En un sistema capitalista, el “capital” es el recurso de producción crítico, está separado y hasta en oposición con el trabajo. La teoría es de Peter F. Drucker, autor de La Sociedad Post Capitalista y propagandista de conceptos tan en boga como privatización, management o emprendimiento. A Drucker también se le atribuye el dicho de que para salir de un hoyo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar, pero eso no está contrastado.

La cuadratura del círculo beneficio-empleo sigue presidiendo las distintas cumbres organizadas en torno a la crisis en Europa. La próxima, los días 27 y 28 de junio, reúne al Consejo Europeo, una de las instituciones claves de la gobernanza europea, que conforman los 27 jefes de Estado, el presidente del mismo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Esta cita destaca en una agenda que sigue siendo amenazante para los países de la periferia europea, pero también para los del centro, que ven lejanos los objetivos de crecimiento anual de sus economías. Se produce un año después del recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana.

Un mes después del Consejo de Europa de junio de 2012, el coste de financiación de la deuda española aumentaba por encima de los 630 puntos respecto al bono alemán y el IBEX-35 tocaba suelo. Tras la inyección de liquidez autorizada por el BCE y la puesta a disposición de cien mil millones para el saneamiento de las cajas, a cambio de un recrudecimiento de las políticas de austeridad, la prima de riesgo bajó y el IBEX subió. Pero en el último mes la tendencia ha vuelto a cambiar. Los costes de financiación de la deuda han vuelto a subir por encima de los 300 puntos y la bolsa ha bajado a niveles de abril.

La unión bancaria, que se reclamaba ya entonces como remedio a la volatilidad de los mercados, será uno de los puntos de la reunión del Consejo Europeo. Sin embargo, la proximidad de las elecciones en Alemania, donde se producen las mayores dudas respecto a ese modelo de supervisión única, bloquea un avance en este sentido.

De cara a esta reunión, el Gobierno de Rajoy ha pactado con la oposición socialista, encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba, un documento de trabajo de ocho puntos. Así, el Gobierno y el PSOE plantean como principales escapatorias a la crisis tres ejes: el crecimiento del PIB a un nivel del 1% del PIB anual; la creación de empleo y la reactivación del flujo de crédito, a través de varias medidas entre las que destaca un ‘chute’ de hasta cien mil millones por parte del Banco Europeo de Inversiones, supeditado a nuevas reformas.

La apuesta de la dupla PP-PSOE por el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas sigue una de las recomendaciones que el Fondo Monetario Interna­cional publicó el 18 de junio tras su visita a Madrid en mayo. El FMI pide que el sector bancario reconozca más pérdidas, para lo que podría darse otro bocado al rescate en octubre, como ha sugerido el gobernador del Banco de España. El hecho de que en 2006 se alcanzase el nivel máximo de créditos y que un año después parte de esos créditos comenzasen a formar parte de lo que el FMI llama “activos deteriorados” pasa a segundo plano en este análisis de necesidades.

Rebajas salariales

Otro de los puntos en que coinciden PP, PSOE y FMI es en apuntalar los pilares de la llamada “unidad de mercado”, para “liberalizar” trámites y servicios para el acceso a la financiación y concursos de las empresas en la zona euro, algo que apunta directamente al sector público y que influye también en la deslocalización de empresas.

El último punto del documento que se entregará en el Consejo Europeo apela al papel de los agentes sociales, que deben participar para “asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación pública”. Guiado por este espíritu, el Gobierno celebró el 24 de junio una reunión con los sindicatos de concertación y la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos tras la que la Ministra de Empleo aseguró que “la reforma laboral ya está hecha”. No opina lo mismo el organismo que dirige Christine Lagarde, que entre sus “necesita mejorar” incluye la necesidad de más flexibilidad interna. El FMI pide que se reduzca la brecha entre contratos permanentes y temporales –para lo que pide menos indemnización por despido en los primeros y restricciones a la negociación colectiva–, que se “reduzca el margen de interpretación judicial de los despidos objetivos” y el aumento de incentivos fiscales a la patronal de cara a la contratación.

El 21 de junio, el secretario de Estado de Seguridad Social presionaba al partido de Pérez Rubalcaba para que el PSOE se adhiera al pacto que se plantea tras la publicación del informe del grupo designado para la reforma de las pensiones. Tras las críticas a la fórmula del factor de sostenibilidad y al papel del enviado de CC OO a ese grupo de trabajo, el camino de esta modificación de las condiciones de jubilación no parece sencillo para los principales partidos. El FMI lo tiene claro, y apuesta por el factor de sostenibilidad como garantía “de la sostenibilidad de las pensiones”. Son diferencias que marcarán el recorrido de un Pacto de Estado que sucede a la modificación de la Constitución aprobada en agosto de 2011. El objetivo: encontrar el unicornio que pasta allí donde aumentan los beneficios y se genera empleo.