CAMPAÑA ELECTORAL. Mauricio Funes, candidato por el FMLN, periodista de larga trayectoria en diversos medios de comunicación,
fue elegido como candidato a presidente en septiembre de 2007. Funes competirá contra el candidato de Arena, Rodrigo Ávila.

En las elecciones del 15 de
marzo se enfrentan con
gran desigualdad de medios
dos fuerzas políticas
que representan dos modelos muy
distintos. Por un lado, el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), ex guerrillero y reconvertido
en un fuerte partido político
tras los acuerdos de paz de 1992;
y por otro lado, la Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), neoliberal
y ultraderechista, que mantiene
el poder desde hace 20 años con todo
tipo de fraudes y campañas sucias,
desde compra de votos hasta
asesinatos intimidatorios. Prácticas
habituales para el partido heredero
de una dictadura oligárquica que lanzó
al ejército contra su propio pueblo.

Con la ‘paz’, los mismos clanes
familiares de ricos empresarios continúan
siendo los dueños de todo el
sistema productivo y del gobierno
central. Frente a esto, la lucha por la
dignidad tiene un protagonista: los
movimientos sociales.
Las acuciantes necesidades sociales
han ido creando cientos de asociaciones
independientes, que trabajan
paralelamente a la organización
social continua que el FMLN ha impulsado
todos estos años. Es muy frecuente
encontrarse con el fenómeno
de la doble militancia. El FMLN aglutina
en la práctica a casi toda la fuerza
de izquierda del país y cuenta con
amplio apoyo social. Componen un
tejido que tiene la tarea de ir haciendo
poco a poco lo que el Gobierno
central no hace. En municipios gobernados
por el FMLN el trabajo se
realiza de forma conjunta con los
movimientos y las Mesas de Agua y
Directivas comunales, vecinales, sindicales,
feministas y de mujeres, de
defensa de derechos civiles y derechos
humanos, de estudiantes, de
campesinos, de indígenas, etc.

Los megaproyectos se convierten
en grandes negocios para quienes se
valen del Estado para vender los
bienes públicos a las multinacionales.
La lucha por el recurso más básico,
el agua potable, es una batalla
abierta entre las comunidades que la
necesitan y el Estado que la privatiza.

Los 25 proyectos mineros extractivos
en curso amenazan seriamente
los acuíferos y los ríos con su contaminación.
Un ejemplo son los proyectos
de la minera canadiense Pacific
Rim, paralizados de momento
por las poblaciones afectadas y por
las Mesas contra la minería. Otro tanto
ocurre con las proyectos de represas,
que el Gobierno negocia con
multinacionales pese a la oposición
de ecologistas y poblaciones locales.
Movimiento campesino
Sabino Alas Castro, de la Fundación
para la Cooperación y el Desarrollo
Comunal de El Salvador, relata las
dificultades de los agricultores. Este
ingeniero agrónomo, que trabaja
con campesinos para avanzar en la
soberanía alimentaria a través de
las semillas nativas, critica que tanto
el Ministerio de Agricultura como
los alcaldes de la derecha –en
connivencia con los grandes terratenientes
cafetaleros, de la caña, y
ganaderos– dificultan la labor. El
campesinado humilde ha sido olvidado
y empobrecido. Las comunidades
campesinas están organizándose
y exigen que se les tome en
cuenta en las políticas del Estado.
En Izalco, a 55 km de San Salvador,
junto al majestuoso volcán, la
ultraderechista Arena inició su campaña
haciendo referencia con orgullo
a la masacre de 30.000 indígenas
y campesinos alzados en 1932 en este
pueblo contra el gobierno y los terratenientes.

77 años después, Julieta
Ama, nieta del líder indígena de la
revuelta –José Feliciano Ama–, presidió
una ceremonia indígena sobre la
tierra sagrada en que descansan sus
ancestros asesinados: “En El Salvador,
indígenas somos todos... tenemos
esa sangre, la cosa es reconocerlo.
Hemos estado olvidados y
ofendidos por este Gobierno. Sufrimos
persecución y exterminio por el
reclamo de los derechos”.

