El 10 de noviembre los
Presupuestos Generales
del Estado (PGE) iniciaron,
gracias al apoyo de
PNV y Coalición Canaria, su fase de
tramitación final en el Congreso.
Estos PGE presentan una particular
importancia, dado que van a ser
aprobados en el contexto de una durísima
crisis económica.

Tres son los desafíos que, desde
una perspectiva de izquierdas, deberían
enfrentar estos PGE: el primero,
levantar un “escudo social”
que protegiese a los trabajadores y
las clases populares frente a la crisis
(garantizando las coberturas por
desempleo y el acceso a unos servicios
públicos de calidad); en segundo
lugar, estos PGE deberían ayudar
no sólo a salir de la crisis, sino a
hacerlo de forma favorable a los intereses
de la mayoría social; y, en
tercer lugar, estos PGE deberían
constituir un punto de apoyo para la
puesta en marcha de un nuevo modelo
productivo (caracterizado fundamentalmente
por un nuevo patrón
de distribución de la renta y por
la sostenibilidad ecológica).

De este modo, con la tramitación
de los PGE el gobierno tiene ante sí
dos opciones: frenar el proceso de
socialización de pérdidas al que
asistimos desde que estalló la crisis
y atender las urgentes necesidades
sociales y ecológicas del país o, por
el contrario, seguir gobernando de
espaldas a dichas demandas sociales.
Parece que el Ejecutivo ha optado
por esta segunda opción.

Menos gasto público

El gobierno presenta estos PGE como
la cuadratura del círculo. Nos
dice que éstos son unos presupuestos
austeros, que garantizan la protección
social y el cambio de modelo
productivo. La primera condición
la cumplen. Las otras dos no.
La austeridad caracteriza sin duda
las partidas de gasto de estos
PGE. El gasto público disminuye un
3,9% respecto de los presupuestos
del año pasado, y los estímulos fiscales
para enfrentar la crisis se reducen
de 20.000 a 6.000 millones de
euros. Se congelan los salarios de
los empleados públicos y sólo se cubrirán
el 15% de sus vacantes. El
Gobierno opta con ello, a diferencia
de otros países de la UE, por una
fuerte contención del gasto público,
escudándose en la necesidad de
cumplir en 2012 los criterios fijados
por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
impuesto por Bruselas. En
un contexto de fuerte descrédito de
dicho corsé neoliberal, el Gobierno,
en lugar de cuestionar abiertamente
el sentido antisocial de dicho pacto,
procede a apuntalarlo.

Más del 50% del gasto público irá
destinado a gastos sociales (pensiones,
vivienda, desempleo...). Sin embargo,
dado el tremendo impacto
de la crisis laboral y social que vive
actualmente la economía española,
la tímida consolidación de estas partidas
de gasto no va a garantizar el
“escudo social” al que anteriormente
se aludía (valga como ejemplo el
hecho de que, a día de hoy, un millón
y medio de desempleados no
cobran prestación alguna).

Al mismo tiempo, el gasto público
en infraestructuras se reduce un
2,4% y el gasto en I+D+i lo hace un
3,1%. Además, estas partidas de
gasto se concentran de nuevo en
megaproyectos “productivos”, desatendiéndose
la necesaria transición
ecológica de la economía (que
debería pasar por una fuerte reducción
de las emisiones de dióxido de
carbono y por el fomento de la rehabilitación
inmobiliaria).

Por otro lado, estos PGE traen
consigo una reforma fiscal caracterizada
por su regresividad. El Gobierno
prevé un aumento de los ingresos
del Estado de casi 6.000 millones
de euros, fruto del aumento
del IVA, y del incremento del Impuesto
sobre las rentas del Ahorro
(desde el 18% hasta el 21%). Ambas
medidas presentan un claro componente
regresivo: los impuestos sobre
el consumo los pagan personas
con niveles de renta muy distintos,
mientras que las rentas del ahorro
sujetas al segundo de los impuestos
se corresponden fundamentalmente
con rentas de los asalariados (las
grandes fortunas mantienen sus
ahorros en las SICAV, cuyas plusvalías
siguen tributando al 1%).

Así, el Gobierno presenta unos
presupuestos antisociales, regresivos
y antiecológicos, que no cubren
los principales desafíos a los que inicialmente
se aludía: se renuncia a
fortalecer el gasto social como escudo
ante la crisis para la mayoría de
la población, se descartan inversiones
públicas que sienten las bases
de un nuevo modelo productivo, y
se refuerza el carácter regresivo de
la estructura impositiva.

Unos presupuestos alternativos,
coherentes con gobernar a favor
de los intereses de los trabajadores,
podrían ser financiados, por
ejemplo, mediante una subida de
los tramos más altos del IRPF, la
restauración del impuesto sobre
patrimonio, la instauración de un
impuesto sobre las grandes fortunas,
elevando el gravamen de las
plusvalías de las SICAV, eliminando
las exenciones del impuesto de
sucesiones y donaciones o combatiendo
el elevado fraude fiscal.

Sin embargo, los actuales PGE
optan por mantener una continuidad
con las anteriores medidas del
gobierno frente a la crisis: contribuyen
al proceso de socialización de
las pérdidas y dificultan una salida
beneficiosa para los intereses de la
mayoría social. La ministra Salgado
declaraba recientemente que la política
de izquierdas “se puede hacer
con el gasto, no con los ingresos”.
Parece que el Gobierno renuncia –por convicción ideológica y por
miedo al enfrentamiento con la patronal–
a hacer política de izquierdas
tanto con los gastos como con
los ingresos. Se constata con ello,
una vez más, su deriva liberal plegada
a los dictados de Bruselas.