BIRMANIA // TOTAL Y CHEVRON DAN 450 MILLONES DE EUROS AL AÑO AL RÉGIMEN
Las petroleras financian a la Junta Militar birmana

Mientras EE UU y la UE multiplican sus sanciones a la Junta Militar, las empresas
petroleras que financian el régimen mantienen intactos sus negocios.

16/10/07 · 18:00
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El 3 de octubre la UE aplicó nuevas
sanciones comerciales al régimen
birmano. Las medidas afectan al comercio
de madera, gemas y metales,
aunque, curiosamente, no a las exportaciones
de gas y el petróleo. En
este campo operan grandes empresas
europeas, sobre todo Total. El gigante
francés ha demostrado una vez
más su influencia en las decisiones
del Gobierno de París y en consecuencia
en los asuntos europeos.

De hecho, la petrolera tiene un
juicio pendiente en un tribunal de
Bélgica por la utilización de trabajo
esclavo en las obras de prospección
del yacimiento de gas de Yadana, en
el sur de Birmania, así como en la
construcción del gasoducto en dirección
a Tailandia.

Los contactos entre la multinacional
francesa y los militares empiezan
en 1988, cuando se decide explorar
un yacimiento de gas y realizar un
conducto para su comercialización.
Se crea un consorcio formado por
Total, Unocal (compañía californiana
luego comprada por Chevron), la tailandesa
PTT-EP y la petrolera estatal
birmana. Según declaran los refugiados
birmanos en Bélgica, durante la
construcción del gasoducto, las empresas
del consorcio aprovecharon el
trabajo forzado, impuesto a la población
por la Junta Militar. En 2004
Unocal, acusada del mismo delito por
prófugos birmanos en Estados Unidos,
admitió su culpa e indemnizó a
las víctimas. Ahora es el turno de Total,
pero la empresa francesa tiene
defensores de excepción. El actual
ministro de Asuntos Exteriores francés,
Bernard Kouchner, fundador de
Médicos sin Fronteras, redactó en
2003 un dossier que defendía a Total
y justificaba la presencia de la empresa
en el país. La excusa era sencilla:
si la firma francesa no aprovechaba
la oportunidad, otros hubieran podido
tomar su lugar. Todo sin mencionar
las violaciones de derechos
humanos. Como tampoco que los ingresos
que percibe la Junta Militar
por la explotación del yacimiento de
Yadana, asciende a 450 millones de
euros al año, el 7% de la financiación
del régimen birmano.

Hay todavía más ventajas que el
gasoducto proporciona a la Junta
Militar: el régimen aprovecha las
obras para intensificar la represión
contra la guerrilla Karens, cercana al
yacimiento y, según el Observatorio
de Drogas de París, el gasoducto también
sirve para blanquear dinero del
tráfico de heroína.
También India y China tiene intereses
en el área. El 23 de septiembre,
cuando miles de manifestantes
protestaban en Rangún, el ministro
indio de Petróleo visitó Birmania para
firmar acuerdos entre la petrolera
pública india y su homóloga birmana
con una inversión de 150 millones
de dólares en exploraciones
de gas en el país. Mientras, China
está interesada en un gasoducto que
atraviese Birmania, para evitar el
paso por el Estrecho de Malaka, una
ruta larga y poco segura.

Asesinatos políticos en Filipinas
_ GLADYS MARTÍNEZ
_ Desde enero a julio de
este año se han contado
en Filipinas 60
asesinatos extrajudiciales,
lo que eleva a
cerca de 900 el número
de asesinatos
políticos desde que
Gloria Macapagal llegara
a la Presidencia
en 2001. En los primeros
seis meses del
año, a los asesinatos
se suman 17 desapariciones,
12 casos de
tortura, 113 arrestos
ilegales y miles de
evacuados por la fuerza
de sus hogares.
Según un informe presentado
en junio por
Human Rights Watch,
«el patrón que siguen
estos asesinatos ilegales
sugiere que están
pensados para eliminar
a los sospechosos
de apoyar al Nuevo
Ejército del Pueblo y a
su brazo político, el
Partido Comunista de
Filipinas, y para intimidar
a quienes trabajan
a favor de causas
progresistas que el
Gobierno y el Ejército
consideran ligadas a
la insurgencia».
Activistas, defensores
de los derechos humanos,
periodistas o
campesinos en lucha
por la tierra..., miembros
de organizaciones
calificadas por el
Ejército como parte
del «frente comunista»,
se han convertido
en víctimas de un
plan de contrainsurgencia
que se circunscribe
en la «guerra
antiterrorista» de
EE UU. Se teme que
la entrada en vigor de
la nueva Ley Antiterrorista
en julio pasado
puede agravar todavía
más la situación.

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Indonesia, aliada a la fuerza
_ G.V.
_ En 1965, un golpe de
Estado llevó al poder
en Indonesia al general
Suharto. El golpe
se realizó con el respaldo
de los Estados
Unidos, interesados
en crear un aliado en
un momento delicado
de la Guerra Fría y en
acabar con la línea
política no-alineada y
explícitamente antiimperialista
del presidente
Sukarno. La llegada
al poder de
Suharto provocó una
masiva represión, con
cientos de miles de
muertos, contra el
Partido Comunista
Indonesio (PKI), acusado
de insurrección.
Suharto fue también
responsable de la
ocupación y represión
en la antigua colonia
portuguesa de Timor
Oriental, que logró la
independencia en
1999 después de 30
años de lucha guerrillera.
La crisis económica
de 1997 afectó
gravemente la legitimidad
del régimen, y
una serie de protestas
populares acabó
con la dictadura. Sin
embargo, Estados
Unidos sigue teniendo
un papel importante
en el país. Indonesia,
el país
musulmán más
poblado, es la pieza
central de su «guerra
contra el terror» en el
Sudeste Asiático. El
Gobierno indonesio
coopera, desde
2001, con EE UU en
la guerra contra el
terrorismo, en particular
en acciones contra
Jemaa Islamiya,
grupo acusado del
atentado suicida de
Bali en 2002.

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Tailandia, represión e impunidad
_ G.V.
_ Tailandia sufrió en
septiembre de 2006
un golpe de Estado
militar que derrocó al
Gobierno del primer
ministro Thaksin Shinawatra,
introduciendo
la ley marcial y
restringiendo los
derechos a la libertad
de expresión, de asociación
y de reunión.
Shinawatra, a pesar
de su elección democrática,
estaba acusado
de corrupción y de
violaciones de derechos
humanos. En el
sur del país siguen
los enfrentamientos
entre el Ejército y grupos
armados musulmanes,
que en los
últimos tres años han
provocado alrededor
de 1.900 muertos. La
población civil sufre
la violencia por
ambas partes. Según
Amnistía Internacional,
los grupos armados
de oposición realizan
atentados con
explosivos, decapitaciones
y disparos
efectuados desde
vehículos en marcha
contra civiles musulmanes
y budistas y
miembros de las fuerzas
de seguridad. Del
otro lado la reacción
del Gobierno se
caracteriza por detenciones
arbitrarias y
ausencia de investigaciones
de los abusos.
Casi 200 personas
murieron a causa
de los malos tratos
durante la violenta
represión de los ataques
perpetrados por
grupos armados en
abril de 2004. Ninguno
de los responsables
de las fuerzas
de seguridad fue procesado

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