El colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos ha presentado esta mañana el segundo informe sobre las llamadas redadas racistas en Madrid, que incluye la información recopilada por sus integrantes en sus salidas a la calle y los avisos de testigos que han presenciado estas actuaciones, recogidos entre mayo de 2011 y noviembre de 2012.

A partir de la información recopilada en este segundo informe, que incluye 102 salidas a la calle y 1.144 avisos recibidos, Brigadas afirma que la práctica de las redadas racistas persiste. Según este grupo, la publicación de la Circular X/2012, anunciada por el Gobierno del PP como la instrucción que ponía fin a las redadas de extranjeros y que reconocía explícitamente que se trataba de una práctica discriminatoria e ilegal, no ha cumplido lo que prometía. Desde su publicación, Brigadas Vecinales ha recibido más de 250 avisos de controles de identidad por perfil racial. Además, aunque se ha reconocido su ilegalidad, “ningún cargo público ha asumido responsabilidades”, ni esto “ha significado la reparación del daño causado a las personas cuyos derechos y libertades fueron violados”, denuncian desde el colectivo.

Cambio de tácticas policiales y de discurso oficial

Lo que sí constatan desde Brigadas Vecinales es un cambio tanto en la forma en la que se llevan a cabo estas redadas como en el discurso de las administraciones sobre el tema. Las redadas racistas parecen ahora hacerse con una mayor “discreción”: en más de la mitad de los casos documentados en el informe, éstas son realizadas por policías de paisano. Esta práctica, señalan, ha aumentado tras la publicación de la Circular, y muestra un incremento de un 300% respecto a los datos recogidos en su primer informe. Esto viene a indicar, para Brigadas, que “las prácticas policiales se han encaminado a un mayor camuflaje de los controles ante la respuesta social que generan”.

El colectivo también apunta a un cambio en el discurso de las administraciones durante los últimos años. Si antes de 2009 las redadas racistas no tenían apenas repercusión política ni mediática, durante el último Gobierno del PSOE, tanto el ministro de Interior como otros responsables políticos y policiales tuvieron que negar repetidas veces su existencia ante las primeras protestas y ante la polémica de los cupos de 'sin papeles' hechos públicos por el Sindicato Unificado de Policía. Tras la llegada al Gobierno del Partido Popular, los “controles de extranjería” pasan a incluirse en el marco de operativos de “seguridad ciudadana”. Al hacerlo, según Brigadas, las identificaciones por perfil racial no sólo se siguen produciendo sino que, además, se potencia la vinculación entre migración y delincuencia.

Brigadas ha apuntado que las actuaciones policiales van encaminadas, ahora mismo, a enviar un mensaje diferenciado: “a aquellas personas potencialmente afectadas se les transmite un mensaje de mantenimiento del control, hostigamiento, criminalización y aislamiento, mientras que al resto de la población se le traslada una idea de 'normalidad', 'prevención de la delincuencia' y 'seguridad'. Las redadas han vuelto a ser invisibles a fuerza de repetir que ya no existen. Ahora se llaman 'prevención del tráfico de drogas, del carterismo o de la falsificación de documentos', señalan.

A pie de calle

En su labor, las Brigadas documentan los discursos policiales y recogen en su informe cómo se justifican los agentes cuando se les pregunta qué criterio siguen para identificar: [el agente] “nos dice que él se fija en quien le parezca que tiene antecedentes para pedir documentación. Le preguntamos si le parece que sólo los extranjeros tienen antecedentes”, es una de las conversaciones recogidas en la crónica de una de las 102 salidas que han realizado estos grupos entre mayo de 2011 y noviembre de 2012. Según Brigadas Vecinales, esta vinculación entre migración y delincuencia ayuda a legitimar socialmente “un seguimiento policial especial a la población extranjera o con aspecto de serlo”.

El colectivo también ha valorado la importancia de la presión social ejercida. Según destacan en el informe, este último año y medio de coincidencia con el movimiento 15M, así como el uso de las redes sociales, “se tradujo en la multiplicación del número de informantes a lo largo y ancho de Madrid, lo cual dio como resultado un salto significativo en el envío de avisos”. Así, mientras en un primer informe Brigadas había recibido 240 avisos de posibles redadas por perfil racial, ahora se han recopilado 1.144.

El informe recoge hitos de esta ola de respuesta vecinal como las actuaciones de la Asamblea Popular de Carabanchel, que detuvo una redada junto al metro, o la intervención de grupos espontáneos de manifestantes que lograron hacer recular a la policía en el barrio céntrico de Lavapiés. “Estas experiencias de desobediencia civil y la recopilación de información con el fin de demostrar su existencia, consiguieron en su momento poner esta práctica discriminatoria en la agenda política”, señalan.