Los sucesos en la frontera sur mediatizaron
la Cumbre Hispano-Marroquí.
Mientras los altos mandatarios
se reunían en Sevilla, cinco
subsaharianos morían en las vallas
de Ceuta, tres de ellos por disparos
de bala. Algunos días antes, en la
frontera de Melilla, tres inmigrantes
perdían la vida y otros dos eran declarados
“desaparecidos”. Sin embargo,
los presidentes de ambos
países coincidieron en definir los
incidentes como “hechos aislados”.

La Cumbre fue presidida por José
Luis Rodríguez Zapatero y el primer
ministro marroquí, Dris Jettu, al
frente de delegaciones encabezadas
por ocho ministros de cada parte.
Los acuerdos giraron en torno al
apoyo financiero español a Marruecos
y las concesiones marroquíes en
materia de inmigración, con el compromiso
del Reino alauita de una
“adecuada gestión del control de
fronteras”. Uno de los principales
‘avances’ fue el acuerdo para devolver
inmigrantes subsaharianos
expeditivamente a Marruecos, reactivando
el convenio de repatriación
suscrito con Rabat en 1992, que
permite la expulsión a territorio marroquí
de inmigrantes cuya procedencia
no es propia de este país.

Pese a la enorme cantidad de
muertos registrados en las últimas
semanas, ambos Gobiernos se han
felicitado por la cooperación en materia
de inmigración, que ha permitido
“el descenso en un 37% de intercepción
de pateras entre los meses
de enero a agosto de 2005”, así como
la repatriación de clandestinos a
territorio marroquí (4.627 personas
hasta abril de 2005).

Expulsiones a Marruecos

El primer ministro Jettu recordó que
el país que más subsaharianos acoge
en la región es Marruecos y que cualquier
ciudad de su país tiene más inmigrantes
de esta procedencia que
Ceuta o Melilla. Este año Marruecos
ha detenido a 23.000 inmigrantes
dispuestos a entrar en territorio español,
de los cuales 17.000 eran
subsaharianos y el resto marroquíes.
Ambos presidentes, apelaron
a la “responsabilidad” de otros
Estados y advirtieron a la UE y al
resto del Magreb de que “Marruecos
y España no pueden soportar este
esfuerzo en solitario”. Zapatero
se comprometió a intensificar la labor
diplomática con el resto del
Magreb para que colaboren en el
control de las fronteras y ampliar los
convenios de repatriación.

El portavoz de Inmigración del
PSOE en el Congreso, Antonio Hernando,
se expresaba en este mismo
sentido: “Es necesario enviar un
mensaje definitivo a las personas
que están violentando ilegalmente la
frontera: que no se van a quedar en
España, que van a ser devueltas”.
Hernando añadía luego: “Marruecos
debe readmitir a quienes han salido
ilegalmente de su territorio y han entrado
ilegalmente en España”, coincidiendo
con los presidentes de las
ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla en la necesidad de las devoluciones
directas e inmediatas a territorio
marroquí.

Sin embargo, esta idea ha provocado
la indignación de diversas
organizaciones de ayuda a los refugiados
y de DD HH. “Estas declaraciones
violan no sólo la actual
Ley de Extranjería, sino también la
Convención sobre refugiados de
1951, que establece el principio de
no devolución de una persona a un
lugar donde pudiera correr peligro,
con independencia de que solicite
asilo”, señaló Esteban Beltrán, director
de la sección española de Amnistía
Internacional (AI).

En la noche del pasado 6 de octubre
la Policía española, con la presencia
de la vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega en la
zona, expulsó a un contingente de
73 personas desde Algeciras a Tanger,
invocando el acuerdo de 1992
con Marruecos.

Según el artículo 157 del Reglamento
de Extranjería, todo aquel que
sea interceptado por agentes de la
Guardia Civil después de haber accedido
a territorio español de forma
irregular -aunque sea en el pasillo
entre vallas- deberá ser trasladado a
la comisaría de Policía más cercana.
El texto legal no contempla la posibilidad
de la expulsión automática -es
necesario una orden judicial-. Sin
embargo, miembros de organizaciones
humanitarias, vecinos del
entorno, incluso agentes, y los propios
inmigrantes, han confirmado
que estas expulsiones se llevan a cabo
desde hace tiempo.

José Palazón, de la asociación
Prodein, fue testigo de cómo, en la
noche del 20 de septiembre, un grupo
de subsaharianos era entregado
desde Melilla al puesto de las Fuerzas
Auxiliares de Marruecos. El propio
Palazón ha interpuesto denuncia
ante la Fiscalía, el Defensor del
Pueblo y el Procurador de Nador.

El Gobierno español reforzó las
fronteras con compañías de la Legión
y también de Regulares, con la
presencia de 480 soldados adicionales.
El portavoz de AI señala las graves
consecuencias que puede traer
la militarización de la frontera: “Ya
se están produciendo bastantes heridos
y muertes en un contexto muy
difícil para que el Ejército asuma un
papel que no es el suyo y para el que
no está preparado ni formado”.
Beltrán indicó que AI mostraba su
preocupación sobre cómo se están
aplicando las “medidas antidisturbios”
y que la utilización de dicho
“material antidisturbios” corresponde
en exclusiva a las fuerzas de seguridad
especializadas. Por su parte,
Rabat ha ampliado con otros 1.600
gendarmes el dispositivo de seguridad
en torno a las zonas fronterizas,
con lo que suma ya 2.750 efectivos.