ANÁLISIS // LA COMPAÑÍA DEBE ENTREGAR SU PRODUCCIÓN AL ESTADO
El paraíso perdido de Repsol

Pese a las limitaciones
de la nueva medida, las
petroleras pierden la capacidad
de fijar los precios y
decidir los contratos.

09/05/06 · 21:43
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El 1 de mayo, desde el gran
campo gasífero de San
Alberto, el presidente boliviano
Evo Morales anunció
la nacionalización de los hidrocarburos.
Según el decreto, las empresas
petroleras que actualmente
realizan actividades de producción
de gas y petróleo en el territorio nacional
están obligadas a entregar a
la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la
producción de hidrocarburos, la
que asume, en nombre del Estado,
la propiedad de los mismos y su comercialización.

Asimismo, se nacionalizan
las acciones necesarias
para que YPFB controle como mínimo
el 50% más uno en las empresas
privatizadas Chaco (hasta hoy,
en manos de BP-Amoco), Andina
(Repsol-YPF) y Transredes (Enron-
Shell)
así como también las refinerías
de Petrobras y CLH.
Aunque el decreto de nacionalización
fue interpretado por las
empresas extranjeras como una
agresión directa a sus inversiones,
por el momento, excepto la
brasilera Petrobras que depende
de los 50 millones de metros cúbicos
diarios de gas boliviano,
han reaccionado con cautela.

¿Por qué Repsol puede continuar
en Bolivia a pesar de la nacionalización?
En primer lugar, porque no
va a soltar las enormes reservas gasíferas
que consiguió en Bolivia,
convertidas en estratégicas por tener
mercados como Brasil, Argentina
y Chile, estrechamente dependientes
de este recurso. Los megacampos
gasíferos de San Alberto,
San Antonio, Mararita e Itaú, son
un negocio asegurado durante las
próximas décadas. En segundo lugar,
Repsol sacaba un beneficio
de uno a cien con la anterior le
y,
de modo que ahora, aunque los
beneficios se reducirán, no dejará
de ser todavía un negocio.

En tercer lugar, habría que analizar
los pormenores del decreto
de nacionalización. En general, el
decreto se apoya y refuerza la
Nueva Ley de Hidrocarburos
3058, promulgada en 2005.
Si
bien este nuevo decreto aumenta
las regalías a un 82%, en la práctica
sólo dos megacampos de gas
entrarán en este régimen, dejando
a los campos de gas menores
y de petróleo intocables.
Pero la diferencia es que ahora
será Bolivia, a través de YPFB,
quien fije los precios y comercialice
la producción, algo trascendental
teniendo en cuenta que Repsol fijaba
el precio en un dólar por barril
cuando en el mundo vale 70.

Por otro lado, las empresas capitalizadas,
que fueron entregadas
gratuitamente en 1996, no
serán confiscadas sino que sólo
perderán unas décimas de sus
acciones para que YPFB tenga el
control.
Aparte, el decreto tiene
una duración transitoria de seis
meses y alarga el plazo, ya vencido,
que tenían las empresas para
poner en regla sus contratos.
En resumen, Bolivia con el decreto
28701 ha recuperado algo
de soberanía al fijar precios, un
efímero control de sus antiguas
empresas y ganará algunos
millones de más por regalías, pero
no se puede hablar de nacionalización
porque los bloques y
yacimientos siguen en manos de
las multinacionales.
Sin embargo, Repsol-YPF, con
22 bloques en el país, denuncias
por contrabando, estafas y muertes,
la posibilidad de veto de las
comunidades indígenas y ahora
con más impuestos y la imposibilidad
de fijar precios, ya perdió
para siempre su pequeño paraíso.

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