Más de 100 mesas ciudadanas llevan la consulta sobre la privatización a la calle este domingo
El orgullo de los madrileños a la venta

El domingo salieron a la calle las mesas ciudadanas para una consulta sobre la privatización del agua en Madrid. Este artículo del blog madrilonia analiza las estrategias del Gobierno regional para sacar al mercado bienes comunes como el agua y la sanidad.

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- Aguirre acelera la venta del Canal

02/03/12 · 14:55
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Batalla de agua convocada por la Asamblea Popular de Chamberí (Madrid) en contra de la privatización del Canal de Isabel II. Verano de 2011. Foto: Diego González

“El aire y el agua, el mar y sus costas son bienes comunes. Pues así lo decía ya el derecho romano: Naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris”

La Carta de los Comunes

Hay algo de lo que todos los madrileños y madrileñas, llevemos aquí por generaciones o acabemos de llegar, estamos orgullosos. ¿Quién no ha comentado alguna vez lo rica que está nuestro agua? La empresa encargada de su gestión desde hace siglo y medio, aunque diste mucho de ser transparente y democrática, es propiedad, por ahora, de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Además de ser una empresa pública, el Canal de Isabel II es un proyecto sostenible que incluso genera beneficios: en 2010 obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010 y en 2009 de 151 millones. Además, atesora un enorme patrimonio en infraestructuras y terrenos de servidumbre de aguas que aseguran la calidad de un bien natural escaso en una región poblada por millones de habitantes.

Estos dos elementos, el patrimonio y la rentabilidad, son precisamente los que hacen suculenta la privatización de la empresa de aguas. En 2008, el PP madrileño aprobó en solitario en la Asamblea de Madrid la posibilidad de privatizar el Canal de Isabel II. Aunque el proceso de privatización ya esté iniciado, el siguiente paso significa que el 49% de las acciones se venderían al sector privado, otro 19% quedaría en manos de los ayuntamientos, que a su vez podrían vender una parte de sus acciones, y el 32% restante seguiría siendo propiedad pública de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre quiere que además de sentirnos orgullos de nuestro agua podamos ser dueños de la empresa que lo gestiona. Podríamos preguntarnos si acaso no somos dueños ya, pero la presidenta, que habla por nosotros, insiste en que lo mejor es sacar la empresa a Bolsa para conseguir capitalizarla y los madrileños podamos comprar acciones. Según parece, el Canal necesita 4.000 millones de euros y la solución es vender. ¿Por qué vender una empresa rentable? ¿Quién determina la necesidad de inversión? La combinación de Ana Botella pidiendo que trabajemos gratis porque hay que devolver a Madrid un poco de lo mucho que nos ha dado y Esperanza Aguirre diciéndonos que compremos lo que es nuestro supera lo que la imaginación podría concebir.
Vender un servicio aporta dinero a las arcas públicas en ese momento, pero supone un mayor coste para los ciudadanos a la larga. Este tipo de política, que podríamos llamar de desposesión, se viene aplicando con muy buenos resultados para las empresas en el campo de la sanidad. La construcción de hospitales y la posterior concertación bajo el modelo inglés PFI (Private Finacial Iniciative) está sirviendo a las grandes constructoras para obtener grandes beneficios. Pinchada la burbuja inmobiliaria, los servicios públicos básicos aparecen como nichos de negocio seguros y rentables. Las consecuencias de este modelo son bastante claras: aumento del coste de los servicios para los ciudadanos, disminución de la calidad en la prestación y menor control sobre la gestión. En estos momentos, los bienes comunes son manejados por cuadros políticos que no son capaces de asegurar su carácter público y la única opción parece ser el modelo privatizador, que transfiere una parte importante del poder de decisión a los directivos de las grandes empresas. El agua, la sanidad, la educación o los servicios sociales se convierten en recursos para generar beneficios privados, lo cual aumenta el coste para los ciudadanos, como se demostró con el agua en Bolivia y se ha puesto en evidencia en Madrid con la construcción de los nuevos hospitales. La calidad del servicio pasa de depender de un modelo de gestión público, criticable y mejorable, a depender de las decisiones de accionistas y balances en las cuentas de resultados.

Con el agua no se juega

El acceso al agua corriente forma parte de los principales logros que ha permitido la mejora de la calidad de vida de los seres humanos a lo largo de su historia. Su cuidado y mantenimiento sostenible es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Es un bien imprescindible para la vida humana; por eso se dice que es uno de los principales bienes comunes. La limitación en el acceso o el empeoramiento de su calidad suele provocar grandes movimientos ciudadanos de rechazo.

En la memoria cercana aún resuena en los oídos del segundo gobierno de Aznar la enorme movilización popular que se produjo cuando se intentó imponer un Plan Hidrológico Nacional que, trasvase del Ebro mediante, pretendía llevar el preciado líquido para alimentar la inmensa maquinaria urbanizadora de la costa levantina. En otras latitudes, la Guerra del Agua que estalló en el año 2000 en Cochabamba, Bolivia, nos sirve como ejemplo del que aprender. La privatización del agua municipal impulsada por el Banco Mundial produjo tal aumento de los precios que la población pauperizada se enfrentó masivamente a la medida y consiguió una victoria. El éxito de aquella lucha sirvió de referente para movimientos de Uruguay, Colombia o Ecuador que se enfrentaban a situaciones similares. Más recientemente en Italia, Berlusconi apostó a caballo ganador y trató de legalizar la privatización del agua. Una estrategia mediática muy parecida a la que aplica Aguirre en estos momentos parecía hacer sencilla la jugada. Rápidamente un movimiento ciudadano que defiende el agua como bien común logró el apoyo social suficiente, 1.400.000 firmas, para convocar un referéndum. El resultado fue que el 95% de la población votó contra la privatización del agua potable, las tarifas del servicio hídrico y el uso de energía nuclear.

En Madrid, desde que Aguirre anunció sus planes ha surgido un plataforma para detener el expolio. El 15M ha servido de altavoz necesario para que cada vez más gente sea consciente de las intenciones y consecuencias de esta agresión. La construcción de una marea multicolor en defensa de los diferentes servicios públicos se extiende. El domingo 4 de marzo, la Plataforma contra la Privatización convoca una consulta popular para ir calentando motores hacia un referéndum. Como consiguieron en Italia, los madrileños también tenemos derecho a decidir sobre nuestro agua.

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Batalla de agua convocada por la Asamblea Popular de Chamberí (Madrid) en contra de la privatización del Canal de Isabel II. Verano de 2011. Foto: Diego González
Batalla de agua convocada por la Asamblea Popular de Chamberí (Madrid) en contra de la privatización del Canal de Isabel II. Verano de 2011. Foto: Diego González
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