Futuro energético

Fuente: Grupo de Energía y D. de Sistemas de la UVA

Ante la re-nacionalización
de YPF, la postura
del Gobierno español
está abiertamente teñida
de neocolonialismo y de neoliberalismo
para defender en el Sur
los intereses de la multinacional
Repsol. No obstante, la decisión de
Cristina Fernández de Kirchner
merece también ser analizada de
forma crítica.

Centrándonos en la cuestión
energética, parece clara la voluntad
del Gobierno argentino no sólo
de controlar los recursos naturales,
sino de explotarlos con aún más
determinación. Si nos fijamos en el
proyecto de ley de expropiación,
además del objetivo de “autoabastecimiento”,
se trata de la explotación
de “hidrocarburos convencionales
y no convencionales”.
Recordemos que Repsol-YPF
descubrió el año pasado en el área
argentina de Vaca Muerta uno de
los mayores yacimientos “no convencionales”
de petróleo y gas de
pizarra del mundo.

Para explotarlo,
se requiere ni más ni menos que
el mismo tipo de tecnología que
hoy se propone utilizar en España
y que ya está prohibida en Francia:
el fracking o fractura hidráulica.
Como bien sabemos, gracias al trabajo
de plataformas anti-fracking
([de Cantabria, Álava, etc) o de documentales
como Gasland, esta
técnica supone graves riesgos de
contaminación del agua y del aire,
aumento del efecto invernadero,
escapes de gas, terremotos locales
y utilización masiva de químicos.

El Gobierno argentino, siguiendo
los pasos de otros gobiernos de
América Latina como Brasil, inscribe
su acción dentro del llamado extractivismo (de petróleo, gas, materias
primas, etc), particularmente
agresivo con el medio ambiente y
los pueblos originarios.

Esta “izquierda
marrón”, como la ha
denominado Eduardo Gudynas,
construye su estrategia de desarrollo
y legitimidad a través de una
apropiación brutal de los recursos
naturales, su exportación en los
mercados globales, con la redistribución
in fine de parte de las riquezas mediante
un Estado fuerte.

Sin
embargo, esta visión nacional-productivista
que, al fin y al cabo, se
parece bastante a la construcción
histórica de nuestros estados de
bienestar en el Norte, no se sostiene
a largo plazo y aún menos de cara
a la crisis ecológica actual. Por
experiencia y desde una perspectiva
de justicia ambiental, no supone
diferencia apreciable quién posea
los medios de producción si, al mismo
tiempo, el proceso de producción
en sí –ya sea público, privado
o mixto– se fundamenta en suprimir
las bases de su propia existencia.

Como lo demuestra el pulso entre
la izquierda progresista y extractivista
en el poder institucional
con los movimientos ecologistas,
sociales e indígenas que reclaman
otro modelo de desarrollo desde
abajo y respetuoso con la Pachamama
[madre tierra], constatamos
que soberanía (del Estado-nación)
y buen vivir (de las comunidades)
no son por esencia sinónimos.

La prosperidad, es decir nuestra
capacidad de vivir felices dentro de
los límites ecológicos del planeta,
exige superar las crisis energética
y climática. Para ello, tanto
Argentina como España tendrán
que emprender una transición hacia
una sociedad post-fosilista.
Esta transformación se basará,
entre otras cosas, en dejar el oro
negro y otros gases (no) convencionales
en el subsuelo (véase el
proyecto Yasuní en Ecuador), reducir
drásticamente nuestros consumos
y huellas ecológicas, evolucionar
hacia un modelo energético
sostenible con ahorro, energías renovables
y eficiencia energética,
reruralizar y adaptar nuestros territorios
y ciudades (véase la agroecología
o las ciudades en transición),
y relocalizar la economía para
que sea baja en carbono, resiliente
y gestionada democráticamente
desde abajo. Que sea
español o argentino, no es una
cuestión de patriotismo: es una
cuestión de supervivencia civilizada
de la humanidad.