Texto de Alfredo Sánchez Alberca, miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda

Durante años la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales se ha celebrado con más pena que gloria en el Estado español, pero en los últimos años está convirtiéndose en una de las semanas más vivas, desde que la deuda externa también azota la economía y subyuga la democracia. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y desencadenó la crisis financiera, la deuda se ha convertido también en nuestra mayor pesadilla y en la excusa perfecta para que los poderes financieros impongan las reformas ultraliberales que venían buscando desde hace tiempo para garantizar una mayor tasa de transferencia de capital de las rentas medias y bajas a las altas. La historia se repite ahora en los Estados de la Periferia europea, y nos toca sufrir los mismos planes de ajuste que arruinaron las economías del Sur durante décadas.

La deuda total española asciende a más de cuatro billones de euros, lo que supone un 400% de nuestro PIB anual, pero ¿somos todos igualmente responsables de este endeudamiento? Un análisis rápido de las cifras oficiales del Banco de España revela que sólo el 19%de la deuda total corresponde a las administraciones públicas. El resto se reparte entre el sector bancario (un 27%), las empresas no financieras (un 34%) y las familias o particulares (un 20%).

El incremento de la deuda pública de un 36% del PIB en 2007 a un 77% en 2011 se ha debido principalmente al aumento del déficit fiscal, no como consecuencia del aumento del gasto público, sino a causa de la política fiscal regresiva de las últimas décadas. Entre 1995 y 2010 la tasa del IRPF para las rentas más altas bajó del 56% al 43%, se eliminaron impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones, se crearon instrumentos como las SICAV, por medio de las que las sociedades financieras sólo tributan un 1%, y no se tasaron las rentas del suelo durante la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, el aumento de la deuda también ha venido del aumento de intereses por la deuda emitida que, según los Presupuestos Generales del Estado, ha pasado de 14.538 millones de euros en 2007 a los 38.000 millones previstos para 2013: actualmente se destina más dinero al servicio de la deuda que a satisfacer necesidades básicas como la salud o la educación.

Pero, sobre todo, en los últimos años, el incremento de la deuda se ha debido al rescate del sector bancario. A junio de 2012 los fondos trasvasados de las arcas públicas a los bancos eran superiores a los 215.000 millones de euros, y eso sin sumar los cien mil millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual el Estado es el último garante. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar la mayoría, pero de la cual no nos hemos beneficiado, sino todo lo contrario.

Por este motivo decimos que la deuda es ilegítima, porque al igual que en la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para beneficiar a una minoría privilegiada de la población, y en perjuicio de la gran mayoría. Pero sobre todo, porque la deuda es la gran arma de dominación masiva de la que se sirven los poderes financieros para imponer las políticas que les interesa. En el caso del Estado español, esta usurpación de soberanía se ha venido realizando en los últimos años mediante la firma de distintos tratados como el Pacto del Euro y el de Estabilidad Financiera, que otorgan a la Comisión Europea competencias en la política fiscal y presupuestaria de cada uno de los Estados miembros. Esto supone que ya no podemos decidir en qué gastar nuestro dinero y cómo financiarnos. Pero la principal injerencia se ha producido con la reforma de la Constitución para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social, aprobada sin la más mínima consulta social. Este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo. Por eso, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda hemos iniciado un proceso de auditoría ciudadana que demuestre la ilegitimidad de la misma, para repudiar su pago y exigir responsabilidades civiles y penales a aquellos que la generaron.