ANÁLISIS | VIVIENDAS PROTEGIDAS
Políticas de vivienda

La autora señala el fallo endémico de los planes de
vivienda y su relación con la falta de acceso a ella,
rescatando algunos compromisos del último plan.

, Arquitecta y urbanista
18/02/06 · 14:11
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Es sorprendente que con un
parque sobredimensionado
(en 2001 existía una vivienda
por cada dos habitantes,
sin contar los 2,5 millones de
viviendas construidas desde entonces),
infrautilizado (el 30% del parque
está compuesto por viviendas
vacías o secundarias), nuevo (el 71%
del parque ha sido construido después
de 1960) y bien conservado (el
91% de la viviendas secundarias y
principales y el 81% de las vacías está
en buen estado) sea necesario hablar
del problema de la vivienda. Sin
embargo, el desorbitado precio y la
falta de alternativas en el acceso
(81% de viviendas en propiedad y
13% en alquiler libre) dejan a determinados
colectivos excluidos.

Lejos de ser casual, esta situación
es consecuencia de la política de vivienda
diseñada por los distintos gobiernos
durante los últimos 45 años.
Independientemente de la orientación
política del redactor, todos los
planes intentan cumplir dos objetivos
irreconciliables: garantizar el acceso
a la vivienda y fomentar la construcción
como motor económico del
país. Como principal apuesta para
garantizar el acceso, todos esos planes,
incluido el último aprobado para
2005-2008, subvencionan la construcción
y la compra de viviendas
protegidas. Pero ante la escasa promoción
pública, la decisión última
queda en manos del mercado. Los
constructores han optado históricamente
por las viviendas libres en períodos
de bonanza económica, aprovechando
el amplio y creciente margen
de beneficios ante la subida del
precio de la vivienda. En períodos de
recesión, en los que el precio se contiene
y el número de potenciales
compradores se reduce, como el que
parece empezar en estos momentos,
se inclinan por la vivienda protegida
como producto más seguro. En este
aspecto, el plan de vivienda recientemente
aprobado no inventa nada
nuevo, mantiene una fórmula que
sólo pone un parche a corto plazo y
redunda en las deficiencias actuales
del parque.

Aunque se incluyen ciertas medidas
que podrían dar una respuesta
más adecuada al problema real: la
extensión del régimen de protección
de estas viviendas hasta los 30 años
limitando el precio de venta y las características
del nuevo propietario;
la extensión de las ayudas a la compra
de viviendas usadas aprovechando
los recursos existentes; el diseño
de ayudas para los colectivos con
más dificultades y no para la clase
media como en el período político
precedente; la voluntad de crear un
parque público de viviendas en alquiler
promovido y construido por la
SEPES capaz de dar soluciones a largo
plazo; la subvención de rehabilitaciones
de edificios con el fin de
destinarlos al alquiler protegido; o
las ayudas al alquiler. Falta por ver si
las administraciones, los promotores
y demás agentes implicados son
capaces de asumir el riesgo de un
cambio de estrategia

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