El modelo de crecimiento en
Extremadura coincide con
el del resto de la península
en el peso exagerado de la
construcción y la especulación inmobiliaria,
así como en el despliegue de
grandes infraestructuras viarias, pero
tiene la peculiaridad de añadir
proyectos industriales de generación
de energía, entre otros: la instalación
de varias centrales térmicas y una refinería
de petróleo con su necesario
oleoducto hasta el puerto de Huelva.
Algo llamativo y paradójico en una
región que, con dos reactores nucleares,
muchos embalses y el actual
empuje de las instalaciones fotovoltaicas,
genera mucha más energía
eléctrica de la que consume.

Estos proyectos energéticos intensivos
en capital y de duro impacto
social y ambiental han suscitado un
gran rechazo popular que se ha autoorganizado,
al margen de instituciones,
partidos y sindicatos, en
plataformas ciudadanas (Refinería
No, Térmicas No, Cerrar Almaraz,
etc.), desplegando una lucha sostenida
que ha logrado un alto grado de
visibilidad y presencia social en una
región secularmente azotada por la
desmovilización y la apatía política.
Con sus diversas luchas locales de
resistencia, este movimiento
ambientalista ha puesto sobre la palestra
el modelo de desarrollo económico
y humano que debe tomar esta
región. Un modelo que ha puesto en
evidencia el alto grado de divorcio
entre unas instituciones públicas, alineadas
con el desarrollismo industrial
obsoleto, y una sociedad civil
muy heterogénea; en parte permeable
a los discursos desarrollistas del
“empleo por encima de todo”, pero
también alarmada por estos procesos
supuestamente modernizadores
y que aspiran a defender y conservar
los recursos naturales, los paisajes y
el entramado socio-cultural de los
ecosistemas regionales.

En este sentido, las luchas contra
las térmicas, contra la refinería, contra
la urbanización de la Isla del embalse
de Valdecañas, contra Almaraz
y tantas otras barbaridades se
encuentran frente a un conglomerado
muy compacto de intereses económicos
y políticos que se entremezclan
y actúan en connivencia.
Valgan como ejemplos la participación
directa de la Junta en la refinería
con un 20% del capital a través
de la Sociedad de Fomento Industrial
de Extremadura, SOFIEX, por
no hablar de que Alfonso Gallardo,
dueño del grupo industrial más poderoso
de la región, es un viejo beneficiario
de la mayor parte de las
ayudas industriales públicas; que
varias decenas de concejales y alcaldes
de los pueblos vecinos de la central
nuclear trabajan en la propia
central; el apoyo cerrado de CC OO
y UGT a todos estos proyectos, o
que muchas alcaldías de los municipios
pequeños (la gran mayoría de
los de la región) estén en manos de
promotores y constructores.

Este conglomerado público-privado,
político-empresarial, no duda en
violar su propia legislación ambiental,
ni en usar fraudulentamente la
declaración de “interés público”, ni
en ocultar información, ni en impedir
el acceso a Canal Extremadura
de las voces opuestas a sus proyectos,
e incluso emplea acciones de
amedrentamiento y coacción como
el acoso las recogidas de firmas contra
las térmicas por parte de la policía
municipal de Mérida, o la denuncia
falsa contra diez miembros de
Refinería No por la inventada agresión
al alcalde de Villafranca de los
Barros, o los ataques a la vivienda de
la coordinadora de Ecologistas en
Acción, incluso con artefactos incendiarios,
en el Gordo (Cáceres); o las
presiones internas y externas contra
los técnicos y agentes del Medio
Ambiente comprometidos o las represalias
de alcaldes contra los ecologistas
de sus municipios... toda una
microconflictividad social y política
que revela el carácter poco democrático
o decididamente autoritario del
sistema institucional en todos sus niveles,
que ha logrado tejer una densa
red de clientelismo, corrupción y caciquismo
de nuevo cuño que ve en el
movimiento de resistencia ambiental
casi el único enemigo a batir toda vez
que las voces del disenso proletario,
campesino o de género han quedado
laminadas o integradas.

En este escenario de dura polarización
ideológica, los movimientos
ciudadanos están teniendo el mérito
de plantear, más allá de la defensa
del territorio y los recursos comunes,
la necesidad de romper con el autoritario
cerco económico, cultural y
político en el que la sociedad civil
está atrapada, poniendo en discusión
no sólo los aberrantes proyectos
concretos, sino también el
modelo de desarrollo que nos están
imponiendo desde lo más global
a lo municipal.

El ‘atraso’ como oportunidad de ecodesarrollo

El atraso económico extremeño
está siendo reinterpretado
por el ambientalismo
como una
oportunidad para el cambio
radical de estructura
económica que la actual
crisis sistémica demanda.
La región cuenta todavía
con un importante sector
primario y un alto porcentaje
de población rural,
ecosistemas agrarios hortícolas,
frutícolas, cerealísticos
productivos y aún no
muy contaminados, susceptibles
de transformación
progresiva a modelos
ecológicos de producción.
Olivares, viñedos, dehesas
que son un tesoro económico,
ecológico y cultural.
Unos pueblos en crisis,
pero aún vivos en los que
se puede rastrear los antiguos
conocimientos y
prácticas del manejo blando
de los ecosistemas...
El futuro de la región pasa
por la revitalización y
transformación ecoeficiente
del sector agroganadero
y los espacios rurales,
por la conservación de su
rico mosaico de paisajes.
Otro activo importante
son los bosques del norte,
auténticos pulmones verdes,
que pueden desarrollarse
mucho más: con
prevención de incendios,
ganadería extensiva,
mejoras y aprovechamientos
silvícolas.