MADRID // LA CAZA DE BRUJAS A LOS MÉDICOS DEL SEVERO OCHOA DESVIÓ LA ATENCIÓN SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS HO
Objetivo: demoler la sanidad pública

El 7 de febrero, vecinos y
profesionales de la salud se
manifestarán contra el modelo
de sanidad de Madrid,
donde a las privatizaciones
se une el acoso a quienes
aplican cuidados paliativos.

07/02/08 · 0:00
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EXCULPADOS. La justicia exonera a los médicos, pero no el consejero de Sanidad. “Que no haya podido probarse (...) no excluye que no se hicieran prácticas inadecuadas”, afirmó / Sylavain Cherkaoui

Le llamaron “nazi” y “doctor muerte”,
y los medios conservadores compararon
a su equipo con Sendero Luminoso.
El 11 de marzo de 2005, Luis
Montes, jefe de Urgencias del Hospital
Severo Ochoa de Leganés, era
destituido tras una denuncia anónima
que acusaba a su unidad de “400
homicidios” por aplicar sedaciones
excesivas. Ese día, el entonces consejero
de Sanidad, Manuel Lamela,
remitía a la Fiscalía de Madrid 25 casos
donde se aplicaron supuestas sedaciones
irregulares.

Ninguna acusación era cierta. Tres
años después, el pasado 28 de enero,
la Audiencia Provincial descartaba
que hubiera mala praxis médica.
Pero, pese al revés judicial, el Gobierno
regional tuvo éxito en otros frentes.
Como se intenta hoy con la campaña
antiabortista, la ‘caza de brujas’
en el Severo Ochoa tuvo un efecto
inhibitorio. En los hospitales madrileños,
el temor a ser denunciado lleva
a que los médicos se cuiden de
aplicar cuidados paliativos para mitigar
el dolor de sus pacientes.
Además, el ‘Caso Leganés’ no estalló
por casualidad. Según afirmaba
el doctor Montes en una entrevista
en Público: “La consejería anunció la
concesión de ocho nuevos hospitales
y esto sirvió de cortina de humo. El
objetivo es privatizar la sanidad”.
Cuando Aguirre llegó a la Comunidad,
todos los hospitales de la Consejería
eran de gestión pública. En
2003 se construyeron siete hospitales
con un sistema mixto de gestión
pública y privada. El último paso, en
2007, fue la apertura en Valdemoro
del primer hospital privado dentro
de la sanidad pública.

Al contrario de las promesas del
PP, la gestión privada no se está traduciendo
en mayor eficacia. Según
datos de la OMS, la iniciativa privada
tiende a ser más cara, porque el dinero
público se usa para financiar
los costes de las empresas privadas.
Así ha ocurrido en Madrid en 2007.
La Comunidad pagó casi 70 millones
de euros a las empresas privadas adjudicatarias
de los nuevos hospitales,
mientras que se recurrió a la deuda
pública para pagar la nómina de los
65.000 empleados públicos.
Frente a esta situación, desde algunos
colectivos se busca dar respuesta
a un proceso de privatización
que busca aplicar a la salud el afán
de lucro del mundo de la empresa.

Para el 7 de febrero, la Federación de
Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública y las asociaciones
de vecinos de Madrid han llamado a
salir a la calle “por una sanidad 100%
pública”. El objetivo es evitar el modelo
hacia el que se avanza, en el que
el consejero Güemes anuncia que se
premiará a los médicos que ahorren
costes en el tratamiento, y donde
Aguirre asegura que, hoy, “los que
esperan más de 30 días para operarse
es porque no aceptan operarse en
un hospital privado”.

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