Los trámites parlamentarios para
la aprobación de la Ley de Extranjería
avanzan en los despachos.
Tras el debate de enmiendas de
septiembre y el previsible apoyo
de Coalición Canaria, CiU y BNG,
las previsiones gubernamentales
de tener la ley aprobada antes del
cambio de año parecen realistas.
Una convocatoria lanzada por
la Red Estatal por los Derechos de
los Inmigrantes (REDI) ha recordado
desde mediados del verano
la urgencia de mostrar públicamente
el rechazo al proyecto antes
de su aprobación definitiva.
Pero al cierre de esta edición, la
jornada estatal de lucha, prevista
para el 17 de octubre, se presenta
poco cohesionada.
Sin llegar al extremo de Madrid,
donde la convocatoria de dos manifestaciones
distintas contra la misma
ley ha contribuido a enrarecer
el ambiente, un repaso a otros puntos
da cuenta de esta dispersión:
una concentración en Barcelona,
manifestación con fecha distinta en
un importante nodo de la Red como
Málaga, en Zaragoza la convocatoria
no existe. Sí tenían previsto
manifestarse en torno al 17 Las
Palmas, Tenerife y Coruña.
Diversos activistas con los que ha
contactado este periódico atribuyen
la descoordinación a las prisas con
las que se ha preparado la convocatoria.
La respuesta al procedimiento
de urgencia con el que el Gobierno
introdujo su propuesta en el
Parlamento ha pasado por encima
de los ritmos de organizaciones
acostumbradas al trabajo en red.

BARCELONA. Movilización contra la reforma de la Ley de Extranjería. José Colom

Empadronamiento

La práctica de lobby tampoco está
dando resultados. Los esfuerzos,
por parte de juristas y organizaciones
de derechos humanos, para
contactar y asesorar a responsables
ministeriales y políticos no
han logrado atenuar, hasta el momento,
las medidas de carácter punitivo
denunciadas en la campaña
“Salvemos la hospitalidad”, que intentaba
eliminar del texto el castigo
a diversas formas de apoyo a
personas sin papeles.
De hecho, el ataque al empadronamiento
de inmigrantes no regularizados
se recrudeció en la versión
presentada al Parlamento en
junio. Si hasta ahora la ley no excluía
a los inmigrantes irregulares
de este derecho, el proyecto del
Gobierno sólo lo garantiza para
quienes cuenten con residencia legal.
El matiz, introducido en la exposición
de motivos, ha pasado casi
desapercibido pese a sus consecuencias
para el acceso a la educación,
la sanidad y la regularización.
El propio comunicado distribuido
por la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR),
y finalmente firmado por 70 organizaciones,
destaca como primera
crítica al Gobierno el no
haber tenido en cuenta la opinión
de las organizaciones sociales
al redactar la ley.
Pero éstas mismas se resisten a
preparar una agenda y un discurso
común: REDI tendrá su propio encuentro
con representantes parlamentarios,
la Marcha por la Igualdad
presentará su propio manifiesto
al Congreso de los Diputados,
Salvemos la Hospitalidad intentará
por su cuenta influir en la introducción
de enmiendas en lo que queda
de debate parlamentario.
El Ministerio del Interior se ha
visto obligado a desmentir desde
marzo en al menos dos ocasiones
la existencia de los controles de
identidad contra extranjeros. Al
mismo tiempo, la prohibición en
junio –finalmente tumbada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid– de una manifestación
hasta el Centro de Internamiento
de Inmigrantes (CIE) de Aluche da
indicios de que el propio ministerio
considera estos centros como
la parte más débil de su política de
gestión de fronteras.
A corto plazo, pese a la virulencia
de la crisis para el colectivo inmigrante,
son estos dos los puntos
más susceptibles de desgastar la
política de extranjería del Gobierno.
En las próximas semanas
será presentado un dossier de violaciones
de derechos humanos en
el CIE de Aluche, a partir de testimonios
recogidos por el Ferrocarril
Clandestino, Médicos del Mundo y
SOS Racismo. Del mismo modo, el
encuentro europeo por el cierre de
los CIE (Málaga, del 23 al 25 de octubre)
puede representar una buena
oportunidad para golpear el discurso
securitario de la ley.