Brugal // los empresarios están imputados
Olor a corrupción en los vertederos de la Vega Baja

Dos vertederos amenazan la salud y el medio ambiente en el sur de Alicante y Murcia.

17/06/13 · 8:00
Edición impresa

“Esto huele mal, y no sólo por las basuras”, dice José Antonio Juan, de la asociación Albatera No al Vertedero, en relación a la implicación del empresario Enrique Ortiz, adjudicatario del futuro macrovertedero en esta localidad del sur de Alicante, en el caso Brugal. A pesar de la imputación de Ortiz en el caso que investiga la trama de corrupción político-empresarial ligada a la adjudicación de los servicios de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, la UTE Cespa-Ortiz ha recibido la adjudi­cación para la construcción en Al­ba­tera de un macrovertedero de 180.000 metros cuadrados que durante 20 años recibirá las basuras de los 27 municipios de la comarca.

El proceso, según denuncian los vecinos, está plagado de irregularidades. La primera decisión del Con­sorcio que se encarga de la aplicación del plan zonal de basuras fue colocar el vertedero en Torremendo (pedanía de Orihue­la), también a través de la UTE Cespa-Ortiz, pero tras la denuncia de los vecinos fue anulada en 2010 por un tribunal, ya que Albatera acumulaba más puntos. “La comisión técnica adjudicó unos puntos a Albatera que no le correspon­dían, como por tener las opciones de compra sobre los terrenos, cuando no los tenía, o por una campaña de concienciación que nunca se hizo”, afirma Juan. Varios técnicos y políticos responsables de la aplicación del plan zonal están imputados en el sumario del caso Brugal.

“No lo queremos en Albatera, pero tampoco en Torremendo o en cualquier otro sitio”, dice Juan, ya que estas zonas se han declarado aptas “no porque el terreno sea mejor, sino porque son los únicos lugares en los que se cumple la distancia mínima a un núcleo urbano”. Los vecinos denuncian que la instalación del macrovertedero acarreará consecuencias desastrosas para el medio ambiente, ya que se situará junto a la microrreserva de la Rambla Salada, una zona de gran riqueza medioambiental, y sobre los canales del Taibilla, que abastecen de agua a toda la provincia, en un lugar de alta sismicidad. También se situará a escasos metros de una zona calificada como Lugar de Interés Comunitario y de Especial Protección de Aves.

El contrato definitivo entre el Consorcio y la empresa se firmaba este 10 de junio, ante lo que Albatera No al Vertedero, que ha movilizado al pueblo contra este proyecto, planea no sólo recurrir a la vía contencioso-administrativa, sino tratar de personarse por la vía penal en el caso Brugal para que se investigue “esta adjudicación como una parte más de la trama de corrupción”.

Las movilizaciones se han extendido a las localidades de Cox y Gran­ja de Ro­ca­mora, donde se pretende situar una de las dos plantas de transferencia que se encargarán de recibir parte de las basuras para derivarlas al macrovertedero. Organizadas por la plataforma Granja-Cox No al Vertedero de Trán­sito, las protestas se han multiplicado y en los últimos días los propietarios de las parcelas de la zona afectada se han comprometido a no vender sus terrenos para este fin.

El 7 de junio, poco antes de la firma del contrato, tanto las plataformas antivertedero de las tres localidades como los alcaldes presentaron cinco recursos ante los juzgados de Ali­cante solicitando que se impugne la adjudicación y se investiguen posibles irregularidades.

El desastre de Proambiente

Los temores de los vecinos de Alba­tera no son infundados si se tienen en cuenta las nefastas consecuencias del macrovertedero que desde hace 20 años ha desarrollado su actividad a sólo unos kilómetros, y que se extiende por terrenos de La Murada (pedanía de Orihuela, en Alicante) y Abanilla (Murcia). Ángel Fenoll, cuya empresa familiar Proambiente lo gestiona, es uno de los principales imputados en el Bru­gal, junto con varios exalcaldes y concejales del PP de Orihuela, entre otros; y varias de las irregularidades de este vertedero se encuentran en los tribunales de Orihuela y Cieza (Murcia).

En agosto de 2012, después de que los vecinos de La Murada permanecieran acampados 20 días a las puertas del vertedero de Proambiente, el Ayuntamiento de Orihuela ordenaba el cierre cautelar de las instalaciones principales y le abría siete expedientes a la empresa al constatar que no disponía de licencia para actuar en esta localidad. Los vecinos hablan de enterramientos desde 1992, e iniciaron las denuncias en 1994. Fenoll “siguió comprando terrenos y se metió en Murcia, donde en 1998 consiguió permisos para el tratamiento de residuos urbanos no peligrosos (RSU)”, explica Vicente Pé­rez, presidente de la plataforma VertiVega, de La Murada.

Por su parte, la Consejería de Presidencia de Murcia ordenó en octubre de 2011 el cierre por 30 años del vertedero tras una denuncia de Ecologistas en Acción contra la empresa por haber ocupado y destruido 44 hectáreas de un paraje de la sierra de Abanilla de la Red Natura 2000, y tras haber descubierto un enterramiento ilegal de 117.900 toneladas de residuos sin tratar. Aun así, en 2012 la empresa era pillada in fraganti vertiendo otras 400 toneladas. En los últimos meses, tanto la Conse­je­ría de Presidencia de la región como una jueza de Cieza han obligado a Proam­biente a asumir la restauración del territorio destruido, y le imponen una fianza de 3,3 millones y dos millones de euros respectivamente para garantizar la rehabilitación, aunque la juez reconoce en el auto que “en muchos casos la destrucción es de carácter irreversible”. A pesar de todo ello, la misma Conse­jería de Presidencia está tramitando actualmente la posible reapertura y ampliación del vaso 3 del vertedero para los próximos siete años.

