LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE HACEN FUERTES EN EL MERCADO DE LOS EJÉRCITOS A LA CARTA
Los nuevos mercenarios ‘made in Spain’

Las compañías
militares privadas han
ido aflorando en el mercado
español. Formadas
por ex militares, ofrecen
todo tipo de servicios a
empresas y gobiernos en
las zonas más conflictivas
del mundo.

08/01/09 · 0:00
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Marc Peris

Las compañías militares privadas
se han consolidado como un nuevo
actor en los conflictos bélicos.
Una muestra de ello es la presencia
masiva de contratistas privados
en Iraq junto a las tropas de
ocupación norteamericanas. Para
el catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales,
Francisco Javier Quel
López, la aparición de estas empresas
“se enmarca en un proceso
de privatización iniciado a principios
de los ‘90 que afecta a la salud
o al sistema penitenciario”.
Así, se produce “la externalización
de los servicios básicos del Estado
en relación a la Defensa” que supone
“un cambio de estructura de
los ejércitos”. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos reconoce que
“los conflictos armados, el terrorismo,
el tráfico de armas y las
operaciones encubiertas de terceras
potencias, entre otras cosas,
fomentan la demanda de mercenarios
en el mercado mundial”.

El suboficial de la Armada española
en la reserva y presidente de
High Security Solutions, David
Rivas reconoce en un artículo publicado
en la revista digital Athena
Intelligence que “se trata de una industria
muy compleja a nivel legal,
administrativo, logístico y operativo,
lo que requiere profesionales
con años de experiencia en el sector
y sólidas redes internacionales
de apoyo, basadas en la confianza
del cliente, mayoritariamente gobiernos
democráticos legalmente
establecidos”.

Externalización de servicios

Rivas opina que “la externalización
de servicios por parte del Ministerio
de Defensa en España es un hecho
relativamente reciente y se ha caracterizado
desde sus inicios por la reticencia
a admitir personal civil que
trabaje con el militar, y especialmente
dentro de instalaciones militares”.
“Los Estados son reacios a regular
estos asuntos”, afirmó el catedrático
Francisco Javier Quel López durante
su intervención en las IV Jornadas
de Seguridad y Defensa celebradas
en la Universitat de València. “España
no ha entrado a regular esto”,
añade. “Es preciso que determinados
servicios no se privaticen”, puntualiza.
“El ánimo de lucro hace poco
eficaz a estas empresas y además
en la práctica no se ha probado que
sean más eficaces que los ejércitos
regulares”, explica. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos pidió en
una resolución en 2003 a todos los
Estados “que ejerzan el máximo de
vigilancia contra todo tipo de reclutamiento,
entrenamiento, contratación
o financiación de mercenarios
por empresas privadas que ofrezcan
servicios internacionales de asesoramiento
militar y de seguridad, y que
prohíba concretamente que tales
empresas intervengan en conflictos
o acciones armadas para desestabilizar
los regímenes constitucionales”.
Entre las ventajas de la utilización
de estos ejércitos privados,
Darío Azzellini, autor de El Negocio
de la Guerra, señala el vacío legal
al respecto: “Formalmente son
civiles, no pueden ser juzgados por
la Justicia militar. Al mismo tiempo,
en sus contratos se les asegura
que no pueden ser sometidos a la
justicia civil de los países en los que
actúan. Prácticamente se crea un
campo de impunidad”.


HALLMARK SECURITY SOLUTIONS S.L., DE IRAQ A MÉXICO

High Security Solutions es la
marca comercial de Hallmark
Security Solutions S.L., una
empresa de capital mayoritario
español, dedicada a los
servicios de protección en viajes
y transportes (generalmente
a países conflictivos), protección
de instalaciones
(seguridad aeroportuaria y
marítima, industria del petróleo),
servicios de defensa y
seguridad nacional e inteligencia.
También ofrecen formación
y servicios a gobiernos.
Para ello buscan personal de
entre 25 y 40 años, con al
menos tres años de experiencia
militar en unidades operativas,
buen nivel de inglés o
francés, de nacionalidad
española (o de otro país de la
UE), australiana, canadiense
o estadounidense y sin antecedentes
penales. Con oficinas
en Venezuela, Reino
Unido, Estados Unidos, Canadá,
Chile y Kurdistán iraquí,
Hallmark Security Solutions
(HSS) es una de las principales
compañías militares privadas
del mercado español. Sus
oficinas centrales están situadas
en la calle Antonio López
de Santander. Constituida en
2006, la empresa afirma que
su equipo directivo “está formado
por personal procedente
del sector militar y relaciones
internacionales”. Su
presidente es David Rivas, un
suboficial en la reserva de la
Armada española que ha participado
en diversas operaciones
en Jordania, Iraq y Haití
con la empresa norteamericana
Hike Stalk Shoot International
Inc., de la cual fue director
de operaciones en Latinoamérica.
Según los datos que
constan en el Registro Mercantil,
el 8 de Junio de 2006
fue nombrado administrador
único de Hallmark Security
Solutions S.L. Rodrigo Humberto
Monroy Frausto.

