ATENAS, 4 MAYO. Manifestación contra el sometimiento ante FMI y Comisión Europea. / Makisraf

La calma tensa que ha vivido Grecia
las últimas semanas ha llegado a su
fin. Después de la histórica huelga
general del 5 de mayoy de la votación,
el día siguiente, del plan de austeridad
impuesto por el FMI y la UE,
en un Parlamento rodeado por miles
de manifestantes, el Gobierno optó
por posponer la implementación de
las reformas más controvertidas del
plan. La espera terminó el 17 de junio,
cuando el ministro de Trabajo,
Andreas Loverdos, anunció los detalles
de la reforma laboral y del sistema
de pensiones. Ambas estaban incluidas
de forma general en el plan
de austeridad votado el 6 de mayo,
pero se necesitaba la aprobación ejecutiva
para que se implementaran.

Los cambios propuestos en el sistema
de pensiones no han sorprendido:
se reducen las cuantías de las
pensiones, se amplía hasta los 40 los
años de trabajo exigidos para poder
jubilarse, y se reduce e incluso se eliminan
en algunos casos las ayudas
para las mujeres, los trabajadores de
sectores duros y peligrosos y otros
grupos especiales.

La reforma laboral ha superado incluso
las demandas del FMI y la UE.
Se prevé el aumento de los despidos
mensuales permitidos a las grandes
empresas del 2 al 5%. Se reduce, hasta
el 50%, la compensación en caso
de despido. Cae un 20% el sueldo mínimo
para menores de 25 años y se
elimina el derecho de los sindicatos
al recurso judicial en caso de una disputa
con los empresarios. Además,
se anunció que la reforma no será
aprobada por el Parlamento, sino
que se implementará como decreto
presidencial.

Las reacciones a los anuncios gubernamentales
han sido rápidas y
duras. Sin embargo, esta vez la reacción
no se ha limitado a los sindicatos
y la izquierda. Los partidos
parlamentarios y los medios de comunicación
han denunciado el contenido
de las reformas y la manera
antidemocrática con la que se intentó
el cambio de las leyes laborales.
Hasta el presidente de la
República Helénica, que tiene un
papel decorativo en el sistema político,
entró indirectamente en el clima
de denuncia. Karolos Papoulias,
que procede del PASOK, apoyó
la demanda de la izquierda de
que no se firme el decreto de la reforma
laboral hasta que la Corte
Constitucional examine la legalidad
de dicho procedimiento.

En el frente sindical, las centrales
oficiales GSEE y ADEDY declararon
una huelga general para el 29
del Junio, la quinta en lo que va del
año. La participación en la huelga
otra vez fue masiva y, a pesar del calor,
decenas de miles de manifestantes
tomaron las calles de las grandes
ciudades del país. En Atenas, frente
al Parlamento, se produjeron enfrentamientos
entre grupos de jóvenes
y la policía antidisturbios, que
luego se extendieron en otros puntos
del centro de la ciudad.

Muchos sindicatos sectoriales se
han implicado en distintas huelgas.
En un acto sin precedentes, Atenas
se quedó sin metro durante tres días,
del 16 al 18 de junio, por la huelga
de sus trabajadores. Los abogados
y los maestros de secundaria se
están absteniendo de realizar funciones
importantes desde hace semanas.
Los trabajadores de cercanías
y los ferrocarriles han empezado
huelgas frecuentes de corta
duración, protestando por los planes
de privatización. Además, el
sindicato de los marineros, controlado
por el PC, declara frecuentes
huelgas diarias, en pleno período
turístico, contra los planes de liberalización
de las regulaciones laborales
marítimas. El 23 de junio, a
pesar de que su huelga fuera declarada
“ilegal” por decreto judicial,
lograron parar todo el tráfico marítimo
en los grandes puertos del país,
bloqueándolos con la ayuda de
mucha gente solidaria.