La responsabilidad
de transformar la violencia en
paz es compartida y el Gobierno
[español] debe encontrar formas
de hacer su contribución positiva”,
afirmaba Currin. Y es que la
manifestación, que se esperaba
multitudinaria y plural (estaba
respaldada por 42 organizaciones
y partidos), fue prohibida
dos días antes por el juez Ismael
Moreno a instancias del fiscal
jefe de la Audiencia Nacional,
Javier Zaragoza. En base a informes
policiales el magistrado
ordenó impedir la manifestación
por considerar que había “fundados
indicios” de que podría tener
como finalidad “apoyar la estrategia
y justificar las acciones de
ETA”. Al respecto, el auto judicial
de prohibición es muy similar al
escrito del fiscal. Según Zaragoza,
la plataforma Adierazi Euskal
Herria por los derechos civiles y
políticos, creada hace nueve
meses, tiene el apoyo de “históricos
dirigentes” abertzales y de
cargos municipales de formaciones
ilegalizadas. Tras la prohibición
de la primera manifestación
se convocó una segunda, esta
vez bajo el lema “Libertad de
expresión. Todos los derechos
para todas y todos”, a la que llamaron
varias personas, entre
ellas el ex consejero del Gobierno
Vasco, Sabin Intxaurraga, y
que fue de nuevo prohibida.

Pese a ello, varios cientos de
personas, miembros y simpatizantes
de la plataforma improvisaron
un acto en un local, rodeados
de un cerco policial, y
anunciaron un “auténtico movimiento
por los derechos civiles·”
en los próximos meses.
Pero los último impedimentos no
se circunscriben sólo al País Vasco.
En Madrid, donde se ha
constituido una plataforma de
apoyo a los procesados de Udalbiltza,
ha sido prohibido un acto
público. Como ya sucediera durante
la vista oral del caso Egunkaria,
la Delegación del Gobierno
ha prohibido la concentración
aduciendo la culpabilidad, antes
de conocerse la sentencia, de
los procesados. El acto, convocado
en una plaza madrileña para
el 14 de septiembre, tuvo que
ser trasladado a un local.