"COLOMBIA: EL ESCÁNDALO, CONOCIDO COMO ""8.000 DE LOS PARAS"", COMIENZA A AFECTAR A LA POPULARIDAD DEL PRESIDE
Nuevos testimonios y pruebas demuestran la conexión entre Uribe y los paramilitares

Cuatro senadores y cuatro diputados uribistas han sido detenidos por vínculos con los ‘paras’. Un ex integrante del servicio de inteligencia colombiano
denuncia continuas relaciones entre ‘paras’, políticos y cargos públicos para cometer asesinatos, negocios ilícitos y fraude electoral. Un ordenador
perteneciente al paramilitar ‘Jorge 40’ puede complicar enormemente la legislatura de Uribe, a cien días de haber sido elegido.

05/12/06 · 0:00
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URIBE DE EXCURSIÓN. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe (con sombrero), revisando las tropas sobre el terreno. / Jorje Mata - Ernesto Laos / Surimages

El reciente testimonio de Rafael
García, ex jefe de informática del
Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) -principal agencia
de inteligencia de Colombia, que
también desarrolla funciones de policía
secreta- ante la Corte Suprema
de Justicia sobre la penetración del
paramilitarismo en el Estado, ha
puesto en jaque a buena parte de la
clase política colombiana.

Al cierre de esta edición y en
cuestión de dos semanas han sido
detenidos cuatro senadores y cuatro
diputados, se ha emitido orden
de captura contra un ex gobernador
de Sucre, ha sido llamado a interrogatorio
un ex director del DAS y han
trascendido los nombres de decenas
de congresistas, alcaldes, gobernadores,
policías y militares que figuraban
en los archivos de las ‘autodefensas’
o que han sido denunciados
por paramilitares confesos.
Ante la Corte Suprema de Justicia,
García denunció fraudes electorales,
contratos ilícitos y reveló
múltiples alianzas entre paramilitares,
políticos y cargos públicos. En
la búsqueda de beneficios por colaboración
con la Justicia, García denunció
entre otros a su antiguo jefe,
Jorge Noguera, por colaboración
con los grupos paramilitares. El ex
director del DAS no sólo habría facilitado
las acciones paramilitares en
la Costa Atlántica, sino que habría
constituido una alianza entre altos
funcionarios del DAS y el Bloque
Norte de las Autodefensas, al mando
de Rodrigo Tovar Pupo, alias
Jorge 40, para asesinar a dirigentes
populares en la zona.

Ya el pasado abril, un año y medio
después de haber sido detenido por
borrar los antecedentes judiciales de
varios narcotraficantes, Rafael García
rompió su silencio ante la Fiscalía
y denunció las relaciones entre el
DAS y los ‘paras’. Al mismo tiempo,
García también detalló el fraude cometido
en las elecciones al Congreso
y a la Presidencia de 2002 en múltiples
departamentos de la costa, en
favor de determinados candidatos
uribistas, manipulando los resultados
a través de un programa informático
elaborado por él mismo.
Según García, de este hecho tuvo conocimiento
entre otros Jorge Noguera,
entonces director de campaña
de Uribe en Magdalena.

Según las declaraciones realizadas
por este ex funcionario de la inteligencia
colombiana, el DAS filtró
información a los paramilitares para
asesinar sindicalistas. Incluso llegó
a hablar de un plan fraguado
desde la Seguridad del Estado colombiano
para desestabilizar al Gobierno
venezolano. Salvo el plan
contra Venezuela -aún sin hacerse
públicas las pruebas incriminatorias-,
todo lo declarado por García
se ha ido confirmando.

El testimonio del ‘arrepentido’ es
sólo la punta del iceberg del affaire
colaboracionista del Gobierno colombiano
con el terror paramilitar en
departamentos como Magdalena,
Cesar, La Guajira y Bolívar. En el Departamento
Atlántico, hubo hospitales
públicos que fueron controlados
por los ‘paras’, convirtiéndose en una
especie de caja menor para los ‘señores
de la guerra’; en el departamento
de Guajira, los subsidios de salud
fueron desviados para financiar la
compra de armas; en el departamento
de Córdoba, los notarios eran utilizados
para legalizar tierras robadas,
los contratos públicos utilizados para
financiar la guerra sucia, los registradores
regionales canalizados para
alterar los resultados electorales, los
alcaldes y gobernadores empleados
para consolidar su poder regional, y
los congresistas, para defenderse del
poder nacional y de las investigaciones
de la Fiscalía.

Declaraciones como las realizadas
por el senador Amílkar Acosta
al diario El Tiempo en noviembre
de 2005, donde cuenta cómo tuvo
que retirar su candidatura al
Senado en La Guajira por las amenazas
de los paramilitares, van poco
a poco desvelando toda la trama.

