El debate político en torno a la vertiginosa
privatización del Sistema de
Salud Pública madrileño está cobrando
un tono grueso. A las recientes
huelgas de facultativos, las regulares
manifestaciones de los colectivos vecinales,
sindicatos y grupos de pacientes
y a la alerta avivada por los
profesionales, la semana pasada se
unieron las denuncias de la famélica
oposición parlamentaria de Esperanza
Aguirre. “Alerta máxima”, “escándalo”,
“apoyaremos todas las movilizaciones”,
sentenciaron los máximos
dirigentes del PSOE e IU.

Tarde. Han tenido que leer en los
periódicos que, hace ya 18 meses, el
Gobierno regional puso en manos privadas
la asistencia hospitalaria urgente
y programada, la atención especializada
y los diagnósticos de laboratorio
de la población de 14 zonas
básicas de salud de la capital (unas
500.000 personas) y la noticia sobre
la privatización de dos ambulatorios
(Pontones y Quintana) para descubrir
que el avanzado estado de descomposición
en que se encuentra la
sanidad en la región no concluía con
la privatización de la gestión de los
hospitales, sino en la Atención Primaria
(AP). Primera consecuencia: el reciente
cierre de los laboratorios del
centro de especialidades de Pontones,
cuya labor pasará a realizar una
firma privada.

En una región donde el PP es el
partido más votado desde 1991, no
debería alarmar a nadie la celeridad
con que los últimos consejeros de Sanidad,
Manuel Lamela y Juan José
Güemes, ceden a manos privadas lo
que es del común. Es la clandestinidad
de sus decisiones lo que chirría
del Gobierno Aguirre, las cuales ni siquiera
somete al dictamen amigo de
la Asamblea regional.

Y si la oposición llora cuando se hace
eco de la prensa, los 700 trabajadores
del Instituto de Salud Pública se
enteraron por el Boletín Oficial de la
CM del pasado 9 de abril de la desaparición
del organismo que durante
30 años se ha encargado, entre otras
funciones, de medir los niveles de
contaminación ambiental o la potabilidad
del agua, que lidió con la crisis
de las ‘vacas locas’, la legionela o los
brotes de meningitis.
En un contexto de saturación de los
hospitales públicos, endeudamiento
acusado, caos en la AP y déficit progresivo
de facultativos por la huida de
médicos a la sanidad privada y comunidades
limítrofes, el reparto del pastel
sanitario encuentra dos destinatarios:
las multinacionales y las ONG religiosas.

Una de estas grandes beneficiarias
es Capio, una transnacional de
origen sueco (comprada en 2007 por
Apax Partners, el mayor fondo de capital
riesgo europeo, por 1.800 millones
de euros) con intereses en nueve
países de la UE y contrastada experiencia
en el sistema de salud británico,
gran inspirador de la política de
Aguirre (ver recuadro). Las migajas
de la tarta sanitaria caen en manos de
organizaciones religiosas, bien a través
de la derivación de enfermos a sus
hospitales o con la introducción de sus
asociaciones en los servicios de salud.

Es el caso de la ONG Desarrollo y
Asistencia, vinculada al Opus Dei y
presidida desde hace 13 años por el
general jubilado José María Sáez de
Tejada, recientemente condecorado.
Esta entidad mantiene seis convenios
con organismos públicos madrileños,
principalmente con el Gobierno de
Aguirre. Para ella gestiona el apoyo a
los pacientes en dos hospitales públicos,
el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001). A estas alturas, nadie
conoce el coste económico real del
proceso de privatización. Lo que sí
puede medirse es lo que deja por hacer.
En 2005, la CM prometió la creación
de tres nuevas unidades de cuidados
paliativos en los hospitales
Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso
de la aplicación de esta medida,
que se materializará a partir de junio,
ha hecho que los enfermos terminales
hayan sido derivados a seis clínicas
privadas, cinco de ellas pertenecientes
a entidades religiosas.