Recortes en todos los servicios públicos por valor de 800 millones de euros
Passos Coelho da otro golpe a pesar del Constitucional

El Ejecutivo portugués recortará 800 millones en todos los servicios públicos como pide la troika, a pesar de la declaración del Constitucional.

, Lisboa (Portugal)
19/04/13 · 8:00
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Protesta en Lisboa contra los recortes / Paulo Ferreira

La popular Feira da Ladra, el más famoso mercadillo de Lisboa, se desparrama por una colina de la ciudad hasta dar con el Panteón Nacional, allí donde yacen los restos de los portugueses ilustres. Junto a la magnífica construcción que custodia las tumbas de la fadista Amalia Rodrigues y del militar antifascista Humberto Delgado, así como de presidentes y escritores notables, todos los martes y sábados se forma un hormiguero de gentes en el que se vende ropa, discos y trastos viejos. En algunos puestos –poco más que una sábana sobre el suelo donde se amontona la mercancía– pareciera que sus propietarios hubiesen volcado los armarios de sus casas.

Desde que el pasado 9 de abril el Gobierno portugués decidió paralizar el gasto público y, de paso, congelar virtualmente la vida del país, la Feira da Ladra está más activa que nunca. Bajo un sol que se ha escondido durante meses y que por fin aparece, se yergue como la representación de un pueblo que quiere salir adelante y que intenta sacar dinero de donde sea. “Estas camisas eran de mi tía, nuevas; estoy segura de que no se las ponía desde hace 20 años”, explica una joven vendedora a un curioso que rebusca entre vestidos.

“No creo en Europa”

La Feira da Ladra es un Estado sumergido que aflora espontáneo, consentido por una Adminis­­tra­ción incapaz de proveer servicios mínimos y en la que ya casi nadie confía en Portugal. “No creo en Europa pero tampoco en este Gobierno: ahora ya ni siquiera tenemos nuestro propio dinero”, dice un hombre que vende viejos billetes de la Angola colonial a tres euros.

A pesar de que el pasado día 5 el Tribunal Constitucional declaró ilegales cuatro de las nueve medidas de austeridad promovidas por el Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho para hacer frente a la deuda de 78.000 millones de euros contraída con la troika, la mayor parte de la población recibió la noticia con cautela.

No se esperaba una rectificación del Gobierno tras el fallo contrario del alto tribunal, y a nadie le ha sorprendido que los conservadores anunciaran de inmediato que explorarían nuevas vías para continuar con los recortes. De hecho, en menos de una semana el Ejecutivo hizo pública una nueva estrategia para cuadrar sus presupuestos en la que, para recuperar los 1.300 millones de euros impugnados por el Constitucional, y finalmente la mañana del jueves 18 anunciaba 800 millones en recortes "en todos los servicios públicos". Los detalles se incluirán en la rectificación del presupuesto que se presentará a finales de mayo.

 

Contra la Carta Magna

Ahora cabe aguardar para ver si estos nuevos ataques son también denunciados por atentar contra la Carta Magna. Desde que el Constitucional anulara las medidas del Ejecutivo, Passos Coelho no solamente ha demostrado escasa consideración por la difícil situación en que se encuentran los ciudadanos que gobierna, sino también una inusitada falta de respeto hacia los órganos del Estado. Miembros de su partido no han dudado en acusar al alto tribunal de “colocar al país en serias dificultades”, paradójicamente sin entrar a valorar que había sido el Gobierno el que había propuesto medidas anticonstitucionales.

El alto tribunal portugués declaró inconstitucionales y discriminatorias cuatro medidas de los presupuestos adoptadas por el Gobierno de Passos Coelho, a petición de la troika, que se referían a la supresión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas, además del recorte de subsidios de desempleo, aplicados este año por el Ejecutivo para cuadrar las cuentas del Estado. El presidente del Constitucional, Joaquim Sousa Ribeiro, declaró que “son las leyes las que deben adaptarse a la Constitución y no al revés”, y aclaró también que la decisión se debe aplicar a todo el año 2013, y tendrá efecto retroactivo.

Todos los partidos de la oposición han demandado la dimisión de Passos Coelho y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo a lo que los conservadores se han negado, pese a estar cercados por los escándalos. No en vano, la decisión del Constitucional no ha sido sino un golpe más en una sucesión de reveses. Miguel Relvas, el hombre fuerte del Ejecutivo, dimitió a principios de mes perseguido por la sospecha de haber obtenido su carrera universitaria sin siquiera haberse examinado, mientras que los socios del Gobierno de Passos Coelho, los liberales del Partido Popular que lidera Paulo Portas, protagonizan desde hace días un prolongado e incómodo silencio. El 25 de abril, día en que Portugal conmemora la Revolución de los Claveles, promete lucha.
 

Facturas a nombre del primer ministro

La indignación y la imaginación crecen en el país vecino ante la precariedad que impone la troika a través de las políticas del actual Gobierno conservador. Desde hace unas semanas el número de la Seguridad Social del primer ministro Pedro Passos Coelho circula por internet y vía móvil. Una nueva forma de protestar es pedir facturas a nombre de Passos Coelho para luego ser declaradas en Hacienda. Según la legislación portuguesa, para deducirse de los impuestos una serie de gastos, no es necesario consignar el nombre si las facturas son menores de mil euros. Este hecho se está penalizando ya con 2.000 euros de multa. Según el semanario El Sol muchos portugueses ven en esta nueva protesta: “Una forma de mostrar la indignación por las actuaciones de Hacienda, que deja en manos de los ciudadanos los controles fiscales”. El objetivo de los activistas es “causar problemas fiscales al primer ministro”. El Sindicato de Trabajadores de Hacienda de Portugal ha ratificado en un comunicado que tiene conocimiento de que el número de Seguridad Social de Passos Coelho circula por la red desde hace más de veinte días.

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