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de Murcia, que habla de “destrucción irreparable de hábitat, fauna y contaminación del suelo”, afirma que “ha habido dejadez de funciones de la Administración regional en los últimos 15 años, probablemente corrupción y han fallado todos los mecanismos de control”. El grupo ecologista ha denunciado también al alcalde de Abanilla.

Residuos peligrosos

“Aquí ha entrado mucho RSU, pero también mucho residuo peligroso”, dice Vicente Pérez, quien añade que “el tema está en el filón que suponen las basuras y la regulación que empezó a venir para poder beneficiar a ese empresario. Venían camiones desde Cantabria, La Rioja o Cata­luña. También de Alemania, Francia, Inglaterra, etc”.

Desde VertiVega denuncian que los vasos del vertedero no se hallaban debidamente impermeabilizados ni disponían de conducciones para los lixiviados (líquidos procedentes de la descomposición de las basuras), que deben ser almacenados y tratados, por lo que éstos se han filtrado en el subsuelo y rezuman a centenares de metros del vertedero en forma de charcos o riachuelos pestilentes. Unos análisis encargados por esta plataforma a unos laboratorios muestran niveles de contaminación alarmantes, con cantidades elevadísimas de amonio y nitratos. “La ladera de la sierra es una zona de máxima permeabilidad. Hay millones de toneladas de basura que presionan y generan lixiviados, que están reventando por todas partes”, afirma Demetrio Poveda, de la misma plataforma.

Enterramientos ilegales

Pero las irregularidades van más allá. “El vertedero se convirtió en un monstruo. Con la falta de espacio que tenían, empezaron a verter miles de toneladas de basura sin tratar fuera del perímetro de la industria a hoyos cedidos por propietarios de fincas, que han plantado cítricos encima”, explica Pérez. VertiVega denunció la existencia de 11 fincas con enterramientos ilegales que incluyen residuos tóxicos o peligrosos, como material hospitalario y pilas, según ha podido comprobar DIAGONAL. La empresa alega que lo vertido es “compost”. El caso se encuentra abierto en los juzgados de Orihuela.

Los vecinos temen la contaminación irreversible de las tierras y las aguas, y denuncian que el pueblo sufre insoportables olores “a gases”. En la vecina Abanilla, el médico Eze­quiel Alonso realizó un estudio particular que muestra que la localidad ha pasado de tener la menor incidencia de cáncer en la región de Murcia antes del vertedero a ser en la que más ha crecido porcentualmente este tipo de enfermedad. Sin embargo, las administraciones de ambas comunidades no han realizado estudios de salud a pesar de las peticiones.

Tanto VertiVega como Albatera No al Vertedero, que colaboran en su lucha contra estas instalaciones, defienden un nuevo modelo de gestión de residuos no basado en los macrovertederos. “El modelo de vertedero está caduco. Hay países que están reciclando al 60%, cuando aquí se recicla entre el 7% y el 12% en el mejor de los casos”, afirma José Antonio Juan, cuya asociación pide la modificación del plan zonal de residuos “para que pueda tratarse adecuadamente las basuras”. Según Vicente Pérez, “hay que cambiar la metodología de recogida, tratamiento y gestión de residuos, y la metodología es la separación escrupulosa desde el origen. Para ello hay que lograr una concienciación ciudadana, pero eso debe ir unido a una garantía de que la empresa que va a tratar los residuos los va a gestionar como procede”.

Fenoll: El “hijo de la basura” que tiró de la manta

T. Muñoz

El origen del caso Brugal (acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante) hay que buscarlo en una grabación que entregó Ángel Fenoll a la justicia en marzo de 2006. En ella, un concejal confesaba un soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, por parte de la empresa Urbaser, competidora de Fenoll. El empresario, que empezó recogiendo chatarra y creó un emporio tras conseguir la contrata de basuras de Orihuela Costa, se jactaba entonces de su costumbre de registrar todos sus tratos y sobornos a políticos en su despacho. Grabaciones que acabaron, al menos parte de ellas, en manos de la justicia, cuando el denunciante, Ángel Fenoll, se convirtió en imputado. Condenado por tenencia ilícita de armas, por comprar votos por correo para el PP y por falsificación de facturas, presume de vivir en su propio vertedero, donde tiene además un zoo privado con más de 200 animales salvajes. Colocó en sus empresas a familiares de altos cargos --entre ellos, a Carmen Zaplana, hermana de Eduardo Zaplana--, y además posee una licencia de TDT comarcal.

Ortiz: La “polla insaciable” de las contratas públicas

T. Muñoz
“Soy la polla insaciable”, confesaba Enrique Ortiz, principal acusado de la operación Brugal e imputado en la trama Gürtel, a otro empresario en una de las grabaciones que la policía le venía realizando desde 2008. Se refería el empresario a su voracidad por conseguir contratas de las administraciones públicas. Carreteras, hospitales, limpieza de edificios públicos, líneas de tranvía, etc. A Enrique Ortiz no hay concurso público que se le resista. Ortiz empezó como promotor y constructor, pero sus vínculos con el poder político local le llevaron a diversificar su holding empresarial, que hoy cuenta con una veintena de empresas. El sumario de Brugal, que cuenta con más de 40.000 folios, se ha dividido en tres piezas: la relacionada con la adjudicación de las basuras y dos planes urbanísticos bajo sospecha. Su intermediario, Rafael Gregory, fue cazado en una conversación con el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que aseguraba que le “guardaría” dos pisos de lujo a cambio de la concesión de la gestión de la basura de la provincia.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

El 16 de junio, 8.000 personas se manifestaron en Alicante contra el macrovertedero de Enrique Ortiz. / Albatera No al Vertedero
separador