SEGURIDAD SOCIAL // LAS PROFECÍAS AUTOCUMPLIDAS SOBRE LA QUIEBRA DEL SISTEMA
Las pensiones en el ojo del huracán

La reforma de las pensiones supone otro de los ejes
de la actual negociación entre CC OO, UGT, las patronales
y el Gobierno sobre aspectos centrales de
la economía como las relaciones laborales y la protección
social. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
introdujo interesadamente la óptica gubernamental
este verano al pronosticar la quiebra de la
Seguridad Social para 2015 “si no se acometían las
reformas necesarias”. Así quedaba servida la actual
propuesta de retrasar la edad de jubilación y aumentar,
una vez más, la base de cálculo para fijar la
cuantía de la renta.

06/05/06 · 14:23
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PODER ADQUISITIVO. Desde 1998, la vinculación de las pensiones a las subidas de precios ha aportado a los pensionistas
17.000 millones de euros, pese a las reformas del PP para evitar que este saldo se disparara.

Las pensiones llevan mucho
tiempo en el punto de mira
de los gobiernos, sin
muchas diferencias por el
color ideológico. Con frecuencia, y
recurrentemente en cada país, se
desatan campañas demostrando la
inviabilidad del sistema de pensiones,
para lo cual se cuenta con el
factor tiempo como comodín: la crisis
es inevitable, si no es ahora, lo
será dentro de 10 años, 20 o a mediados
de siglo. Lo importante es
dejar sentado, con un afán de previsión
digno de mejores causas, que
si no hay reformas -entiéndase recortes-
la catástrofe final está cantada.
En los últimos tiempos, además,
ya no se trata de este o aquel
país, sino de que la intención de reducir
las pensiones y al mismo
tiempo elevar la edad de jubilación
afecta a los más importantes países
de la UE, como una ofensiva general
contra un pilar básico del
Estado del bienestar.

Se comprende fácilmente el afán
reformador en este tema. Las pensiones
representan una parte sustancial
del PIB, más del 12% de media
en la UE, apenas el 10% en
nuestro país, por lo que todo cambio
tiene una repercusión sensible
en la distribución de la renta entre
salarios (las pensiones son salarios
diferidos) y plusvalía (beneficios
empresariales). Por otro lado, son
una parte no desdeñable de los costes
de producción, en forma de cotizaciones
sociales y, ante la competencia
sin límites que impone la globalización,
en particular en la UE, se
ha creado una enorme presión para
disminuirlos, como vía para defenderse
cada economía. Por lo demás,
ideológicamente, el neoliberalismo
está interesado en resaltar lo individual
frente a lo colectivo, en minimizar
económicamente al Estado y
en despreciar la seguridad a favor
de la precariedad: un buen sistema
explotador debe ser cuanto más inseguro
mejor.

La ofensiva, como se decía, es general.
En el caso de nuestro país, alejado
como se estaba de los patrones
de protección europeos, el PSOE, ya
en 1986, se sintió en la obligación de
llevar a cabo una primera reforma
de las pensiones, que consistió en
elevar de dos a ocho años el período
de cálculo para fijar la base reguladora
de la pensión (el sueldo de un
trabajador medio será más alto en
los últimos años de vida laboral). El
PSOE se ganó una primera huelga
general, convocada por CC OO, pero
resistió y siguió adelante con sus
designios.

Casi una década después se firmó
el famoso Pacto de Toledo, un
acuerdo de la práctica totalidad de
las fuerzas políticas y los sindicatos
para evitar, cómo no, la crisis
de la Seguridad Social. Sus recomendaciones
pasaban por dar un
gran impulso a los planes de pensiones
privados (para quienes pueden
pagárselos), por compartimentar
las cuentas de la Seguridad
Social, como si fuesen algo distintas
y separables de las del Estado,
para así poder manipularlas e insistir
en el déficit, y por propiciar
que la determinación de la base reguladora
de la pensión se ajustase
lo máximo posible a la contribución
a lo largo de la vida de los trabajadores.

El pacto fue desarrollado por el
primer Gobierno del PP, sin resistencia
alguna, como si se tratase de
un paseo militar, y en 1997 se impuso
un nuevo recorte de las pensiones
por la doble vía de aumentar de
ocho a 15 años el período de cómputo
y de reducir el porcentaje de la
base reguladora que corresponde
según los años de cotización para
los trabajadores que hubieran contribuido
entre 15 y 25 años. Cada
pensionista es un caso particular,
pero se llegó a estimar que la nueva
ley suponía rebajar las pensiones
futuras, como media un 7%.

Posteriormente se ha negociado
una nueva renovación del Pacto de
Toledo, con el respaldo de CC OO
(IU dio una abstención positiva).
El Gobierno de Zapatero, diligente,
ya ha puesto sobre la mesa del
‘diálogo social’, un proyecto de reforma
laboral y un proyecto de reforma
de la Seguridad Social. Del
primero, el sector crítico de CC OO
ha dicho que, de implantarse, el derecho
del trabajo quedaría enterrado
en nuestro país. El segundo tiene
como objetivos prolongar la
edad de jubilación, endurecer las
condiciones de acceso a las pensiones
y, cómo no, alargar los años de
cómputo, para lo cual se creará un
Observatorio de la Seguridad
Social que “vigilará la relación entre
aportaciones y prestaciones para
garantizar la sostenibilidad del
sistema”.

¿Quién cobrará la pensión?

Como es sabido, el principal argumento
utilizado para justificar las
reformas de las pensiones es el envejecimiento
de la población (se dan
a conocer profundos estudios de
muchas instituciones dirigidos por
sesudos economistas). Con el tiempo,
se concluye que cada trabajador
activo tendrá que soportar a más
pensionistas. Es un hecho que se registra
un envejecimiento real, como
resultado venturoso de prolongarse
la esperanza de vida, pero en lugar
de acomodarse el sistema a estos
cambios, la lógica capitalista intenta
amargar este avance a los trabajadores.
Con la engañosa compartimentación
de las cuentas públicas, se llega
fácilmente a la conclusión de que
el sistema de la Seguridad Social entrará
en crisis en el futuro si no hay
reformas, pero esto es un modo falso
y engañoso de presentar el problema,
pues caben muchas alternativas,
la más simple: reforzar la capacidad
de redistribución del sistema aumentando
el porcentaje de las pensiones
sobre un PIB que no deja de crecer.
La disparidad que existe entre los
países demuestra que esto es plenamente
viable.

La conclusión política es inmediata:
primero, los sindicatos y la
izquierda en general no deberían
permitir nuevos recortes de las pensiones
ni prolongar la edad de jubilación,
y segundo, hay que exigir
una mejora significativa de las pensiones
más bajas que están por debajo
de los niveles de subsistencia.
Realmente, el problema acabará
siendo otro: si habrá suficientes pensionistas
en el futuro. Lo que está en
juego verdaderamente no es el sistema
de pensiones públicas sino el desastre
social que se producirá cuando
los jóvenes, y ya no tan jóvenes,
actuales lleguen a la jubilación y no
tengan derecho de pensión con el paro
desorbitado que han tenido que
soportar a lo largo de su vida laboral
y la precariedad de sus empleos. Los
estudiosos, los planificadores sociales
tienen ahí una cuestión seria para
investigar y un problema social de
envergadura para resolver.

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