JUSTICIA // LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977 ES EL ARGUMENTO DE LA ACUSACIÓN CONTRA EL JUEZ GARZÓN
“El problema son los miles de fusilados que aún siguen en las cunetas y caminos”

Tras el intento de sentar en el banquillo a Garzón por pedir justicia, miles de personas se han echado a la calle para
revindicar la reparación de las víctimas del Franquismo.

26/04/10 · 16:05
Manifestación en Madrid el 24 abril por las víctimas del Franquismo. / Edu León

150.000 fusilados, 70 años después, siguen diseminados en más de 2.000 fosas comunes, como la de Málaga donde hay 4.700 cuerpos. Más de 30.000 niños robados durante el Franquismo, 3.500.000 represaliados, cientos de juicios sumarísimos sin anular y otros crímenes de la dictadura aún sin reparar.

A estos hechos se suma otro, Falange
Española de la JONS, partido
fascista que participó en la represión,
ha llevado a los tribunales a
Baltasar Garzón. Tras 35 años de
Democracia, el juez ha puesto sobre
la mesa las violaciones de la
dictadura. Al tiempo que se revelaban
más datos de la trama Gürtel,
investigada también por él, sobre la
corrupción del PP, se aceleraba el
hostigamiento de la extrema derecha
contra Garzón. Se le acusa de
prevaricar por pedir que se juzguen
los crímenes del Franquismo.

En 2008, Garzón emitió un auto
donde se detallaban los crímenes
de Franco. Un mes después, otro
auto amplió la lista de violaciones y
obligó a dejar en manos de los juzgados
ordinarios las denuncias.
Muchos han archivado los casos. El
juez solicitó también los nombres
de los dirigentes de Falange entre
julio 1936 y 1951. Ahora sus herederos
podrían sentarle en el banquillo,
gracias al juez del Supremo
Luciano Varela, que admitió la denuncia.
Las organizaciones de memoria
convocaron el 24 de abril a
decenas de miles de personas en las
calles de 20 ciudades del Estado español
y se llevaron a cabo concentraciones
frente a embajadas españolas
de seis países. Amnistía Internacional,
Human Rights Watch, juristas del Estado español como
Carlos Jiménez Villarejo, y otros de organizaciones internacionales
internacionales e incluso la
ONU han denunciado la persecución
al juez.

Una Ley de Memoria vacía

Según José María Pedreño, presidente
del Foro por la Memoria, “el
problema no es Garzón. El problema
son las víctimas del Franquismo”.
Para Pedreño, el intento de
juzgar al juez ha dado a conocer el
desamparo en el que se encuentran
los que sufrieron la dictadura frente
a una Ley de Memoria que califica
de “ley de la vergüenza”.

Para Carlos Agüero, de la Asociación
para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH)
, “las
manifestaciones son contra la impunidad,
contra una ley insuficiente
y un Estado que no quiere implicarse”.
La ARMH ha movilizado en
un encierro a 1.800 personas en
apoyo a los represaliados. Mientras,
Varela ha dejado fuera del proceso
a Falange, que inició la denuncia.

En el centro de la discusión sobre
las acusaciones de prevaricación,
está la Ley de Amnistía de
1977
, que se diseñó de espaldas a
los tratados internacionales. Naciones
Unidas ha llamado la atención
al Estado español en tres ocasiones,
la última en 2009, por mantener
esta ley aún vigente.

“Es una ley de punto final. Como
dijo la ONU, el régimen de Franco
fue similar al de Mussolini, practicó
la represión sistemática. Es hora
de condenar el Franquismo”, afirma
Pedreño.

Según el abogado Carlos Slepoy,
que acaba de presentar una querella
contra los crímenes del Franquismo
en Argentina
, “la amnistía se diseñó
para sacar a miles de presos políticos
de las cárceles, ahora se usa para
amparar a los represores”. Miguel
Ángel Rodríguez
, profesor de Derecho
Penal Internacional de la Universidad
de Castilla La Mancha, coincide
en que las leyes de amnistía no
son aplicables a crímenes internacionales,
de lesa humanidad, y menos
a las desapariciones forzadas. Asegura
que somos el segundo país del
mundo en número de desaparecidos
durante la dictadura, tras la
 Camboya de Pol Pot.

