SATURACIÓN. La Consejería reconoce casi
un millón y medio de habitantes más / Dani Sánchez

“Un nuevo mapa de la sanidad”. Así
definió el consejero de Sanidad y
Consumo de la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela (PP), la reordenación
de las áreas sanitarias
presentada por el Gobierno regional
en pleno mes de agosto. Madrid
pasará a tener 15 áreas de salud -hoy 11- y la creación de 44 nuevas
zonas básicas elevará a 283 las existentes
hoy en día. En consecuencia,
cerca de un millón y medio de madrileños
pasarán a tener un hospital
de referencia distinto.

En época ya preelectoral, el Gobierno
de Esperanza Aguirre espera
poner en marcha el nuevo sistema
desde enero de 2007. Con el
precedente de la campaña propagandística
sobre la reducción en el
tiempo de espera, que costó 1,9 millones
de euros, las promesas de
Lamela apuntan ahora a que la nueva
zonificación deje a cada madrileño
a una media de 12, 7 minutos
de su centro de salud más cercano
y a 27 minutos de su centro de
atención especializada. La creación
de ocho nuevos hospitales
completa esta oferta.

Para las asociaciones de vecinos,
de defensa de la sanidad pública y
sindicatos, el panorama no es tan
idílico. La nueva zonificación, opinan,
reconoce casi un millón de
tarjetas sanitarias más y unos
400.000 inmigrantes sin tarjeta
desde hace seis años, pero no pone
medios para atender esta nueva demanda.
Así, de todas las áreas sanitarias,
sólo dos cumplen los requisitos
de la Ley de General de
Sanidad, que recomienda un tope
de 250.000 personas como máximo
para cada una de ellas.

“Esta zonificación se ha hecho de
forma muy apresurada”, opina
Marciano Sánchez Bayle, presidente
de la Asociación en Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid. Este médico
destaca que el área de Vallecas
y Arganda -con sus más de 452.000
habitantes y con nuevo hospital incluido-
quedará con 0,76 camas por
cada 1.000 personas. Otro de los aspectos
más criticados ha sido que un
área entera se deja en manos privadas:
los barrios de Justicia, Lavapiés
e Imperial pasarán a estar atendidos
por la Fundación Jiménez Díaz, de la
multinacional sueca Capio. “La consejería
está desorganizando el sistema
público para favorecer al privado”,
resume Sánchez Bayle.

Plazos ajustados

La Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid ha
pedido que se prorrogue el plazo
para presentar alegaciones hasta el
31 de octubre, y ha convocado
asambleas vecinales para que las
diferentes asociaciones conozcan
la propuesta y puedan presentar
sus alegaciones con tiempo, dado
que el plazo previsto finaliza el 7 de
octubre.

Por su parte, la Coordinadora
Anti privatización de la Sanidad de
Madrid, formada por los sindicatos
CGT, CNT, Solidaridad Obrera, y
Plataforma Sindical, va a desplegar,
desde comienzos de octubre, una
campaña informativa sobre los nuevos
hospitales previstos por el
Gobierno de Aguirre. La Coordinadora
considera “un peligro para la
salud” el modelo de financiación
público-privada con que se están
construyendo los nuevos centros, y
divulgará los estudios existentes sobre
las repercusiones de este mismo
modelo en países como Reino
Unido y Canadá. Hay más información
en su web, casmadrid.org, y en
el correo info@casmadrid.org