Desde finales de éste enero se están
manteniendo reuniones para
tratar un nuevo Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que
supondrá la reducción de 2.700
empleos en la empresa pública ferroviaria
ADIF. Esta empresa es
la responsable del mantenimiento
de infraestructuras de la red
ferroviaria nacional, y tiene ya el
menor nivel de plantilla por kilómetro
de vía y el mayor de productividad
por trabajador de toda
la Unión Europea.

Este ERE mantiene los perfiles
tradicionales de todos los anteriores
realizados en Renfe: la jubilación
anticipada a los 58 años
y las bajas incentivadas. “Todo
ello se enmarca en una política
que pretende la privatización de
la empresa pública ferroviaria y
cambiar empleo fijo con derechos
por empleo precario”, según indica
Juan Carlos Pérez, secretario
de acción sindical de la Confederación
General del Trabajo
(CGT) en ADIF. Y prosigue: “Este
expediente afectará sustancialmente
a infraestructuras y mantenimiento,
generando cierres de
estaciones, lo que perjudicará la
calidad del servicio y la seguridad
del tráfico ferroviario”.

Al presente despido colectivo le
han precedido otras regulaciones
de empleo de igual signo en Renfe
desde 1992. En ese mismo año,
los expedientes afectaron a 9.351
trabajadores; entre 1994 y 1998 el
número de plantilla afectada fue
de 5.850; entre 1999 y 2002, los
afectados sumaron otros 5.800
trabajadores. Si bien la jubilación
anticipada ha sido una tradición
en el sector, lo cierto es que el sector
ferroviario ha pasado de tener
150.000 trabajadores (en su constitución),
a los aproximadamente
29.500 trabajadores actuales segregados
en dos empresas desde
el 31 de diciembre de 2004, con la
entrada en vigor de la Ley del
Sector Ferroviario.

Los ERE que han ido sucediéndose
desde 1992 son indiscriminados
y no consideran la capacidad
productiva de la empresa.
Los sectores más afectados han
sido los talleres, los taquillas, los
interventores, el mantenimiento
y la administración. Todos están
siendo privatizados poco a poco.

Privatización subvencionada

Los Expedientes de Regulación
de Empleo que se han ido produciendo
dentro del sector ferroviario
gozan de una singularidad
que los convierte en discriminatorios
con respecto al resto de los
trabajadores. “¿Por qué razon los
trabajadores de RENFE o de
otras grandes empresas pueden
prejubilarse a costa del erario público
y los demás trabajadores no
pueden?”, se preguntan algunos
miembros de la Plataforma por la
Defensa del Sector Público.

Las prejubilaciones a los 58
años que se contemplan en estos
expedientes pasan a cargo de los
servicios de empleo durante dos
años. Esto hace que el trabajador
prejubilado esté cobrando de este
organismo hasta los 60 años,
cuando procede a jubilarse de
manera legal. Estos dos años a
cargo de la protección social pueden
ser contemplados como una
subvención encubierta por parte
del Estado a la privatización del
sector público ferroviario.

A pesar de esta situación, los
sindicatos CC OO, UGT, SEMAF
y ahora el Sindicato Ferroviario
(escisión de CC OO) han apoyado
e incluso propuesto los diferentes
expedientes. Según indica
Rafael Mateos, responsable de
comunicación de CC OO para el
sector, “independientemente de
nuestra posición sindical, los afiliados
están locos por prejubilarse,
nuestra obligación es velar
por las mejores condiciones para
los que se quedan y también para
aquellos que se tienen que ir”.
Para Mateos, “cierto es que hay
lugares donde hay problemas de
plantilla, pero este problema es
independiente de los ERE”.

Esta situación de vaciamiento
de plantillas no sólo posibilita la
entrada de subcontratas, sino que
también ha propiciado la realización
de más de 1.600.000 horas
por encima de la jornada laboral
vigente en 2004, a base de horas
extra, descansos trabajados, horas
de mayor dedicación y horas
de fuerza mayor, según se desprende
de informes elaborados
por la propia empresa.

Curiosamente el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, declaraba
como portavoz de la oposición
socialista en el Congreso en julio
de 2003: “El Gobierno debería
obedecer a una estrategia de fortalecimiento
de los sectores públicos
que en este momento no
existe, y si hay que fortalecerlo el
empleo es necesario. El Gobierno
sólo quiere ahorrar en servicios
esenciales que se establecen sobre
el coste, en este caso, sobre
expedientes que suponen pérdida
de muchos puestos de trabajo”.
Caldera aludía al Expediente
de 2003, propiciado durante el