TLC // CONSECUENCIAS EN EL CAMPESINADO LATINOAMERICANO
Una plaga para la agricultura

Aunque la agricultura no
es el único punto del TLC
que ha provocado rechazo
en los movimientos,
concentra buena parte
de las críticas.

31/03/06 · 21:00

La agricultura es una fuente crucial
de subsistencia para millones de
personas en América Latina. Alrededor
de 123 millones de personas
viven en las áreas rurales (25% del
total de la población) y dependen
directa o indirectamente de la agricultura.
De estos, 77 millones
(63,7%) viven en la pobreza y 47
millones de ellos en extrema pobreza.
Por tanto, el campo asegura
el acceso a alimentos para sus ciudadanos
más pobres y es una fuente
de recursos económicos para sus
grandes poblaciones rurales. Y en
este contexto se presenta el Tratado
de Libre Comercio (TLC)
que EE UU pretende firmar con sus
vecinos del sur.
El impacto de este tratado en Latinoamérica
se puede vislumbrar
echando una ojeada a lo que ha sucedido
en México diez años después
de que éste país firmara un
tratado de las mismas características
con EE UU y Canadá. Los niveles
de abandono del campo en
México son verdaderamente dramáticos.
Los campesinos y campesinas
expulsados se han convertido
en mano de obra barata que ha
ido a parar, entre otros, a los talleres
de ensamblaje o maquilas mexicanas
(en condiciones de trabajo
aberrantes) o a las grandes explotaciones
agro-industriales de EE
UU. Medio millón de pequeños
agricultores del país han perdido
sus tierras porque la práctica del
dumping de las grandes empresas
norteamericanas ha bajado los
precios del maíz y otros granos a
unos niveles que han obligado a
muchos agricultores a abandonar
sus cultivos por no poder vender
su producción.
¿Puede repetirse la historia en
el resto de países firmantes del
tratado? Todo parece indicar que
las consecuencias serán más duras,
ya que la economía mexicana
tiene más fortaleza que la del resto
de países sudamericanos. La puesta
en marcha se llevará a cabo con
mecanismos que afectarán especialmente
al mundo rural, sobre los
que se sobrepondrá un conjunto de
medidas más generales del acuerdo.
Tales mecanismos son:

1) FIN DEL APOYO ECONÓMICO. El TLC
deja a los agricultores sin ningún
tipo de apoyo económico de origen
público. Deberán desaparecer medidas
como subsidios a los pequeños
productores, créditos blandos,
créditos o programas de apoyo específico
a los pequeños agricultores,
programas de fomento al consumo
interno de productos nacionales,
etc. Jaime de Olarte, director
de CINDEC, una organización peruana
que trabaja por el desarrollo
agropecuario de comunidades
campesinas en la región de Cuzco,
afirma que “al no invertir los gobiernos
en el campo, hay una imposibilidad
de competir con productores
norteamericanos que, además, tienen productos subvencionados”.
Las autoridades nacionales
pierden la capacidad de definir
políticas de desarrollo rural.

2) FIN DE OTROS APOYOS. Pasarían a
la historia acciones como permitir o
apoyar el establecimiento de mercados
campesinos o apoyar las decisiones
de comunidades rurales en
torno a la conservación de cuencas
o áreas forestales. Se imposibilitan
así las opciones que pudieran tener
las organizaciones y comunidades
campesinas e indígenas de establecer
procesos de control local o relaciones
más democráticas con gobiernos
locales, y obligaría a las autoridades
a todo nivel a reprimir iniciativas
locales interpretadas como
barrera a la expansión empresarial.

3) PUERTAS ABIERTAS A LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS IMPORTADOS. El TLC
establece una reducción inmediata
y progresiva de aranceles a los productos
importados, hasta llegar a
su total eliminación.
¿Qué puede pasar?
Un primer escenario cierto es que
veremos a América Latina invadida
de maíz, trigo, soja, carne y productos
lecheros provenientes de
Canadá, Estados Unidos y de los
grandes productores argentinos.
Omar Velasco, secretario de la Federación
Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba
(Bolivia) sentencia que “va a
entrar más trigo y cereales de EE
UU que va a aniquilar las ya precarias
producciones nacionales”.
Inicialmente podrán entrar a bajo
precio, gracias a los grandes subsidios
que seguirán recibiendo durante
los primeros años los productores
de Canadá y Estados
Unidos, y a las condiciones aún favorables
que poseen estas producciones
en Argentina.