Código ético

Según su “declaración de
principios éticos y legales”,
la empresa “no prestará servicios
de alta seguridad, protección,
inteligencia o defensa
a aquellos gobiernos, instituciones,
organizaciones
públicas o privadas o particulares
que estén condenados
por delitos relacionados
con el narcotráfico, el
terrorismo, crímenes
contra la humanidad,
racismo o xenofobia,
delitos contra la libertad
religiosa o de pensamiento,
falta de respeto
a las libertades y derechos
fundamentales de
las personas, delito de
traición, espionaje político
o malversación de
fondos públicos”. También
añade que la
empresa prestará “servicios
de Defensa sólo a
gobiernos legalmente
constituidos y reconocidos”.

Algunos clientes
contrastan con el código
ético de la empresa. Es
el caso, por ejemplo, de
las Fuerzas Especiales
del Ejército jordano o del
Grupo Cisneros, conocido
por su implicación en
el golpe de Estado de
abril de 2002 contra el
gobierno democrático de
Hugo Chávez en Venezuela
(cabe señalar que
la empresa cuenta también
con clientes de la
órbita del gobierno en
Venezuela como la Policía
del Estado de Carabobo
o el Cuerpo de
Investigaciones Científicas
y Criminalísticas,
éste último dependiente
del Ministerio del Poder
Popular). HSS asegura
que “todas y cada uno
de los servicios relativos
al sector Defensa realizados
a terceros países
deberá en su caso ser
autorizado y/o aprobado
por el Gobierno español”.

Según dicen, su
lista de clientes incluye
a la policía española, la
Ford en Brasil, los Marines
norteamericanos, el
Departamento de Estado
y la DEA, la policía y el
ejército en República
Dominicana o el Grupo
Especial de Respuesta
Inmediata en México,
entre otros.


SGSI, UNA EMPRESA ESPAÑOLA DE “SEGURIDAD GLOBAL”

“¿Mercenarios? Sí. A mucha honra”. Con estas palabras se reafirmaba el portavoz de Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia, una de las mayores empresas del sector en España, con presencia en países como Iraq, Israel, Nigeria o Guinea Ecuatorial.

Inteligencia (SGSI), una empresa
de origen español, fue fundada en
1995. Según la propia compañía, se
trata de “la primera compañía militar
privada ibérica”. Su portavoz,
Víctor González, afirma en una entrevista
que “para no crear ningún
tipo de problema y no herir susceptibilidades
encontramos que Gibraltar
está al lado de casa y estamos
muy cómodos”. También afirma
que “la legislación en materia de
consultoría y de seguridad es más
amplia y concreta en el marco del
Reino Unido que en España”. Y es
que SGSI es una de las cerca de
70.000 empresas concentradas en
los 6,5 kilómetros cuadrados que
ocupa el peñón de Gibraltar (desde
junio de 2000, Gibraltar figura en la
lista negra de los 35 paraísos fiscales
identificados por la OCDE).

González sostiene que “no provocamos
conflictos ni trabajamos fuera
de la ley o sin el conocimiento beneplácito
de los gobiernos afectados
que nos contratan”. Además, “el sello
nuestro es que no participamos
nunca en política, no nos interesa”,
añade. Cuentan con un “comité ético”
y reconocen mantener “de manera
más o menos bilateral una comunicación
con el Gobierno español”.

A su portavoz, que también es
director de operaciones, no le importa
ser denominado mercenario:
“¿Mercenarios? Sí, a mucha honra.
La nómina es nuestra patria. Ni más
ni menos que ningún otro profesional
de la seguridad”. Según explica,
“entre el personal que conforma la
empresa hay profesionales que durante
mucho tiempo han estado
comprometidos con la lucha contra
el terrorismo en España”. En relación
a la colaboración de SGSI con
el CNI y otros servicios de inteligencia,
González afirma que “siempre
que se puede se coopera participándoles
información que como servicio
privado podamos obtener en
función del partido que puedan sacar
y desde luego que no perjudique
los intereses de nuestra clientela”.

La empresa, que cuenta con un
total de 411 trabajadores contratados
de manera directa, ha sufrido
tres bajas en Nigeria, explica González.
Según dicen, trabajan para
empresas como Exxon o Agip en
Nigeria y para gobiernos como el
de Angola, el de Guinea Ecuatorial
o el de Ghana. “Ahora nos estamos
abriendo a zonas nuevas como el
África subsahariana”, añade el portavoz
de SGSI.

