Es hora de inventar una salida política

 El economista responde 
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A principios de agosto el Gobierno español envió a Bruselas su plan presupuestario 2013-2014. Su carácter plurianual obedece a exigencias europeas como contrapartida a la concesión de un año más de margen para cumplir con la Recomendación de Déficit Excesivo, emitida por el Consejo Europeo en 2009, y que fijaba 2013 como fecha límite para alcanzar un déficit público igual o inferior al 3% del PIB. Así pues, a cambio de posponer el objetivo a 2014, el Gobierno ha elaborado un programa que detalla las medidas de ajuste necesarias para cumplir tal meta.

El plan presupuestario prevé obtener entre incrementos por ingresos fiscales y recortes del gasto público, un total de 102.956 millones de euros distribuidos en 13.118 millones para este mismo año, 38.956 millones en 2013 y 50.075 millones de euros más en 2014.

Ingresos y gastos

Por el lado de los ingresos, las opciones recaudatorias se centran en la imposición indirecta, especialmente el alza del IVA (del 18% al 21% en su cuota general). Mientras, las medidas de tributación directa se limitan a eliminar deducciones fiscales en el IRPF (como la de compra de vivienda) y en el impuesto de sociedades, pero sin subirlo.

Respecto a la subida del IVA, en situaciones recesivas las empresas tienden a absorberla para no trasladarla a precios. Pero el menor margen empresarial se compensaría con destrucción de empleo, propiciado por la reforma laboral. Mientras, su incidencia en los precios perjudicaría a un consumo ya muy debilitado. El plan del Gobierno parece haber tenido en cuenta a su manera ambos aspectos. Con la idea de mantener el empleo, la medida se acompaña con una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las empresas. Pero la destrucción de empleo no es una cuestión de coste laboral, sino de caída de la demanda, precisamente afectada por el paro y el ajuste salarial. Lo que sí logrará será incrementar el déficit de la Seguridad Social, ya en números rojos ante el desempleo masivo. Aunque no esté anunciado, resulta por ello harto probable algún recorte adicional en las pensiones para compensarlo. El otro efecto adverso es que perjudique al consumo. La “solución” al respecto ha sido pasar un buen número de artículos del impuesto reducido al nuevo general (del 4% al 21%). El motivo reside en que por su mayor necesidad de consumo, tenderá a mantenerse su demanda aunque suba el precio. La maniobra es cruel pues si ya los impuestos indirectos son regresivos esto perjudica más aún a las rentas más bajas.

Por el lado de los gastos, éstos constituyen la principal vía para alcanzar el ahorro objetivo de 102 mil millones de euros en 2014, incluyendo al gasto social.El plan hace recaer una parte sustancial del ajuste sobre las Comunidades Autónomas, cuyas metas de déficit no han sido relajadas con el año extra de margen, aunque las de la Administración central sí lo hayan hecho.El interesado y falso debate sobre la supuesta “inviabilidad” autonómica sirve como cortina de humo para escamotear un ataque frontal al Estado de bienestar, pues el gasto social se encuentra prácticamente transferido a éstas. Así, el plan exige a las Comunidades Autónomas unos recortes en sanidad y educación de 15.535 millones de euros para los próximos dos años (repartidos en 6.267 millones de euros en 2013 y otros 9.267 para 2014). A dichos recortes sociales hay que sumar los 3.024 millones en el sistema de dependencia entre 2012 y 2014 que suponen su derogación en la práctica.

Previsiones dudosas

El plan fija un ajuste anual creciente en virtud de suponer un mejor desempeño económico hasta recuperar el crecimiento en 2014. Este acto de fe obvia los efectos contractivos de reducir el déficit seis puntos en apenas tres años en un contexto de recesión. Lo disparatado de semejante planteamiento no sólo lo reconoce el sentido común más básico, sino hasta la economía ortodoxa. Ante una crisis por acumulación de deuda privada, los agentes económicos tratan de deshacerse de ella a la vez. Así, los hogares minimizan su consumo, las empresas su inversión productiva y los bancos la concesión de crédito. La economía se estanca, se desploman los ingresos mientras permanecen los pagos, y se llega a la paradoja de que cuanto más pagas más debes. La única salida a este círculo infernal, aparte de inevitables reestructuraciones de deuda, pasa por más y no menos gasto público y que los tributos dejen de privilegiar a los ingresos del capital y las rentas más altas.

Sin crecimiento los problemas recaudatorios persistirán. Los datos al respecto para la primera mitad de este año ya lo vaticinan, con un descenso interanual del 1,4% frente al incremento esperado del 4,3% para 2012, que presagia próximos ajustes adicionales. El Gobierno confía que ese ansiado crecimiento venga de una mayor demanda exportadora, pero mientras la eurozona siga con la ruta suicida del ajuste colectivo la recuperación en el área no llegará en 2013 como prevé el ejecutivo. Ante unas previsiones irreales y unos efectos nefastos, el plan sólo podrá ser un fracaso.