajo), para los que la ley no
reserva la ‘tutela efectiva’ por parte
de los poderes públicos”.

El Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) se
perfila como una red con el reto de
dar cobertura a las diversas necesidades
de más de un millón de personas
con niveles severos de dependencia.
Todavía está por definir una
estructura que combinará servicios
propiamente públicos con empresas
acreditadas para la prestación de los
servicios del ‘catálogo’ y, en último
caso, prestaciones económicas para
que la persona pueda contratar el
servicio en el mercado privado. La
excepcionalidad de la compensación
económica por cuidados en el entorno
familiar parece dar respuesta a
las críticas de algunas feministas que
apuntaban el riesgo de perpetuar la
situación de muchas mujeres ‘dependientes’
de sus familiares dependientes
(ver reportaje adjunto).

La evaluación de la dependencia
y el reconocimiento del derecho a
prestaciones corresponde a las comunidades
autónomas y no podrá
subcontratarse. Esta evaluación,
válida para todo el Estado, determinará
el acceso a servicios de prevención
de la dependencia, teleasistencia,
ayudas a domicilio, centros de
día y de noche y residencias, así como
a prestaciones económicas.

Los primeros pasos

Los grupos que votaron en contra
(PNV, CiU, NaBai y EA) señalaron la
invasión de competencias autonómicas
y la falta de estructuras para la
aplicación de la norma en 2007. Pero
la Ley nace con el sello del consenso
entre el PP y el PSOE. A partir de
ahora, la financiación del sistema se
debatirá anualmente en el Congreso
como parte de los Presupuestos Generales
del Estado.

La atención se centra ahora en el
paso de la Ley por el Senado y el posterior
desarrollo reglamentario, que
deberán acordar en enero Estado y
comunidades autónomas. Las asociaciones
de personas con discapacidad
esperan la incorporación de algunas
demandas pendientes. El
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI) desea, por ejemplo, que se
regule de “forma más explícita la discapacidad
intelectual y mental”.

Dependencia en cifras

El Libro Blanco de la Dependencia,
en referencia a datos de 2005, calcula
que hay más de 1.125.000
personas con dependencia severa,
de las que más del 80% superan
los 65 años. De ellas sólo el 3,5 %
cuentan con ayuda a domicilio,
menos del 3% con teleasistencia,
menos del 4% tienen plaza en un
centro residencial y no llega al 1%
las que asisten a un centro de día
según datos del MTAS. En el
plano presupuestario actualmente
se dedica a dependencia el
0,33% del PIB, y el objetivo es
superar el 1% en 2015.

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