Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.
El 24 de octubre de 2009, Víctor
Gálvez recibió 32 impactos de bala
cuando salía de la oficina donde
atendía a los vecinos damnificados
por DEOCSA, una de las dos filiales
de Unión Fenosa en el país. El asesinato
de este destacado opositor
local a la eléctrica española conmovió
Malacatán, un municipio situado
en el departamento de San Marcos,
a 250 kilómetros de la capital,
cerca de la frontera con México.
El conflicto había comenzado
mucho antes. La oposición a la
gestión de Unión Fenosa y la lucha
por la nacionalización del sector
eléctrico, iniciada con su privatización
en 1999, había alcanzado
a finales de 2009 la dimensión de
un conflicto abierto. Ya en noviembre
de 2004, la Corte de Constitucionalidad
guatemalteca había
determinado que Unión Fenosa, a
través de su filial DEOCSA, estaba
realizando cobros indebidos mediante
un impuesto ilegal, y que
debía devolver cerca de 200 millones
de euros a los usuarios. Algo
que nunca hizo.
90.358 demandas
El 8 de julio de 2009, una carta de
30 organizaciones, movimientos sociales,
sindicatos y partidos políticos
del Estado español, con motivo
de la adquisición de Unión Fenosa
por parte de Gas Natural, denunciaba
las prácticas habituales de la
multinacional en Guatemala. Entre
las irregularidades recogidas, además
de la violación del dictamen de
la Corte, el texto documentaba “cobros
indebidos en las facturas (…),
represalias de Unión Fenosa contra
la población dejando sin suministro
eléctrico a las comunidades que
protestan por las altas tarifas y la
mala calidad del servicio”. Sólo en
los primeros cinco meses de 2009,
la Comisión Nacional de Energía
guatemalteca recibió 90.358 denuncias
contra la compañía. “Las tarifas
eléctricas para el consumidor final
comenzaron a incrementarse de
forma exponencial, y el servicio no
ha dejado de empeorar. Han sido
presentadas innumerables denuncias
por los usuarios ante los cobros
desproporcionados, los cortes de
energía sin aviso previo y el abuso
de autoridad de sus funcionarios
ante los reclamos de las poblaciones
rurales”, relata a DIAGONAL
Jesús Carrión, del Observatorio de
la Deuda en la Globalización.
Después de una consulta popular
para exigir la salida de la filial
de Unión Fenosa, numerosas comunidades
del departamento de
San Marcos se organizaron para no
pagar las facturas de la eléctrica española.
Las demandas: la expulsión
de la multinacional del país, la nacionalización
del sector, la creación
de empresas municipales de energía
y la reforma de la Ley General
de Electricidad.
La respuesta de Unión Fenosa, según
denuncian las organizaciones
sociales, fue el corte del suministro
de electricidad a partir del 15 de diciembre
del año pasado. “Tras una
semana sin energía, los habitantes se
quedaron también sin agua, colocados
ante el riesgo de enfermedades
infecto-contagiosas. En los hospitales
y en los centros de salud del área
se perdieron alrededor de 40.000 vacunas
destinadas para los niños y niñas
de los municipios afectados”, relatan
desde el Frente Nacional de
Lucha por la Defensa de los Servicios
Públicos y los Recursos Naturales
(FNL). A pesar de que Unión Fenosa
adujo problemas técnicos, para la
prensa guatemalteca la causa del corte
del fluido eléctrico en varias comunidades
de San Marcos, entre ellas
Malacatán, había que buscarla en los
7,5 millones de euros que los vecinos
debían a la compañía: 60.000 personas
llevaban un año en huelga de pago
como forma de protesta por los
“abusos” de Unión Fenosa.
El corte de suministro eléctrico días
antes de Navidad encendió a las
comunidades. Tras pasar tres días
sin luz, centenares de vecinos bloquearon
las rutas que comunican
México con Guatemala. Se sucedieron
tomas de carretera, plantones,
marchas y cientos de asambleas informativas.
El Gobierno de Colom
no tardó en acusar al Frente de
Defensa de los Recursos Naturales
y Derechos de los Pueblos (FRENA),
organización a la que pertenecía
Víctor Gálvez antes de ser
asesinado, de ser responsable de conexiones
ilegales, una práctica muy
común en la región. El 22 de diciembre,
el presidente guatemalteco decretaba
el estado de prevención en
San Marcos, una especie de estado
de sitio, todavía vigente, con el que
quedaron suspendidas la mayoría
de las libertades y derechos civiles.
Hasta el momento el estado de prevención,
decretado en principio para
15 días, ha sido prorrogado en
seis ocasiones.
