Después de ser rechazado en Dubai y en Francia, el promotor de la mayor macrociudad del juego ha encontrado el apoyo del Gobierno de Aragón. Gran Scala podrá instalarse en el desierto de los Monegros pese a las irregularidades.
- JUEGO SUCIO. Los grupos ecologistas denuncian la complicidad del Gobierno de Aragón, que tendrá que cambiar la ley del juego, recalificar terrenos, dotar de infraestructuras con
dinero público... Y todo para un proyecto de dudosa viabilidad financiado previsiblemente por las mafias del juego de Estados Unidos / Primo Romero
Parques temáticos, 32 casinos, 70 hoteles,
230 restaurantes, 32 museos,
500 comercios, hipódromo, plaza de
toros, campo de golf y palacio de
congresos. Una ciudad nueva de
100.000 habitantes (la segunda más
poblada de Aragón) en el desierto de
Monegros, entre Huesca y Zaragoza.
Unas semanas después de la publicación
de este proyecto, el 12 de diciembre,
empiezan las críticas más
allá de un debate cerrado entre conservacionismo
y riqueza.
La operación parte de un capital
norteamericano, proveniente del
juego, interesado en Europa como
área de negocio. Ya antes, el proyecto
se rechazó en Dubai y en Francia.
Aunque los 32 casinos acaparen la
atención, el volumen de instalaciones,
servicios y viviendas en cantidades
aún no definidas generaría una
plusvalía sustancial del suelo. El
precio actual de la tierra en los Monegros
lo hace posible por su extensión,
su régimen de secano y la escasa
población (21.600 habitantes, 8
hab/km2). Además, disfrutan de una
buena posición en el mapa y están
bien comunicados. Sin embargo,
otros aspectos oscurecen la viabilidad
económica que el complejo
Gran Scala tiene por sí mismo.
La única iniciativa privada visible,
el consorcio International Leisure
Development (ILD), es promotor, es
decir, aunque esté vinculado a empresas
de máquinas de juego y casinos
no aportan todo el capital necesario,
sino que pretenden atraerlo.
Sobre la identidad y solvencia de
esos inversores nada se ha adelantado.
En todo caso, vaticinan 25 millones
de visitantes para 2015 (más de
la mitad del total de turistas que recibe
anualmente el Estado español) y
ello, mientras languidecen otros
complejos similares en Europa.
Apoyo institucional
Con todo, el apoyo del Gobierno de
Aragón (formado por la coalición
PSOE-PAR) sigue siendo imprescindible.
En tal sentido, el Partido Aragonés
(PAR) se ha convertido en valedor
del proyecto desde los primeros
contactos, y desde el Gobierno
de Aragón ha trasladado al público
una “ilusión” que ya la información
disponible cuestiona. Los responsables
públicos no han aclarado su
impacto social, económico y medioambiental
para el actual modelo
aragonés, por ejemplo en cuanto a
vertebración del territorio, calidad
del empleo, movilidad o gestión de
recursos naturales. Tampoco su impacto
sobre poblaciones cercanas o
la propia Zaragoza; ni una suerte de
‘plan B’ en caso de que el macro-proyecto
quiebre. Lejos de esto, el
Ejecutivo aragonés se encuentra desde
el inicio comprometido plenamente
con el proyecto.
Promotores y Gobierno de Aragón
han remarcado que toda la inversión
(17.000 millones) será privada. Sin
embargo, la acción pública deberá ir
más allá de lo recaudatorio, además
deberá reducir los tipos impositivos
por actividades del juego. Y parecen
aceptarse otros cambios normativos
a la carta. Según AZAJER (asociación
que trabaja problemas de ludopatía),
la actual Ley Aragonesa del
Juego sólo permitiría un casino más,
y en Teruel. Asimismo, el impacto
urbanístico del proyecto, las modificaciones
y expropiaciones que se
avanzan pertinentes exigen la declaración
del complejo como de “interés
prioritario” por el Legislativo aragonés,
lo que permitiría superar el escollo
de municipios díscolos y dotaría
a la Administración de mayor flexibilidad
en su acción. Por otro lado,
y aunque no se realicen inversiones
públicas directas en el proyecto, éstas
serían imprescindibles en infraestructuras
y servicios públicos, que
abarcarían al menos una nueva estación
del AVE, autopistas y la ampliación
del aeropuerto. Ello sin contar
los servicios públicos de una hipotética
ciudad de 100.000 habitantes o
los imprescindibles para que los
anunciados 35.000 trabajadores comiencen
siquiera a construirla. Algunos
servicios son urgentes si se pretende
que unas tres quintas partes
del proyecto estén listas en torno al
2010. La Administración aragonesa
no ha aclarado aún su grado de compromiso
con estos gastos.