El maíz importado probablemente
reemplazará al maíz producido
por los campesinos locales, especialmente
en el consumo de las
ciudades. Es posible que se intente
imponer el consumo humano masivo
de la soja en detrimento del
consumo de cultivos como el fríjol,
la papa y la yuca, pero también de
los cultivos equivocadamente llamados
“menores”, como la quinua,
los tubérculos andinos y muchos
otros. La merma en el consumo significará
para los campesinos una
dificultad creciente para colocar
sus productos y la muy probable
pérdida de cientos de variedades
locales que no se cultivarán por
dejar de ser rentables.
Sería posible pensar, como solución
a esto, en un proceso de cambio
rápido en los sistemas de producción
campesinos, a fin de que
incluyan en mayor grado otros cultivos
alternativos. Pero olvidamos
otro de los puntos importantes de
los TLC. Los campesinos seguirían
sujetos a quienes controlan la comercialización
y a una agresión adicional:
la imposición de sistemas de
propiedad intelectual de muy amplia
cobertura. “Lo que se traduce
en que gente de fuera patente el
maíz de acá, que está aquí y que forma
parte de nuestra cultura desde
hace miles de años”, añade Jaime
de Olarte. Con ello, toda semilla de
un nuevo cultivo deberá comprarse,
cultivarse y utilizarse de acuerdo
a las condiciones impuestas por
las empresas semilleras. Tales empresas
podrán obligar a los agricultores
y campesinos a comprar
la semilla todos los años, y luego a
sembrarla, cultivarla y venderla de
determinada manera, incluyendo la
obligación de comprar determinados
insumos. Quien no se someta a
estas condiciones no podrá comercializar
su producción, y corre el
riesgo que toda su cosecha sea embargada
o destruida. “Aquí en
Cochabamba la agricultura está decaída
por la esterilidad que han provocado
las semillas externas. Otra
mucha gente está vendiendo sus
tierras para emigrar fuera del país”,
recuerda Omar Velasco.
Quien sí se someta a las condiciones
impuestas por las grandes corporaciones
deberá sufrir el aumento
significativo de sus costos de
producción. Es posible prever que
grandes sectores campesinos no
podrán continuar produciendo,
mientras otros se endeudarán con
entidades privadas, ya que el crédito
público desaparecerá totalmente.

Más tarde o más temprano,
todo parece desembocar en la imposibilidad
de seguir produciendo
para el mercado.
Se conforma así un cuadro en
que las grandes empresas podrán
controlar desde la semilla hasta el
consumo, pasando por cada uno
de los aspectos de producción, comercialización
y procesamiento.
Esto será la ruina para gran cantidad
de campesinos que, al no ser
rentables sus cultivos, abandonarán
sus tierras. Comenzará un proceso
de control empresarial de
grandes territorios.
Para Moisés Torres, presidente
del Movimiento Sin Tierra (MST)
de Bolivia, “aquellos que tengan dinero
suficiente, tanto nacionales como
extranjeros, podrán comprar las
tierras a comunidades enteras, lo
que puede suponer la desaparición
de los campesinos originarios de este
país con sus más de treinta nacionalidades
diferentes” que podrán
permanecer sólo como mano de
obra barata y desprotegida. La biodiversidad
de las áreas silvestres
quedará controlada por las grandes
empresas. El conocimiento campesino
e indígena pasará a ser propiedad
empresarial y los pueblos que
lo crearon deberán abstenerse de
compartirlo o utilizarlo. Para Jaime
de Olarte, de CINDEC, “con el TLC
se produce una ley del embudo, la
parte ancha para el Imperio y la estrecha
para mil millones de personas
que estamos sometidas”.

¿Uruguay
'loves' TLC?

El ministro de Economía uruguayo
Danilo Astori, pocas horas antes de
terminar 2005 declaró que el
gobierno del Frente Amplio estaba
interesado en firmar un TLC con
Estados Unidos «lo antes posible»
para conseguir, según sus palabras,
«trabajo de buena calidad» mediante
las inversiones extranjeras. Las
críticas de la sociedad civil y
amplios sectores del partido oficialista
obligó al presidente Tabaré Vázquez
a declarar que el Gobierno no
preveía negociaciones comerciales
con EE UU en su agenda.

Continuidad
en Chile

A pesar de la voluntad declarada
de intentar reducir las abismales
desigualdades sociales (una de las
más grandes del continente), el flamante
Gobierno de Michelle
Bachelet plantea básicamente continuidad
con respecto a los gobiernos
anteriores al no cuestionar las
recetas del Consenso de Washington
heredadas de la dictadura de
Augusto Pinochet. Dos ejemplos: la
política de alineamiento con EE UU
en la defensa del ALCA o el apoyo
con tropas a la ocupación de Haití
promovida por Estados Unidos.

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