ENTORNO // MADRID BUSCA CAPITAL PRIVADO PARA EL CANAL DE ISABEL II
Privatizar hasta la última gota de agua

Más de 150 años de historia, casi cien millones
de euros de beneficio anual y una gestión alabada
por propios y extraños. ¿Por qué quiere la
Comunidad de Madrid privatizar un servicio de
gestión del agua que sólo le reporta beneficios?
Muchas preguntas y pocas respuestas para un
proceso que parece casi imparable y que despierta
temor entre los defensores de lo público.

- Aguirre privatizará el Canal después de las elecciones del 22-M]

, Madrid
23/05/11 · 14:00
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Privatización del agua. Presa El Atazar

Si hay una palabra que defina el proceso
de privatización al que la
Comunidad de Madrid quiere someter
al Canal de Isabel II
–y que finalmente
parece que se concretará tras
las elecciones del 22 de mayo–, ésa
es opacidad: los rumores circulan
por doquier, los trabajadores se enteran
de los avances del proceso por
la prensa y nadie parece tener una
idea clara del valor de la empresa y
su patrimonio. Valoraciones aparecidas
en prensa estimaban que en
1989 el valor del Canal rondaba los
500.000 millones de pesetas (unos
2.900 millones de euros), de los que
unos 670 corresponderían al patrimonio
inmobiliario. Del valor actual
nada se sabe.

Aunque el pasado
año el canal encargó a cuatro consultoras
un estudio de la valoración
real de la empresa que costó a los
contribuyentes algo más de un millón
de euros, el resultado no se ha
hecho público a pesar de la petición
de varios colectivos, con el argumento
de que forma parte del proceso
de capitalización.

Desde la Plataforma Contra la
Privatización del Canal de Isabel II
(con grupos como ATTAC, Izquierda
Unida, Ecologistas en Acción,
Izquierda Anticapitalista, Comisiones
Obreras o la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid) temen que la privatización
abra la puerta a la especulación.
Y es que 160 años de historia
han servido al Canal para acumular
una ingente cantidad de propiedades
a lo largo y ancho de toda la comunidad,
incluyendo terrenos en
zonas centrales de la capital y viviendas
en toda la comunidad, ya
que el Canal tenía la costumbre
–muy extendida durante el
Franquismo– de construir pisos para
sus empleados. “La mayor parte
de estos inmuebles se vendieron a
sus habitantes, pero aún quedan algunos,
como los construidos en
1976 en la zona de Islas Filipinas en
Madrid capital, que son propiedad
de la empresa y que volverán a ella
en cuanto los empleados se jubilen
o sus cónyuges mueran”, aseguran
trabajadores del Canal.

Especulación y subidas

La ley 3/2008 de Medidas Fiscales y
Administrativas, también conocida
como ley de acompañamiento a los
presupuestos generales (y aprobada
con la abstención del PSOE, que se
ha unido a la campaña contra la privatización),
recoge que el Canal adscribirá
a la nueva sociedad –pública
al 51%– los bienes de dominio público
que constituyen la Red General
de la Comunidad de Madrid:
el sistema
integral de abastecimiento, el sistema
integral de saneamiento y el integral
de reutilización. Además, el
Canal aportará la titularidad de los
bienes no integrados en dicha red y
las participaciones en sociedades de
carácter mercantil. Es decir, la titularidad
de las empresas del grupo en
América Latina, y el suelo e inmuebles
no directamente relacionados
con la gestión del agua.

Entre estos bienes hay parcelas en
Fuencarral o Moratalaz, así como terrenos
de gran valor en el centro de
Madrid. Desde la plataforma se teme
que parte de este patrimonio termine
en manos inmobiliarias, sobre todo
los suelos de Plaza de Castilla, Islas
Filipinas o Bravo Murillo, que albergan
instalaciones administrativas y
depósitos de agua. “Depósitos que,
en cuanto esté terminado el segundo
anillo de abastecimiento, no serán
necesarios para el suministro y que
pueden alcanzar cifras millonarias
en el mercado”, aseguraba Santiago
Martín Barajas en un encuentro en el
Círculo de Bellas Artes. Desde el
Canal lo niegan rotundamente:
“Estos depósitos, almacenes reguladores
de agua, son necesarios porque
en caso de rotura o avería retienen
el agua para dar servicio a la capital.
Nos estamos defendiendo de
acusaciones que carecen de fundamento
real, sobre hechos que aún no
se han producido”. Los trabajadores
del Canal aún recuerdan, sin embargo,
los intentos de construir edificios
en Plaza de Castilla, frustrados por la
aparición de herederos exigiendo su
parte, ya que al ser terrenos expropiados
para uso público, el cambio
de utilidad necesitaría del acuerdo
de éstos.