Desde que se publicó la iniciativa,
el consorcio ILD ha advertido de
que la oposición del “lobby ecologista”
podía perjudicar las inversiones.
Se manifiesta así la necesidad
de garantizar un consenso social en
torno al proyecto, cerrar el debate y
desprestigiar los escepticismos para
no ahuyentar las inversiones.
Junto a razones sobre el fondo del
proyecto, la opacidad y su exclusión
del debate han motivado la oposición
de grupos que cuestionan este
modelo de desarrollo (entre otros
Ecologistas en Acción, Aragón No
Se Vende y CGT). IU también mostró
su rechazo y progresivamente
otros sectores del ámbito político y
social, como la Chunta Aragonesista
(CHA), han reclamado prudencia
o una discusión seria del
proyecto, así como la organización
Ecología y Desarrollo (ECODES).
En los Monegros, los rechazos
surgidos se han agrupado en la
Plataforma Monegros No Se Vende
y, tras el entusiasmo inicial sobre el
terreno, en que los valedores políticos
del proyecto habían fundado
gran parte de su legitimidad, algunos
representantes comarcales y pequeños
agricultores despliegan dudas
y alternativas más coherentes
con el modelo social, económico y
ecológico monegrino, cuestionando
que el incremento de población en sí
mismo sea un objetivo que deba imponerse
a la calidad de vida de quienes
ya habitan esta tierra.
'La Expo' hipoteca los presupuestos de Zaragoza
_ N.E. (REDACCIÓN ARAGÓN)
_ El aumento de los gastos en
las obras emblemáticas de la
Expo ha originado grandes dificultades
al Ayuntamiento de
Zaragoza para cuadrar los presupuestos
para 2008. Algunos
analistas, como el Seminario
Zafra de Economía o la sección
de Acción Social de CGT,
empiezan a anunciar la bancarrota
en la que se encuentran
las arcas municipales, a lo que
se añaden las críticas por
parte de la oposición del PP,
CHA e IU a los presupuestos
propuestos por la coalición del
PSOE y PAR. El Ayuntamiento
de Zaragoza ya está pagando
las consecuencias del despilfarro
en la Expo y afronta un
endeudamiento sin precedentes
en su presupuesto: 133
millones de euros para saldar
esta cuenta. El proyecto económico
para 2008 hipoteca
numerosas actuaciones necesarias
y se basa en la petición
de créditos astronómicos, la
paralización de inversiones y la
subida de los impuestos. La
Asociación de Vecinos de La
Paz critica el retraso en la
apertura de una ludoteca
construida en el barrio "por
falta de presupuesto para
material». Hasta Domingo
Buesa, líder local del PP, en un
alarde de cinismo, afirmó que
"no debemos repetir el error de
Sevilla, donde la exposición se
convirtió en el peor enemigo
de la ciudad».
Al mismo tiempo, edificios
emblemáticos de la Expo,
como el Pabellón Puente, la
Torre del Agua o el Palacio de
Congresos, van aumentando
su coste y retrasando su finalización.
Roque Gistau, presidente
de Expoagua afirmaba el
pasado 16 de diciembre en el
Periódico de Aragón que algunas
obras no obedecerán a
plazos marcados, anticipando
las dificultades para llegar al
16 de junio de 2008 con
todas las obras terminadas.
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