Nueva expulsión de testigos incómodos de un naufragio

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se hacía eco el pasado 6 de febrero de un accidente ocurrido en costas canarias, en el que un inmigrante moría ahogado, once desaparecían y otros 17 eran detenidos, tras ser embestida la patera en la que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil. Según la delegación del Gobierno en Canarias, las causas del fatal suceso se debieron a una avería en los propulsores de la patrullera que habría dificultado el manejo de la misma.

19/02/13 · 14:23
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se hacía eco el pasado 6 de febrero de un accidente ocurrido en costas canarias, en el que un inmigrante moría ahogado, once desaparecían y otros 17 eran detenidos, tras ser embestida la patera en la que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil. Según la delegación del Gobierno en Canarias, las causas del fatal suceso se debieron a una avería en los propulsores de la patrullera que habría dificultado el manejo de la misma. Tras abrirse diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife (Las Palmas), cuatro de los migrantes detenidos fueron expulsados de manera inmediata y otros once esperan correr la misma suerte en los próximos días.

Desde la red de defensa de ­­­los ­derechos de los inmigrantes, Migreurop, formada en España por APDHA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SOS Racismo, Andalucía Acoge, ACSUR y Aso­ciación Elín, se denuncia y exige la paralización inmediata de dichas expulsiones, al menos, hasta que la investigación judicial quede cerrada. En caso contrario, esto supondría un beneficio jurídico para el Estado, cuya actuación queda comprometida de manera manifiesta. Además, esto también supondría una total vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes como afectados y testigos de todo lo ocurrido. Como lamenta Carlos Arce, coordinador de inmigración de la APDHA, esta actuación es “la tónica general” de unas autoridades que, apoyadas en la legalidad de normas como son la Directiva 2008/115/CE de la Unión Europea o el actual Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, rehúyen el hacer frente a su responsabilidad como principales garantes de los derechos de este colectivo social.

Arce añade, además, que éste no es un hecho aislado, y recuerda que la expulsión de las víctimas –testigos de actos susceptibles de ser punibles y que comprometen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado–, fue también el modus operandi en varios casos como, por ejemplo, el ocurrido en el año 2006 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, en el que cinco policías nacionales fueron denunciados por presuntos abusos sexuales a extranjeras internadas. El juicio por este caso se celebrará el próximo octubre de 2013, y contará con la presencia de sólo dos de las afectadas, mientras que el resto de las víctimas no se personarán por haber sido ya expulsadas a sus países de origen.

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