Este escándalo narco-político-paramilitar
se ha concentrado hasta
ahora en el territorio correspondiente
a la Costa Atlántica, dado que el
testimonio de García hace referencia
a denuncias en esta zona. También
porque el incautado ordenador personal
de Jorge 40 contenía información
de sus operaciones en esta zona;
y porque la Fiscalía ya venía investigando
el caso de los políticos de
Sucre desde hacía cinco años. Sin
embargo, ya asoman la cabeza escándalos
de la misma envergadura
en el resto del país. En los Llanos y
los Santanderes ya hay varios alcaldes
y ex gobernadores salpicados.
Lo mismo en territorios como el Eje
Cafetero y Antioquia, que estuvieron
bajo la égida militar de los líderes
paramilitares Carlos Mario
Jiménez, alias Macaco o Diego
Murillo, alias Don Berna.

Crisis política

Coincidiendo con los cien días del segundo
mandato presidencial de Álvaro
Uribe, estallaba la crisis política
en Colombia. En medio del escándalo conocido popularmente como
caso “8.000 de la Costa” u “8.000 de
los paras”, se convocaba en el Palacio
Presidencial un encuentro de
todos los partidos que componen la
bancada uribista para enfrentar la
crisis. El Gobierno buscaba tranquilizar
a sus aliados, buscar la normalidad
en el Congreso para evitar
la parálisis legislativa, y poner obstáculos
a la posibilidad de que la polémica
llegue a afectar a Uribe.

Pocos días después todos los noticieros
y periódicos colombianos
recogían la filtración de las frases
comprometedoras realizadas por el
senador uribista Álvaro Araújo, del
partido Alas-Equipo Colombia, en
una reunión con el titular de Interior,
Carlos Holguín. Según la
prensa colombiana, exaltado y descompuesto,
Araújo afirmó que si la
Corte Suprema lo afectaba con alguna
decisión -“si rueda mi cabeza”,
fueron sus palabras- quedarían
salpicados su hermana, la canciller
Consuelo Araújo; el ex esposo
de su tía, el procurador Edgardo
Maya; su primo Jaime Araújo, magistrado
de la Corte Constitucional
y, en última instancia, su propio jefe:
el presidente Álvaro Uribe.
Según la revista Semana, el medio
informativo de análisis y opinión
más importante de Colombia,
“se ha fortalecido la percepción de
que la bola de nieve del ‘8.000 de
los paras’ se volvió imparable. Se
difundió el temor de que habrá más
decisiones de la Corte y de la
Fiscalía contra algunos políticos.

Hemos podido confirmar que tanto
en la Corte Suprema de Justicia como
en la Fiscalía hay méritos para
que más políticos terminen en los
estrados judiciales. Se producirá
entonces una expansión horizontal:
más congresistas y ex funcionarios
serán llamados para que expliquen
hasta dónde colaboraron con
los grupos paramilitares. Pero la
mención del senador Araújo a su
hermana la Canciller, y a su jefe el
presidente, alimentó además la hipótesis
de que la crisis puede crecer
hacia arriba”. De hecho, el presidente
de la Corte Suprema, Yezid
Ramírez, declaró públicamente que
la institución seguirá adelante con
sus investigaciones.

El ordenador de Jorge 40

El ordenador del paramilitar Jorge
40, que la Fiscalía incautó el pasado
marzo a su segundo, Edgar Ignacio
Fierro Flórez, alias Don Antonio, ya
desveló varios episodios de corrupción.
Se sabe que Don Antonio pagó
300.000 pesos por una identidad
falsa y también que desembolsó
medio millón de pesos para que robaran
del Registro de Bogotá su tarjeta
‘decadactilar’ original.

Pero la investigación más importante
que se desprendió de la captura
de este ordenador es la que salpica
a políticos costeños, entre los
cuales figuran cuatro diputados de
Sucre, varios congresistas y al menos
una decena de alcaldes. El alcalde
del municipio de Coveñas
(Sucre), Rafael García Garay, ha sido
acusado de pertenecer al paramilitarismo.

En el caso de los diputados,
la Fiscalía comprobó que a
principios de enero éstos participaron
en una reunión con los ‘paras’
con el fin de acordar la participación
en las elecciones de marzo del
movimiento Frente Social por la
Paz, fundado por Jorge 40.
La información contenida en el
ordenador detalla otro de los nuevos
negocios que los paramilitares
han desarrollado para blanquear
sus fortunas ilegales: la compra de
nóminas y carteras a entidades públicas.
Así, otro jefe paramilitar, el
sanguinario Rodrigo Mercado,
alias Cadena, maneja una casa de
cambio donde compra nóminas
de entidades públicas del orden
municipal y nacional, dirigida por
la esposa de Oswaldo Ayala Bertel,
quien fuera gobernador de
Sucre y secretario de Educación
Departamental.