“De los ocho dirigentes populares
que han sido asesinados, siete lo
han sido en el marco del Estado de
sitio. La población no puede reunirse
para articularse, porque es delito
que se reúnan más de tres personas”,
denuncia a DIAGONAL Roberto
Madriz, de la Comisión Política
del FNL. “Los sicarios del narcotráfico
recorren armados las aldeas,
diciéndole a la población ‘o pagan
o los matamos’. Al día siguiente
de que se decretara el estado de sitio,
Unión Fenosa abrió oficinas justo
en el edificio desde donde opera
el capo del narco de la zona, en un
edificio que todo el mundo sabe que
es de su propiedad. Con ello, lanza
un claro mensaje al pueblo”.
Mantener el negocio
Para la Unidad de Protección a Defensoras
y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA),
el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo
del Estado para resolver el ‘problema’
del servicio eléctrico en el Departamento
y la posibilidad de que
DEOCSA-Unión Fenosa pudiera
mantener su negocio”.
El 13 de enero de 2010, Evelinda
Ramírez, presidenta del Comité de
FRENA en Chiquirines (Retalhuleu),
volvía en coche de la capital
hacia su casa, en el municipio de
Ocós, en San Marcos. Durante dos
días se había reunido con diferentes
autoridades del Gobierno para
reclamar el esclarecimiento del
asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión
del estado de sitio y la expulsión
de Unión Fenosa del país.
Entre los kilómetros 206 y 208 de la
Carretera del Pacífico, una camioneta
Ford Pick Up blanca con los
vidrios polarizados interceptó el coche.
Los disparos mataron a Evelinda
Ramírez e hirieron a dos de sus
acompañantes. También en Malacatán,
era asesinado el 29 de enero
Pedro García, miembro del Comité
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores
y Trabajadoras de la Municipalidad
y activista por la nacionalización
de la energía en su
pueblo, San Pablo. Pocos días
atrás, García había denunciado
irregularidades cometidas por el
Consejo Municipal de Malacatán.
La historia se repite
Un final parecido le esperaba a
Octavio Roblero, católico de base,
integrante del FRENA, del FNL y
uno de los principales líderes de
San Marcos en la lucha por la nacionalización
del sector energético
y la expulsión de Unión Fenosa. El
asesinato de su cuñado, Víctor
Gálvez, y las amenazas de muerte
recibidas, le llevaron a presentar
un recurso de protección a la Corte
Suprema el 20 de enero. En la tarde
del 17 de febrero, mientras Roblero
cerraba la puerta de su negocio
en la estación de autobuses
de Malacatán, fue acribillado por
desconocidos desde un coche.
Este cuarto asesinato volvió a
trascender las fronteras de Guatemala.
El 21 de febrero, una nueva
carta de 50 organizaciones, sindicatos
y partidos españoles fue enviada
a los presidentes Álvaro Colom
y Rodríguez Zapatero, a los directivos
de Unión Fenosa-Gas Natural
y a los principales accionistas
de la eléctrica, La Caixa y Repsol.
El documento señalaba que estos
asesinatos se debían a la “actividad
social” de las víctimas y a “su lucha
contra los apagones y los cobros
excesivos de DEOCSA”, así como
“al intento de silenciar la actividad
de los movimientos sociales y de los
defensores de los derechos humanos”.
Al mismo tiempo, la carta
apuntaba a “la responsabilidad del
Gobierno español en la impunidad
de estos asesinatos” ya que ante estas
denuncias “no ha puesto en
marcha todas las medidas diplomáticas
y políticas necesarias para esclarecer
y frenar esta situación”.
Exactamente un mes después de
la difusión de la carta, el 21 de marzo,
tres líderes comunitarios eran
“salvajemente asesinados a bala y
machete” en el municipio de Ocós,
en el departamento de San Marcos,
según un comunicado conjunto del
FNL, Plataforma Agraria y la organización
ecologista Ceiba. Carlos Noel
Maldonado Barrios, de 60 años,
Leandro Maldonado, de 78 años y
Ana María Lorenzo Escobar, de 40
años, habían dedicado su activismo
a la expulsión de Unión Fenosa del
país y al derecho de las comunidades
al libre acceso al agua potable.
Intervención del Ejército
Al día siguiente, en la cercana aldea
de Las Brisas, también en San
Marcos, el activista Santiago Gamboa
era asesinado por “balas del
Ejército”, según el FNL. Gamboa
era dirigente del Comité de Vecinos
en lucha por la nacionalización
de la energía eléctrica en la
comunidad de Santo Domingo.
Aquel día por la mañana, según el
mismo comunicado, diez empleados
de una subcontrata de Unión
Fenosa habían acudido a desconectar
el fluido eléctrico. La reacción
de la comunidad fue retenerlos
y denunciar el hecho a las
autoridades. El Gobierno envió
250 soldados para “rescatar a las
personas secuestradas por una
turba”. Los soldados abrieron fuego
contra los manifestantes. Además
de Gamboa, que murió en el
acto, otros seis vecinos fueron alcanzados
por las balas de los soldados.