SGSI en Iraq e Israel

Este periódico ya reseñó el trabajo
de SGSI Group en Iraq en materia
de protección de líderes de la Unión
Patriótica del Kurdistán llevado a
cabo durante el mes de agosto de
2007 (ver DIAGONAL nº60). También
se relataban las visitas, organizadas
por SGSI, de grupos de escoltas
españoles –ex miembros de
las Fuerzas Armadas o militares en
excedencia– a un complejo de entrenamiento
en Cesarea, una exclusiva
localidad turística israelí de
4.500 habitantes a mitad camino
entre Tel Aviv y Haifa, administrada
actualmente por una organización
privada, la Corporación para
el Desarrollo de Cesarea. De hecho,
el portavoz de la empresa, Víctor
González confirmaba en una entrevista
en Radiocable.com los lazos
con el sector militar privado israelí
hablando sobre los inicios de su
empresa: “Acudimos a un par de
cursos en Israel porque teníamos
muchas ganas de profesionalizarnos
más y, qué duda cabe, que
aquélla es la cuna de la seguridad”.
“A partir de ahí surge la posibilidad,
asociándonos con un experto
en seguridad israelí, de ir sacando
esto adelante”, añade.

La trama empresarial

SGSI Group forma parte del Grupo
Hyzanami. Efectivamente, según el
Registro Mercantil español, existe
una empresa llamada Hyzanami &
SGSI Group 2007 S.L cuyo domicilio
social está situado en la avenida
Ramón y Cajal de Fuengirola (Málaga).
Su principal accionista y administrador
único es el abogado
Sergio Ruiz Martín, que también
ocupa el cargo de administrador
junto a Fernando Núñez Martín en
F. Núñez & S. Ruiz Abogados S.L.,
(constituida el 5 de abril de 2005).
Esta empresa comparte domicilio
social con Hyzanami & SGSI Group
en Fuengirola. Ambos abogados
también son administradores de
una empresa dedicada a las actividades
inmobiliarias (Pastmartcon
S.L, constituida el 15 de junio del
2005) con domicilio social en la calle
San Pancracio de Marbella.
Núñez Martín figura como firmante
de un manifiesto por la libertad de
“los presos de conciencia” en Cuba
impulsado por la fundación FAES
del Partido Popular.

“Comercio al por mayor”

Los datos del Registro Mercantil
denotan un hecho de lo más curioso.
Hyzanami & SGSI Group 2007
S.L. tiene como objeto social la “comercialización,
importación y exportación
de productos de alimentación
y artesanía, típicos del país
de origen, y materias primas de carácter
mineral, obtenidas por cualquier
método de extracción”. Su
actividad sería, por tanto, “el comercio
al por mayor de materias
primas agrarias, productos alimenticios,
bebidas y tabacos”. Sin embargo,
con un simple click en
Google, encontramos un anuncio
de Hyzanami que ofrece servicios
de seguridad en un portal de
Internet. En este caso dan una dirección
(autovía de Castelldefels,
138) y un teléfono móvil de contacto.
Teléfono móvil idéntico al que
proporciona la página web de SGSI
Group. Por si fuera poco, también
indica una dirección de correo electrónico
de la empresa de Gibraltar.

La conexión con
Guinea Ecuatorial


Pero lo que resulta, sin duda, más
sorprendente de este entramado
empresarial es que el administrador
único de Hyzanami, el abogado Sergio
Ruiz Pastor es, a su vez, el representante
en España de Manuel Rubén
N’dongo, “líder político y presidente
ejecutivo de la oposición moderada”
ecuatoguineana afincado
en París, que en los últimos meses
ha alabado al presidente Obiang por
la liberación de algunos presos políticos,
lo cual ha encolerizado a otros
sectores de la dividida oposición en
el exilio. En la página web del político
opositor (que se reclama del centrismo
liberal y de la democracia
cristiana) figuran varios artículos de
opinión del abogado malagueño y
administrador único de Hyzanami.
El portavoz de SGSI, Víctor González,
explicaba la relación de su
empresa con el régimen dictatorial
de Teodoro Obiang dando su particular
visión sobre la antigua colonia
española: “El Ejército de Guinea
Ecuatorial, a instancia de su jefe de
Gobierno, se encuentra ahora en
una fase de reestructuración, modernización
y desarrollo, tanto
potencial como logístico, muy necesaria
para el país, sobre todo a tenor
de las continuas amenazas por parte
de intereses bastardos que alientan
a personas implicadas en la política
de oposición desde el extranjero
a atentar contra el actual, y legitimado
por las urnas, gobierno de su
excelencia Teodoro Obiang”. “En
este ámbito se han dado las directrices
de cómo conseguir los recursos
humanos necesarios para la correcta
defensa del país”, especifica González
en referencia a las actividades
de su empresa en el país tropical.
Por otra parte, el pasado 15 de octubre
el diario ABC relataba los rumores
falsos que circularon entre
ciertas formaciones políticas del exilio
ecuatoguineano en el Estado
español, según los cuales Obiang
habría muerto. Un portavoz de los
grupos opositores aseguró que el rumor
era fruto de una intoxicación
vertida desde el entorno del propio
Obiang. Además explicaba que la
fuente que habría sugerido el rumor
de la (falsa) muerte de Obiang narraba
que el dictador habría sido
“envenenado por miembros de una
empresa de seguridad, con sede en
Gibraltar y que pertenece a un hispanoisraelí,
relacionada con el
Gobierno [ecuatoguineano]”.

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