En la misma línea, el abogado del
caso Pinochet, Joan Garcés, recuerda
que el español es el único Estado
europeo en el que los crímenes contra
la humanidad no han sido ni investigados
ni juzgados. Sí lo han
hecho Grecia, Portugal y Alemania,
donde entraron en vigor normas
contra las sentencias injustas.

A esta impunidad se une el recorte
de la Justicia Universal llevado a
cabo por el PSOE, al dictado de
Israel, y con la connivencia del
Partido Popular. Slepoy señala que,
de cualquier manera, “los crímenes
de lesa humanidad se pueden juzgar
en otros países. En España hay
algunos jueces que juraron lealtad
al Movimiento, otros son herederos
de Franco. Por eso, hemos presentado
la querella en Argentina, acogiéndonos
a los principios de Justicia
Universal, como en el caso de
Pinochet o de Scilingo”. A pesar de
todo, asegura, “la sociedad española
ha sabido reaccionar. Se está viviendo
una auténtica epopeya”.

La Transición, poco modélica

Para Pedreño, el Gobierno tiene
que asumir responsabilidades. “Es
el Estado el que tiene la obligación
de hacer pedagogía, no ocultar lo
que pasó y permitir a la sociedad
conocer los hechos, sin mezclarlos.
No hubo dos bandos, hubo uno que
dio un golpe de Estado contra un
Gobierno legítimo, y un pueblo que
tuvo que organizarse. El Estado tiene
que asumir la identificación de
todas las víctimas, y no dejarlo en
manos de las familias y si tenemos
normas internacionales para juzgar,
se tienen que aplicar”.

Todo esto demuestra, según el
presidente del Foro por la Memoria,
el bajo perfil democrático español y
que “los mismos poderes que sustentaron
a la dictadura, siguen en el poder:
la banca, la Iglesia y algunos
miembros del Ejército. Incluso, hay
políticos hijos y herederos de los golpistas.
Se hicieron reformas pero no
se tumbó al
Franquismo”, sentencia.

Además, la Transición no fue tan
modélica como se dice, apunta Víctor
Díaz Cardiel, entonces en la dirección
del PCE, que sufrió nueve
años de cárcel. “PCE, PSOE y otros
miraron para otro lado. Ahora
sufrimos la herencia de Franco. Se
ha tocado a la derecha: el intento
de abrir los crímenes y la trama
Gürtel
. Esto los jueces franquistas
no lo permiten. El problema –concluye–
no es el acoso a Garzón, el
problema son los miles de fusilados
que todavía están en las cunetas
y en los caminos”.


El Estado no atiende a la ONU

La Resolución 39 (I)
de la ONU de 12 de
Diciembre de 1946

señala: “De acuerdo
a su origen, naturaleza
(...) el régimen de
Franco es un régimen
fascista basado en el
modelo de la Alemania
nazi de Hitler y la
Italia fascista de
Mussolini...”.

La
segunda declaración
de condena la hizo el
Consejo de Europa
de 17 de marzo de
2006, y en la lista
de crímenes, reconoce
por primera vez el
caso de los niños
perdidos del Franquismo
,
un año y
medio antes de la
Ley de la Memoria,
Una circunstancia
que ésta no recoge,
según Miguel Ángel
Rodríguez, experto en
derecho penal.

La
Ley de Memoria
es a
su juicio una ley
vacía, “que copia el
sistema de búsqueda
de desaparecidos
de la orden del 1 de
mayo del ‘40, por
eso no se encarga el
Estado, como es su
deber. La Ley de la
Memoria viola cuatro
artículos del Convenio
Europeo”.

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