FERROCARRIL // EXPEDIENTES A SEIS TRABAJADORES QUE FORMABAN UN COMITÉ DE HUELGA EN VIZCAYA
Protestas contra la campaña de represión de Renfe

Renfe-Operadora sanciona a los miembros del Comité de Huelga con cuatro meses de empleo y sueldo, y reclama diez millones de euros.

20/04/06 · 0:37
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LUCHA SOSTENIDA. Manifestación por el
ferrocarril público en noviembre de 2004.

El Sindicato Federal Ferroviario
(SFF) de la CGT se movilizó con encierros
y concentraciones por todo el
Estado el pasado jueves 2 de marzo
en protesta por los expedientes que
Renfe-Operadora ha abierto a seis
trabajadores que formaban parte de
un Comité de Huelga en Vizcaya.

LAB y CGT, los sindicatos convocantes,
avisaron de la huelga con
ocho días de antelación en lugar de
diez, lo cual ha servido a la empresa
ferroviaria como excusa para
declararla ilegal.

Además, los miembros del comité
han sido sancionados con cuatro
meses sin empleo ni sueldo y les reclaman
diez millones de euros por
daños y perjuicios a la marca Renfe,
cantidad que deberán abonar
tanto los trabajadores como los sindicatos
responsables.

Tres años de lucha

En la unidad de negocios de Cercanías,
en Bilbao, los trabajadores de
las taquillas llevan tres años enfrentados
a la jefatura de Renfe-
Operadora, con la que están en
continuo conflicto debido a las condiciones
laborales que se están dando
desde que se inició el proceso de
privatización de Renfe en enero de
2005. “Siempre que se han convocado
huelgas, la empresa ha estado
buscando excusas para declararlas
ilegales, pero todas las sentencias
hasta este momento han acabado
dando la razón a los trabajadores”,
informa José Aranda, secretario general
de SFF de la CGT. “Lo que en
principio eran reivindicaciones de
carácter local, se ha convertido en un
problema de derechos fundamentales
que no vamos a permitir, ya que
se cargaría las posibilidades de organizar
una huelga”, continúa Aranda.
“El Comité de Huelga es un requisito
imprescindible para convocarla de
forma legal y si corres el riesgo de
ser despedido, ¿qué trabajador se va
a hacer responsable?”, afirma.

Dos colectivos distintos de la
Unidad de Servicios de Cercanías
de RENFE, los trabajadores de las
taquillas y los interventores de
máquinas, convocaron dos huelgas
para el mismo día y con los
mismos argumentos.

En respuesta, la empresa decidió
sancionar el acto de protesta como si
fuesen dos hechos distintos. En este
caso, Renfe recibió el apoyo del juez.
Éste declaró ilegal el paro, lo que facilitó
que la empresa despidiese a los
miembros del Comité de Huelga.

“No podemos consentir que les
sancionen por eso”, protesta Aranda.
“Los trabajadores son presionados y
amenazados con el despido si no
aceptan firmar una carta en la que
individualmente renuncian a defenderse
jurídicamente de la primera de
las sanciones”, explica Aranda. Aun
así, a pesar del chantaje, los miembros
del Comité, cuatro de LAB y dos
de CGT, se negaron a aceptarlo.

Hasta el próximo 29 de marzo no
se pronunciará la sentencia definitiva,
en la que se confirmará si la huelga
era o no ilegal. Sin embargo, la
empresa se ha anticipado a la decisión
del juez y los seis trabajadores
han sido despedidos. Si finalmente
se decide que los empleados estaban
en su derecho de convocar la huelga,
la empresa tendrá que reparar los
daños causados a los mismos. Mientras
llega ese momento, los sindicatos
responsables del paro, LAB y
CGT, han solicitado que las sanciones
ante posibles daños o perjuicios
recaigan sobre los convocantes de la
huelga, antes de que éstas puedan
afectar a los propios trabajadores.

La precariedad se cobra otra vida

Un operador de 43 años falleció mientras realizaba labores de renovación en una vía de tren, en la línea Castejón-Pamplona. El fallecido trabajaba para una empresa subcontratada por ADIF para el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en todo el Estado. Todavía se está investigando si murió electrocutado o por caída desde una de las máquinas en las que trabajaba. Seis trabajadores perdieron la vida en el sector en 2005, y tres han muerto ya en 2006.

Todos los siniestrados trabajaban para subcontratas, lo cual refuerza la hipótesis sindical que apunta a la política de reducción de costes y subcontrataciones de la antigua Renfe como causa de los accidentes.

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