El operativo del Ejército en
Las Brisas fue seguido, según denuncia
el FNL, por la persecución
de líderes sociales: “Cubiertos con
el argumento de que se trata de acciones
contra el narcotráfico, han
allanado las viviendas de los dirigentes
locales del movimiento
contra Unión Fenosa, han inundado
las calles con tropas amedrentadoras,
han creado una situación
de terror entre la población”.
La organización de derechos humanos
UDEFEGUA señala la complicidad
entre la multinacional, el
Estado y el crimen organizado: “Es
inaceptable que en pleno Estado de
excepción implantado por el Gobierno
para proteger los intereses
de una transnacional que roba y
viola la ley, las bandas de criminales,
al servicio del narcotráfico, del
Gobierno y de Unión Fenosa, actúen
con total impunidad”.
“La Policía y el Ejército han jugado
el papel de matones armados
al servicio de Unión Fenosa”,
sostiene Roberto Madriz, del FNL.
Sin embargo, admite que hasta
ahora no hay pruebas que valgan
ante un tribunal: “No existe ninguna
evidencia que pruebe la
complicidad de Unión Fenosa en
la ola de asesinatos de dirigentes
que se le oponen. Pero ante la ausencia
de evidencia que apunte en
cualquier otra dirección, no puede
tampoco descartarse como sospechosa.
De hecho, no hay nadie, en
absoluto, implicado como autor
material o intelectual. La más absoluta
impunidad rodea cada uno
de estos hechos”.
Historia de una privatización
JESÚS CARRIÓN (ODG)
Unión Fenosa desembarca
en Guatemala a raíz del
proceso de privatización
que se impulsó por recomendación
expresa del
Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) en la década de
los ‘90. Aduciendo falta de
competencia en el sector,
recomendaron fraccionar
la generación, el transporte,
la distribución y consumo
final de la energía eléctrica,
para que existiera
competencia. Pero el resultado
de dicha apertura ha
sido que la distribución en
el país ha quedado en
manos de dos empresas
españolas: Unión Fenosa e
Iberdrola. Para evitar ser
acusada de monopolio,
Unión Fenosa creó dos
empresas: DEOCSA se
encargaría de la parte occidental
y DEORSA de la
parte oriental, cubriendo
20 de los 22 departamentos
de Guatemala. En
Nicaragua actuó de la
misma forma creando DISNORTE
y DISSUR. Coincidiendo
con la entrada de
las transnacionales españolas
en Centroamérica,
los diferentes Gobiernos
españoles han utilizado
créditos FAD que contabilizan
en parte como Ayuda
Oficial al Desarrollo para
financiar infraestructuras
eléctricas que han favorecido
a dichas compañías.
Las organizaciones de
defensa de los servicios
públicos critican el carácter
fraudulento de la privatización,
a un valor claramente
inferior al tasado.
La compra contó con el
visto bueno de los miembros
de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica,
quienes luego fueron
destituidos por la Corte
Superior por abuso de
poderes en el ejercicio de
sus funciones.
La multinacional con sangre entra
Dentro de la dinámica de
persecución sindical ejercida
por Unión Fenosa, en
Colombia han sido documentados
hasta la fecha
los asesinatos de 27 sindicalistas
en el proceso de
privatización de las empresas
de servicios públicos
eléctricos en la Costa Caribe.
Por otra parte, también
se tienen documentadas
las muertes de 150 personas
electrocutadas en
Colombia por la negligente
política de mantenimiento
de redes de distribución
eléctrica de Unión Fenosa.
Por la misma razón, se tienen
registrados casos en
Nicaragua. Unión Fenosa
no tiene la exclusividad en
esta materia. En el informe
de Amnistía Internacional
de 2004 Un laboratorio de
guerra: represión y violencia
en Arauca (Colombia)
se acusa a Repsol-YPF y a
la empresa estadounidense
Oxy de no respetar
los derechos humanos, al
facilitar ayuda financiera a
unidades militares del ejército
colombiano “con vínculos
probados” con los
grupos paramilitares en el
departamento de Arauca,
la región más militarizada
de Colombia, donde se
cometen “abusos y violaciones
de los derechos
humanos por parte de las
Fuerzas de Seguridad, los
paramilitares y la guerrilla”.
Estos hechos fueron suficientemente
documentados
en las sesiones del
Tribunal Permanente de
los Pueblos: Empresas
Transnacionales y Derechos
de los Pueblos en
Colombia, 2006 - 2008 y
en la sesión de Lima en
mayo de 2008.
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