Radios comunitarias

El Grupo Mapache transmite clandestinamente
desde algún lugar de
San Salvador su programa de radio
Zurda. Representan a la juventud
rebelde organizada políticamente.
Ellos son presente y futuro de las
luchas en este país. “Estamos haciendo
un esfuerzo para romper el
cerco mediático que la derecha impone,
no sólo en El Salvador, sino
en todo el mundo con el pensamiento
único”, aclaran desde esta radio
comunitaria. El actual presidente
del Gobierno, Antonio Saca, es vicepresidente
de la Asociación Salvadoreña
de Medios Informativos.

“Los poderosos no van a ceder privilegios
y nos van a atacar. Los
jóvenes trabajadores y estudiantes
tenemos clara la necesidad del cambio
de Gobierno y no vamos a dejar
pasar esta oportunidad”, aclaran
desde Grupo Mapache.
En una reciente reunión de 21
representantes sindicales de los sectores
de maquilas textiles e industriales,
salud y servicios públicos,
maestros, energía, sector informal,
entre otros, pusieron de relieve las
pésimas condiciones laborales, los
abusos y la precariedad salarial. La
Plataforma Común Sindical Centroamericana
denuncia que no se respeta
la libertad sindical, ni las vidas
de los sindicalistas y de sus familias.
Los trabajadores organizados reciben
constantes amenazas, coacciones,
intimidaciones, son despedidos
y hasta asesinados. El Gobierno no
proporciona protección, más bien al
contrario: al declarar inconstitucional
los convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del
Trabajo (libertad sindical y protección
del derecho de sindicación)
muestra su verdadera cara. En un
principio el Gobierno ratificó estos
convenios para que la multinacional
española Calvo-El Salvador siga obteniendo
el ‘plus comercial’ en la
Comunidad Europea. Después de
lograr esto, la Corte Suprema de
Justicia neutralizó el convenio de la
OIT al declararlo anticonstitucional.
Frente a esta situación, los sindicatos
más combativos han elevado una
petición a la ONU para que se declare
Centroamérica como ‘zona de
emergencia sindical’.

EL ÉXODO SALVADOREÑO, SIN DERECHO AL VOTO

POR CILIA HERNÁNDEZ, LOCUTORA DE RADIO VICTORIA (EL SALVADOR) Y DE RADIO ALMENARA (MADRID)

Durante los 12 años de
guerra (1980-1992), miles
de personas partieron al exilio.
Ahora, pese a que el
país goza de una aparente
paz, miles de personas
huyen del país buscando
un mejor trabajo, mejores
estudios, simplemente una
vida mejor, oportunidades
que les son negadas en El
Salvador, pues hasta ahora
las políticas neoliberales
impulsadas por la derecha
están dirigidas a mejorar el
capital financiero de unos
cuantos empresarios. Hay
muchas maquilas con trabajos
precarios, donde apenas
resulta rentable trabajar,
porque no te pagan ni
para el pasaje ni la comida.
Con estas ofertas de
empleo, con las que el presidente
salvadoreño se
llena la boca día tras día en
los medios de comunicación,
la gente prefiere buscar
‘el sueño americano’,
sin reparar que en otros países
sufrirán discriminaciones
y precariedad, pues ahí
por lo menos tendrán un
trabajo y ganarán dinero.

De acuerdo a estudios realizados
por el PNUD en
2005, son casi 300 personas
diarias las que emigran
a EE UU. Según la misma
fuente, en los últimos 30
años, el porcentaje de la
población de El Salvador
que vive en EE UU pasó del
0,2% al 20%. A esto le
podemos sumar el aporte
económico de las remesas,
que superó los dos mil
millones de dólares en
2006. Sin embargo, pese a
la dimensión de estas
cifras, los ‘exiliados’ no pueden
participar en las elecciones,
de acuerdo a las
leyes del país. Hasta ahora
no ha habido voluntad política
ni interés por facilitar y
generar mecanismos necesarios
para que millones de
personas puedan ejercer el
derecho al voto desde el
extranjero. Muchas personas
ya se han pronunciado
en la página web: www.elsalvadorvota.
net, para reivindicar
el derecho al voto.