"El principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea”: precisamente eso es lo que no es el patrimonio nacional sino el patrimonio histórico español, definido en la Ley 16/1985 del 25 de junio, donde se aporta la norma para definir el patrimonio histórico del Estado español y asegurar su protección y difusión. Entonces, ¿a qué alude un nombre tan inclusivo como aparenta ser “patrimonio nacional”? Pues precisamente a aquello que más ajeno es a los ciudadanos del Estado español: los bienes vinculados de uso al rey Juan Carlos I y a su familia, pero de titularidad y tutela del Estado español; es decir, bienes muebles, inmuebles y naturales que no son propiedad de la monarquía pero que, afectados de su uso, no pueden ser utilizados para otros fines mientras ellos dispongan de ellos y que beben de los presupuestos generales del Estado.

La ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del patrimonio nacional, comenzó estableciendo una serie de bienes tales como los palacios de Oriente, de Aranjuez, del Escorial, de la Granja, de Riofrío, de la Zarzuela, del Pardo y los terrenos rústicos y jardines que los acompañan, así como iglesias y conventos, el Monasterio de El Escorial, la real basílica de Atocha y un largo etcétera. A ello se suman los bienes muebles que tradicionalmente fueron propiedad de la monarquía, sus nuevas adquisiciones y las donaciones y regalos, entre los cuales están el yate Fortuna, obsequio de un grupo de empresarios baleares, o los Ferraris llegados de Abu Dabi, que no siempre están adscritos a la lista de ­bienes de patrimonio nacional, pero se mantienen bajo su presupuesto.

También se establece que en el caso de la tutela de terrenos adscritos a los bienes, se velará por su conservación medioambiental. Asimismo, en el caso de no estar afectados al uso, se establece que se tomen medidas conducentes al empleo de los mismos con “fines culturales, científicos y docentes”. Pese a ello, algunos de estos bienes no sólo están vinculados de uso a la propia familia real, sino también a la Iglesia católica y a sus órdenes monacales. Casos como el uso de las clarisas coletinas del convento de las Descalzas Reales o la realización de santas misas en el Valle de los Caídos en memoria de Primo de Rivera y Franco el 20 de noviembre, al igual que el parque automovilístico o los yates, difícilmente pueden compatibilizarse como un fin cultural, científico o docente.

Su mantenimiento es además uno de los puntos más problemáticos de estos bienes, pues de la archidivulgada asignación de casi ocho millones de euros para la Casa Real nada iría asignado a patrimonio nacional, que tiene su partida propia en los presupuestos generales del Estado (26,6 millones en 2013). En esta partida no hay una asignación diferenciada entre los distintos bienes muebles e inmuebles, dirigida a su conservación, catalogación y exhibición ni para nuevas adquisiciones.

Confusión internacional

La poca transparencia que ofrecen los presupuestos ha llevado a la común consideración por parte de la prensa extranjera de estos bienes ­incluidos en patrimonio nacional ­como bienes propios de la Casa Real o del rey Juan Carlos La poca transparencia que ofrecen los presupuestos ha llevado a la común consideración por parte de la prensa extranjera de estos bienes ­incluidos en patrimonio nacional ­como bienes propios de la Casa Real o del rey Juan Carlos. Esto ha dado lugar a casos como el de la revista Forbes, que en 2010 asoció al monarca una fortuna de 1.790 millones de euros, o el de 2004 por parte de la desaparecida revista Eurobusiness, que asoció al monarca una fortuna personal de 545 millones a la que sumaba 1.136 millones de bienes familiares, entre los que contaban bienes del patrimonio nacional. En respuesta a Eurobusiness, el expresidente José María Aznar remitió a la revista una carta de protesta, alegando que el patrimonio nacional no es propiedad del monarca. Pese al marco legal que hace esta réplica cierta, el sentido común de los periodistas ­extranjeros lleva a dudar. No hablar de su propiedad por destinarse a la “alta representación que en la Cons­titución y las leyes les atribuyen” sería lógico si no habláramos también de obras de arte y embarcaciones de recreo.

Pese a tratarse de una pequeña parte de los presupuestos generales del Estado, cabe reflexionar sobre cómo son destinados una serie de bienes cuyo uso puede quedar reducido a la familia real en cualquier momento. Queda pues pendiente un desglose veraz de estos presupuestos, así como la distinción de aquellos bienes que son afectados de uso todo el año por parte de la Casa Real, como el palacio del Pardo. Queda ahora esperar que se concrete el proyecto del Museo de Colecciones Reales, que abrirá sus puertas en 2016. Un megacomplejo junto al palacio de Oriente y la catedral de la Almudena, con un presupuesto de 150 millones de euros. Aún queda un interrogante más: saber si, de entre las 30.000 piezas de patrimonio nacional, se destinarán a ese flamante museo algunos de los tapices, armaduras y carruajes, automóviles de lujo y yates en desuso que completan este anómalo catálogo.