Beneficios millonarios

De todas formas, otras fuentes aseguran
que el verdadero negocio está
en al agua:
“El canal tiene una facturación
diaria de siete u ocho millones
de euros”, apuntan miembros
de CC OO. El beneficio del Canal el
pasado año, una vez descontados
los impuestos, ascendió a más de
100 millones de euros. De hecho, ingresos
del Canal han servido para financiar
ampliaciones de la red de
Metro o mejoras en el servicio de
emergencias sanitarias de la comunidad.

“Se privatiza un mercado
cautivo, en régimen de monopolio,
con una clientela asegurada”, afirman
desde la plataforma contra la
privatización, a la vez que advierten
de que esto abre la puerta a subidas
abusivas de precios.
Agapito Ramos,
miembro del Comité de Empresa y
antiguo integrante de la Junta
Directiva, recuerda que los precios
deberán ser aprobados por la
Comunidad de Madrid, igual que se
ha venido haciendo hasta ahora.
Desde Ecologistas en Acción responden:
“¿Alguien se imagina una
empresa privada facturando más
precio a mayor consumo, como viene
haciendo hasta ahora el Canal?
Aún más: ¿Qué pasará con las campañas
de reducción de consumo?”.

ATTAC recuerda también que
otras experiencias similares en Europa
se han saldado con pérdidas de
calidad en el servicio, mayores fugas
de agua, aumento de precios y disminución
de la plantilla.
E incluso con
vueltas a la gestión pública tras años
en manos privadas, como en el caso
de París. “¿No hemos aprendido nada
de todo esto?”, se preguntan.


INCERTIDUMBRE
ANTE LA
PRIVATIZACIÓN

A pesar de su buena gestión,
las actuaciones del
Canal en el pasado no
han estado exentas de
polémica. En América
Latina, la expansión del
grupo (realizada mediante
sociedades anónimas) ha
“merecido” la condena del
Tribunal Permanente de
los Pueblos por la apropiación
de suelos indígenas,
subida abusiva de
precios y despidos masivos.
Precisamente ése es uno
de los puntos que más
preocupan a los trabajadores
del Canal.

La dirección
y los sindicatos firmaron
este año un acuerdo
de garantías por el
que los trabajadores
actuales mantendrán una
serie de derechos adquiridos
(no todos) mientras
la empresa siga bajo el
control público. El acuerdo
no recoge una de las
demandas más importantes,
el reconocimiento de
su condición de empleados
públicos, ya que
“para ello haría falta la
firma de la Comunidad de
Madrid”, explica María
Luisa Conde, miembro del
comité de empresa por el
sindicado CSIT-UP.

Esta
demanda cobra todo su
sentido por el temor de
los empleados a que la
futura empresa esté controlada
realmente por
manos privadas.
“Si han
ofrecido un 10% al
Ayuntamiento de Madrid,
pero éste sólo tiene la
obligación de conservar
un 3%, ¿significa eso que
un 7% de la parte pública
podría pasar a manos privadas?
¿Pasará lo mismo
con el resto de ayuntamientos?”,
se preguntan.
Desde la empresa se
remiten a la ley de acompañamiento:
“La futura
empresa será pública en
un 51%”.


El dinero
acerca posturas

En 2008, Alberto Ruiz Gallardón
era un firme detractor de la privatización
del Canal de Isabel II. Tres
años y 189 millones de euros más
tarde, el Ayuntamiento de la capital
se felicita por una operación
que además de la citada cantidad
(a pagar en dos años) le reportará
un 10% de las acciones de la
futura empresa y la posibilidad de
vender hasta el 7%. Ahora, el
Canal negocia con el resto de
ayuntamientos de la Comunidad,
a los que se rumorea que podría
ofrecer otro 10%.

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