La operación consiste en comprar
los sueldos a los empleados
por un 70% del valor y, a cambio,
pagar antes de la quincena. Además,
se adquieren las carteras morosas
a menor precio y se compran
a nombre de los jefes ‘paras’. Similar
práctica es indagada en Montería
y en Puerto Libertador (Córdoba),
en donde los ex ‘paras’ Salvatore
Mancuso y Macaco, habrían
negociado carteras de empresas de
limpieza y de entidades locales.
Algunos patrimonios ocultos de
los ‘paras’ también han sido desvelados
por la información contenida
en dicho ordenador. El diario El
Meridiano de Sucre publicaba, por
ejemplo, que Cadena tiene una finca
de 1.800 hectáreas en Puerto
Viejo (Coveñas), seis taxis, una lujosa
gallera (para la pelea de gallos)
en San Onofre, una farmacia en
Sincelejo; una carnicería, la finca
El Despeje en San Antonio del
Palmito, la hacienda La Pita, un restaurante
y dos cabañas en Rincón
del Mar, una mansión frente a la casa
del senador Álvaro García Romero,
y tres casas en Medellín y
Sincelejo.

Muchas preguntas aún se mantienen
sin respuesta. ¿Cuántos alcaldes,
gobernadores, congresistas,
militares y funcionarios están
o han estado al servicio de los
señores de la guerra? ¿Cuántos
candidatos tuvieron que abandonar
sus candidaturas por temor a
los ‘paras’? ¿Cuánto dinero destinado
a obras y salud se desvió para
la compra de armas y las arcas
de los líderes paramilitares?
Difícilmente saldrá todo esto a la
luz, pero el Gobierno del recién
elegido Uribe está perdiendo legitimidad
tanto ante la sociedad
colombiana como ante la comunidad
internacional.


‘BUENOS AMIGOS’

La violencia y las consecuencias
derivadas del conflicto
interno han conferido a Colombia
el estatus de “País de Atención
Especial” para el Estado
español. A pesar de esta situación,
a mediados del año pasado,
el titular de Justicia español,
López Aguilar, no tuvo
recelo en anunciar “un eje tripartito,
triangular, de cooperación
antiterrorista entre España,
Estados Unidos y Colombia”.
Esto significó que el Estado
español pone a disposición de
su “aliado estratégico” todo su
activo en influencias, participaciones
e inversiones transatlánticas
para contribuir a la derrota
de la insurgencia,
contemplada como el principal
enemigo y el peor obstáculo
para la inversión y expansión
de las grandes corporaciones
multinacionales.

A pesar de las declaraciones
de más de 80 organizaciones
sociales colombianas, entre
las que destacan la Comisión
Colombiana de Juristas, diversos
colectivos de abogados, la
Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos o la Organización
Nacional Indígena de
Colombia, en la que se denuncia
al Gobierno de Uribe por
“violaciones de derechos
humanos contra poblaciones
específicas” y por la “militarización
de la sociedad”, del
Gobierno español no ha salido
ninguna protesta oficial o petición
de explicaciones al Gobierno
de Colombia.

La última perla de Rodríguez
Zapatero fue durante el
encuentro que ambos mandatarios
mantuvieron a primeros
de noviembre en la Cumbre
de Montevideo, donde el mandatario
español mostró su
acuerdo de que no exista ninguna
aproximación entre el
Gobierno y la insurgencia. Allí
manifestó que consideraba a
Uribe un amigo y respaldó la
posición dura del Gobierno
colombiano ante las FARC:
“Con violencia no se puede
negociar”, dijo Zapatero.

Los intereses económicos
entre el Estado español y el
colombiano no han dejado de
crecer. A partir de 1996, el
Estado español comienza a
mostrarse como fuente importante
de recursos de inversión
extranjera directa en Colombia.
En los últimos diez años,
el Estado español ha sido origen
del 14,3% de la inversión
en Colombia, proporción sólo
superada por EE UU. Los
rubros más importantes de
esta inversión han estado ubicados
en primer lugar en los
sectores energético, financiero
y de comunicaciones.

En los sectores de inversión
más importantes destacan las
inversiones de empresas
como BBVA, BSCH y Mapfre
en el sector bancario y de
seguros; Endesa, Repsol,
Iberdrola y Gas Natural en el
energético y Telefónica en
telecomunicaciones.

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