Ilustración: Le Corbeau

El pasado 2 de marzo, el
predecible presidente del
Gobierno español volvía a
dar otra sorpresa. Frente a
sus anteriores declaraciones, anunciaba
ahora que los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
2012 se fijarían con un objetivo de
déficit del 5,8% en lugar del 4,4%
comprometido en su día con
Bruselas por el anterior ejecutivo y
refrendado por el actual.
Finalmente el Eurogrupo impuso
la meta del 5,3%.

Algunos elementos justificaban la
postura del Gobierno: el 4,4% pactado
en su día se estableció conforme
a unas previsiones de crecimiento
ahora utópicas; mejor ser más realistas
y presentar ante los mercados
unos objetivos de déficit algo
menos imposibles; la contrarreforma
laboral serviría como aval de la
férrea voluntad del Ejecutivo.
Además, las nuevas cifras pactadas
permiten elaborar unos presupuestos
un poco menos restrictivos,
acordes a la nueva recesión, si bien
manteniéndose prudentes dentro
de los márgenes canónicos del ajuste
salvaje.

La concreción exacta del ajuste
fiscal solo se sabrá una vez se hagan
públicos los PGE. Pero ya se atisba
alguna certeza: incidirá sobre todo
vía recorte de gasto público, y con
ello, de derechos.

Se repite machaconamente aquello
de “no hay más remedio”. El argumento
justificativo sería más o
menos así: sufrimos una crisis fiscal,
provocada por unas políticas
públicas irresponsables. Para financiar
el enorme déficit público generado
es necesario recuperar la credibilidad
ante los acreedores, al
tiempo que reducimos la dependencia
con respecto a la necesidad de
financiación. Se trataría, dicen, de
una constricción inevitable que
compensase los excesos del pasado.
Pero todo esto descansa en una serie
de falacias. Veamos.

ORIGEN DE LA CRISIS

La crisis
no es fiscal, sino bancaria. Su origen
no se localiza en Grecia, sino en
EE UU, dado que es allí donde se
ubica el mercado financiero más sofisticado
del mundo. Los problemas
posteriores son consecuencia de esa
crisis previa, que secó los canales de
crédito.

¿QUIÉN DEBE QUÉ?

Los excesos
proceden del sector privado. Las sofisticaciones
financieras resultaron
ser la reinvención de la rueda, o cómo
sobreendeudarse sin que se note.
Sólo el 20% de la deuda total en
España corresponde al sector público.
El 80% restante es deuda privada,
fundamentalmente corporativa
y bancaria, y en menor medida de
hogares. Quiere esto decir que, si se
va a purgar el sobreendeudamiento
con el ajuste fiscal, se va a atajar un
problema donde menos existe.

GASTO PÚBLICO

El gasto público
es un falso culpable. España está a
la cola de la UE en cuanto a gasto
público y gasto público social con
respecto al Producto Interior Bruto.
Su gasto en estos apartados es inferior
al de Estados de la Unión como
Polonia o Hungría y el más bajo de
eurolandia, después del paraíso fiscal
de Luxemburgo. Cierto es que,
con la crisis, el incremento del gasto
ha sido uno de los más acusados,
pero si le quitamos la partida destinada
a prestaciones por desempleo,
su alza está por debajo del promedio
en la UE. Recordemos de paso
que tales prestaciones no son una
graciosa concesión gubernamental,
sino un derecho tras haber cotizado.
Por tanto, el incremento del gasto
no fue tanto por la intervención
activa del Estado tras el estallido de
la crisis. Más bien el problema fue el
contrario: se pudo hacer más.

DÉFICIT

El déficit presupuestario
no es causa sino consecuencia de la
crisis. Hasta 2008 las arcas públicas
ingresaban más dinero del que gastaban
y el Estado español era cumplidor
ejemplar del Pacto de
Estabilidad. El abultado déficit posterior
se explica más por la caída de
los ingresos fiscales, cuyo derrumbe
ha sido único en su intensidad,
mayor incluso que el caso griego.
La razón última es un sistema tributario
dominado por los impuestos al
consumo y a las cargas sobre el trabajo
frente al capital, amén de la
burbuja inmobiliaria.

Otra clase de soluciones

Una cosa es cierta: España, como el
resto de Estados periféricos, es importador
de ahorro externo y, con
ello, más dependiente de unos hipertrofiados
mercados financieros
y sus intereses. No resulta por ello
adecuado mantener en el tiempo
abultados déficits, pero hay muchas
formas de reducirlo. Algunas hasta
sencillas técnicamente. Así, un impuesto
de sociedades del 35% para
aquellas con más de un millón de
euros de beneficios aportaría 13.900
millones de euros (se estima que, de
media, las empresas pagan realmente
mente un 10%); equiparar los niveles
de fraude fiscal al promedio UE
(13% frente al 23% actual estimado)
supondría ingresar 38.000 millones
(fraude procedente en más de un
70%de grandes corporaciones). Los
déficits son también los impuestos
que no se recaudan. Sin embargo,
se hablará de la “inevitabilidad” de
medidas tales como el repago sanitario
(copago, lo llaman).

Los objetivos de déficit quizá
tranquilicen por un tiempo a los
mercados, pero la historia se repetirá,
pues son inviables: el recorte del
gasto público con recesión y desempleo
masivo resulta contraproducente
por definición. Mientras,
cualquier plan de estímulo que se
anuncie con ajuste fiscal será soplar
y sorber a la vez.