El Par­lamento de Navarra debate este jueves en sesión extraordinaria una moción de censura contra Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno foral desde 2011. Dicha moción está promovida por los grupos parlamentarios integrados en EH Bildu con la idea de convertir en presidente provisional al parlamentario independiente de Aralar-NaBai, Juan Carlos Longás, quien sería el encargado de convocar elecciones. Se trata de la última iniciativa parlamentaria surgida en un contexto político muy convulso desde que empezó a conocerse lo sucedido con la Caja Navarra (CAN), principal entidad financiera de Navarra cuyo valor económico pasó de más de mil millones a 150 de la noche a la mañana, y de la que sólo quedan los rótulos que todavía cuelgan de sus sucursales, ahora pertenecientes a La Caixa.

La iniciativa parlamentaria parece abocada al fracaso al no contar con el mínimo de 26 votos para que salga adelante: EH Bildu tiene 13 escaños y podría sumar los de Izquierda-Ezkerra (tres) y Geroa Bai (dos), pero no los nueve del partido socialista (PSN), que no apoya la moción. Por su parte, la respuesta popular ha ido creciendo en proporción directa al número de escándalos de todo tipo, si bien la gota que ha colmado el vaso ha sido el cobro de miles de euros en concepto de dietas en el caso de la desaparecida CAN, actualmente engullida en la poderosa Caixabank.

Un desfalco premeditado

Surgida tras la fusión de la Caja Municipal de Pamplona y la Caja de Ahorros de Navarra en 1999, la CAN fue reduciendo paulatinamente sus órganos de control. En 2004 el entonces presidente del Gobierno Miguel Sanz colocó a Enrique Goñi como director general y se renovaron tanto la composición del consejo de administración –se mantuvo el presidente del Gobierno, el consejero de Economía y la entonces alcaldesa de Pamplona Yolanda Barcina– como los propios estatutos, “elaborados de tal forma que canalizasen los deseos y la voluntad del que mandaba”, según declara Manuel López Merino, director general de Caja Pamplona hasta la fusión y posterior director general adjunto de la nueva entidad, que pronto presentó su dimisión por desacuerdos con la nueva gestión. López Merino fue despedido sin derecho a indemnización, que logró cobrar tras dos años de pleitos judiciales. En su opinión, graves errores de gestión y de control han hecho que la CAN terminara “como un barco a la deriva que ha caído en picado en los últimos cinco años”, donde primaban las relaciones clientelares, el nepotismo y los delirios de grandeza.

La CAN se manejó como si fuese una multinacional: fusión con Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, salida a bolsa, emisión de créditos preferentes, o apertura de más de 200 oficinas en tan sólo unos meses, incluida la inauguración de una sucursal de 800 m2 en la Avenida Pen­sylvania, frente a la Casa Blanca en Washington, que nunca llegó a abrirse por carecer del permiso de las autoridades monetarias estadounidenses. Según el informe de auditoría de las cuentas anuales de la CAN correspondiente a 2011, el patrimonio neto de la CAN al finalizar 2009 era de 1.200 millones de euros, cifra que se redujo a 781 millones en 2010, y a 258 millones en 2011.

La CAN, única entidad de ahorro del Estado con estatus de aforada, estaba regida por la normativa gubernamental de Navarra, pero con el control del consejo de administración por parte de UPN, el vigilado se convertía en vigilante. Lejos de controlar lo que se estaba haciendo, como estipulaban los estatutos y como había quedado fijado en las competencias del Ejecutivo, el Gobierno de Miguel Sanz se limitaba a dar el visto bueno a través del departamento de economía. Los informes que recibían el visto bueno son los mismos que elaboraba la caja y respaldaba Sanz como su presidente y que previamente obtenían también el visto bueno por parte de la comisión de control de la CAN, órgano que presidía Yolanda Barcina en calidad de alcaldesa de Pamplona. Entre 2002 y 2012 sólo se hizo una inspección, la hizo el Banco de España en 2004 con un resultado muy crítico a la gestión de la Caja.

“UPN quería el control político y económico de una entidad financiera que manejaba casi el 50% del dinero que había en Navarra y que era, además, una de las cajas más solventes de todo el Estado, pero les salió mal porque fue un desastre”, afirma Patxi Zamora, portavoz de la asociación de consumidores y usuarios Kontuz!, que lleva varios años denunciando los diferentes casos de corrupción en Navarra. “El problema de fondo es la impunidad en la que se mueven desde hace años, nunca pensaron que todo esto saldría a la luz. El hartazgo ciudadano está movilizando a la gente y eso les está suponiendo un coste político. Poner contra las cuerdas a UPN y PSN, los responsables de todo lo ocurrido, es más de lo que esperábamos”, concluye Zamora.

Dietas por no hacer nada

Con una situación financiera ya tambaleante y tras un nuevo cambio de estatutos, en 2010 los cargos públicos pasan a la recién creada Junta de Entidades Fundadoras, orga­nismo consultivo formado por dos personas del Gobierno, dos del Ayuntamiento y cuatro políticos del Parlamento pactados entre UPN y PSN, y donde se pagaban 1.717 euros por reunión (2.680 en el caso del presidente). A los dos meses se crea una Junta Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, conformada por Miguel Sanz, Yolanda Barcina, y el consejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda, a quienes se une, tras las elecciones de 2011, el alcalde de Pamplona Enrique Maya. En la práctica, la Permanente duplica la propia Junta, muchas veces con reuniones idénticas de contenido, y todos sus encuentros se celebraron por partida doble, en ocasiones con media hora de diferencia entre reunión y reunión. La Junta de Fundadores también celebró varias reuniones dobles e incluso triples, casi siempre de forma paralela a la Permanente, por lo que Sanz, Miranda y Barcina llegaron a cobrar cinco veces en una semana por escuchar lo mismo. En total Sanz cobró 89.739 euros, Barcina 68.553 euros, Miranda 61.812 y Maya 12.019. A diferencia de la Junta de Entidades Fundadoras, la Junta Permanente no estaba aprobada en cumplimiento de los estatutos ni era pública, sino un organismo opaco cuya existencia era desconocida incluso por el propio consejo de Administración.